Desde la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME), el ingeniero forestal Jorge Pujato –reconocido en el sector como uno de los más críticos en defensa del sistema de promoción para los pequeños productores y viveristas en la región- se refirió a las dificultades actuales de la operatoria de la Ley 25.080 y los cuestionamientos a la gestión actual del director nacional de Desarrollo Foresto-industrial de Agricultura, Nicolás Laharrague. «Para generar un espacio de transparencia, hay que retomar las reuniones de Comisión Nacional Asesora que establece el régimen para poder reunir a todos los actores, empresarios, productores, profesionales y provincias, de manera que puedan informar sobre el sistema de promoción. La información no es clara”, dijo.
Por Patricia Escobar
MISIONES (12/5/2019).- El régimen del sistema de promoción forestal, a través de la prórroga de Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, tiene casi 20 años de vigencia, y los productores están en conocimiento de las dificultades de la operatoria ante el débil financiamiento y la millonaria deuda que el Estado Nacional arrastra con el sector forestal del país. Los beneficios que otorga a quienes se ajusten al régimen son, principalmente, Estabilidad Fiscal a las empresas forestales y ANR (Aportes económicos no reintegrables) a los productores.
La Comisión Asesora de la Ley 25.080 se trata de una instancia que desde las instituciones privadas del sector foresto-industrial en reiteradas oportunidades han marcado como un espacio “estratégico” para asegurar el funcionamiento y aplicación de la Ley, y por ello la relevancia de su puesta en funcionamiento en esta nueva etapa de prórroga y modificaciones en el régimen.
Sumado a ello, en un contexto mediático polémico, en el que se cuestiona desde la prensa nacional «conflicto de intereses» y la «ética pública» a casi un año y medio de que el actual director Nacional de Desarrollo Foresto-industrial de Agricultura, Nicolás Laharrague, ocupa el cargo, pero reavivaron las críticas ante la información de que una empresa de su familia recibió en 2018 los beneficios que le correspondían del sistema de promoción forestal, por una suma de alrededor de 4 millones de pesos.
“El único funcionario que aprueba planes y otorga beneficios es el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial solamente tramita los expedientes, a fin de verificar las aprobaciones provinciales y la existencia de las plantaciones”, explicaron desde el organismo nacional. Asimismo, agregaron que «el director Laharrague no tuvo participación alguna en la tramitación de dichos expedientes, atento a que se excusó formalmente y, tal como indica la Ley de Ética Pública N° 25.188”.
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El ingeniero Jorge Pujato es miembro de la Asociación Forestal Mesopotámica (AFOME) y sostuvo en contacto con ArgentinaForestal.com que «hasta el momento, no estoy en conocimiento respecto alguna supuesta denuncia por irregularidades en la Dirección Nacional de Foresto-industria respecto a la asignación de planes. Pero si uno proviene del mismo sector, es evidente desde que asumió en el cargo – hace más de un año-, que puede haber intereses o acciones cruzadas, sin que ello constituya delito», opinó en principio.
Pero agregó que «desde AFOME nuestro cuestionamiento al área es el mismo de siempre, que luego de siete reuniones con el presidente (Mauricio Macri) en la Mesa Nacional de Competitividad, lo único tangible que se expone como un logro para el sector fue la habilitación de bitrenes que -en costos y beneficios- es solo para la compañía Arauco Argentina. No hay nada más en concreto para el sector en general, y menos para el productor pequeño o mediano”, cuestionó.
“La transparencia se logrará con retomar las reuniones de Comisión Nacional Asesora, como establece la Ley 25.080. Este espacio institucional se suspendió con el gobierno kirchnerista, pero era el único espacio donde nos reuníamos todas las provincias forestales del país, técnicos, empresas, productores, y se podía informar, plantear las dudas o explicar funcionamiento del sistema de primera mano con las autoridades forestales”, consideró el ingeniero.
Foto: Reunión de productores de Misiones organizada por AFOME en L.N.Alem. Marzo 2018
«Hoy no es clara la información de pagos»
El representante de AFOME sostuvo que en ámbito de los pequeños productores, el reclamo permanente es que los “fondos de planes forestales no llegan”, y los retrasos en el pago del incentivo forestal se remontan de entre 6 o 7 años atrás, o aún más atrás. “Hay que revisar todo y que explique también cómo se destinan los Fondos del Seguro Verde para los productores”, dijo.
