| Plantas de celulosa |
Tras las protestas en Gualeguaychú (Entre Ríos, Argentina), representantes del gobierno uruguayo y los empresarios de Botnia y Ence se reunieron para profundizar la información sobre las fábricas y su impacto ambiental.
Fuente: ICI. Servicio de prensa forestal de Uruguay
URUGUAY (30/8/2005).- El gobierno advierte que la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos forma parte de una «política de Estado». Tras las protestas en Gualeguaychú (Entre Ríos, Argentina), representantes del gobierno uruguayo y los empresarios de Botnia y Ence se reunieron para profundizar la información sobre las fábricas y su impacto ambiental. El subsecretario del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Jaime Igorra, dijo a Índice 810 que el gobierno ratificó que se continuará con las obras, cuya inversión asciende a los 1.800 millones de dólares. «No estamos frente a una situación caprichosa sino que estamos frente a una política de Estado», dijo Igorra para reafirmar la postura del Ejecutivo. «La instalación de las plantas tiene que ver con la decisión tomada de que el país incursionara en la forestación porque tiene la capacidad para ello y porque puede generar la fibra más cotizada para la fábrica de papel. Además, para tener en el país plantas industriales que tengan que ver con esta producción forestal», resaltó el subsecretario de Medio Ambiente. El viernes 29 tuvo lugar una reunión de la que participaron el canciller Reinaldo Gargano, el director del Instituto Artigas Pelayo Díaz, los subsecretarios de Medio Ambiente Jaime Igorra y de Industria Martín Ponce de León, la titular de la Dirección Nacional de Medio Ambiente Alicia Torres y representantes de Ence y Botnia. Igorra remarcó que Uruguay proporciona los datos necesarios respecto a los impactos medioambientales que podrían ocasionar las plantas de procesamiento de celulosa. «En ese aspecto, el Uruguay está informando, está llevando adelante los procesos y, en los próximos días, se reunirá una comisión académica (…) a los efectos de proporcionar toda la información de que la instalación se hace de acuerdo a normas muy precisas», apuntó. Uruguay había suspendido en dos ocasiones las reuniones de la comisión (instalada por el primer mandatario de Argentina Néstor Kirchner y su par uruguayo Tabaré Vázquez) debido a la actitud del gobierno argentino de interponer un recurso para que la Corporación Financiera Internacional, que depende del Banco Mundial, suspendiera los créditos que iba a otorgar a la empresa española y finlandesa para que lleven adelante sus proyectos. Ante tal situación, el Banco Mundial emitió un comunicado en el que intentó tranquilizar al gobierno argentino. La institución bancaria respalda la inversión a la vez que se compromete a informar a Argentina sobre los procedimientos que se lleven a cabo y, señaló en la comunicación, que su participación da garantías al todo el proceso. Los representantes de Botnia y Ence afirmaron que la inversión también repercutirá en el desarrollo del lado argentino. Según Carlos Faroppa, de la empresa finlandesa, dijo que en cuatro años «habrá que instalar una planta». Y agregó que el 10% de la madera que utilizará Botnia provendrá de ese país. Igorra aclaró que no tuvieron ningún contacto con el vicegobernador de Entre Ríos, Pedro Guastavino, quien entregó una carta intimando a las empresas para que se entregue la documentación a los efectos de tener la información cabal sobre el diseño de las fábricas en Río Negro. Durante la presencia en Montevideo del representante del gobierno de Entre Ríos, fue solicitada una respuesta en 10 días. Allí se pide que se aclaren las distintas inquietudes sobre el proceso productivo y los parámetros ambientales que utilizarán las plantas de celulosa. El subsecretario de Medio Ambiente remarcó que el tema debe ser considerado a nivel de cancillerías. «En estos temas de relacionamiento internacional, es nuestra Cancillería quien tiene la responsabilidad de diseñar los distintos informes y contactos con autoridades de la República Argentina», explicó. Mientras, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, volvió al ataque en declaraciones hechas a Radio10 de Buenos Aires. Insistió en sus críticas a la actitud del gobierno uruguayo de permitir la construcción de las dos plantas. Aseguró que «no existe un criterio» acerca del riesgo de contaminación que tendrían sobre miles de argentinos que viven en Gualeguaychú y zonas aledañas. El gobernado manifestó sus diferencias con el canciller Bielsa, encargado de gestionar los reclamos a nivel nacional, y señaló que, en su opinión, el conflicto se resolverá a través de una «corte internacional, porque de otra forma no lo vemos». El canciller argentino había afirmado, el jueves, que ante cualquier prueba de contaminación que surja de las plantas su país recurrirá a la Corte de la Haya.
