Jurídicamente, el escenario es de incertidumbre: hay una ley que se aplica «a medias», un incumplimiento territorial detectado y una decisión final pendiente en la Corte Suprema. La diferencia entre ver esto como una «pérdida de soberanía» o una «oportunidad de desarrollo» es una interpretación política que genera un debate virtual ideológico; el hecho jurídico es que el límite legal hoy no se está respetando en el nivel departamental.