El gobierno de Misiones reclama a Nación una deuda millonaria que superaría los 300 millones de pesos, mientras que el último listado de pago informado fue de cerca de 35 millones de pesos por resoluciones en diciembre de 2018. “Pero los pagos se dan en un periodo de 90 días, siempre se dio el retraso administrativo del sistema, y el dinero va directo a la cuenta bancaria del productor”, explicó el subsecretario de Desarrollo Forestal de Misiones, Juan Ángel Gauto.
“Está pendiente conversar con las autoridades nacionales sobre cómo se implementará la nueva operatoria –con la prorroga y modificaciones- en el marco de la Ley 27.487, y se espera el Decreto Reglamentario para que las provincias nuevamente adhieran a este régimen”, precisó Gauto.
De igual forma, aclaró que -en este contexto de adhesión pendiente de prórroga del régimen- se van recibiendo los proyectos de plantación, reforestación y manejos de poda y raleo correspondientes al año vigente en la administración forestal provincial, hasta tanto se ajusten los procedimientos.
Desde la órbita de Agricultura de la Nación aseveran que “se está en diálogo con la Provincia para que se agilice el trámite de elevar los expedientes a la administración nacional, ya que hay demoras en las presentaciones de planes desde Misiones, y esto retrasa las inspecciones correspondientes de los técnicos de Nación para la certificación y posterior resolución de pago, si todo está técnicamente aprobado”, explicó el director nacional, Nicolás Laharrague .
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Foto : Reunión de Mesa Forestal para debatir prórroga de la Ley 25.080. Febrero 2018
Retomar la Comisión Asesora
En relación a la actividad de promoción para lograr la plantación forestal de la campaña 2019, desde AFOME tienen una mirada crítica de la situación. “Cada año el escenario de la actividad es peor aún que el anterior, si miramos como está el pequeño y mediano productor, prácticamente han desaparecido. Los fondos del incentivo forestal no llegan, los números que se anuncian de partidas de fondos no cierran, y el productor no foresta si el incentivo no llega. El sistema de promoción está estancado. Solo las empresas medianas y grandes forestan bajo el régimen porque tienen espalda para aguantar, pero el productor chico no tiene margen. El final de la Ley 25.080 y su continuación, la Ley 26.432 fueron las peores campañas de plantaciones forestales, y todo continua de la misma manera, lamentablemente”, expresó .
Por otra parte, cuestionó tanto a la Provincia como a la Nación respecto a la falta de información clara de planes aprobados, fondos ejecutados, y montos pagados a los productores. “Me parece que el termino de transparencia es lo que se está cuestionando, porque se mantienen las prácticas del final del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en Agricultura, que fue cuando incumpliendo lo que establece la Ley 25.080 decidieron suspender las reuniones de Comisión Nacional Asesora, espacio institucional donde nos reuníamos todas las provincias forestales del país, técnicos, empresas, productores, y se podía informar sobre las dudas o funcionamiento del sistema de primera mano con las autoridades forestales. En la Comisión Asesora se difundían los datos de pagos, listados, deudas, etcétera. Pero a partir de mayo del 2009, se reemplazó por la «Mesa Forestal 2020», ahora llamada «Mesa Forestal 2030», donde sólo tienen acceso alguno y no se difunde lo que es de interés o demanda el productor. Misiones era la provincia que más forestaba con pequeños productores, pero la realidad del pequeño productor cambió, también hay serios problemas por trabas en aprobación de planes forestales desde la oficina de Ordenamiento Territorial, son todos temas que hay que discutir en el sector para destrabar los problemas, y en todos estos temas la gestión de (Nicolás) Laharrague aún es transparencia cero”, cuestionó, al reclamar que “faltan retomar las reuniones de la Comisión Nacional, que era el canal donde se podía transparentar información”, remarcó Pujato.
El ingeniero forestal consideró que el sector forestal necesitaba un cambio en 2015 para superar la situación creada a partir de mediados del 2009 con el gobierno kirchnerista que consideró “negativo” para el sector de la foresto-industria argentina.
“Pero ese cambio no se produjo aun, más allá de la usinas a biomasa de la era del es Ministro de Energía Aranguren. Por cada aplauso a Mauricio Macri por los bitrenes para Arauco hay 9.999 forestales que le reclaman fondos de planes forestales. Alguien debiera informar de esto al Presidente”, concluyó.
