La entidad que representa a los profesionales de las ciencias agropecuarias y forestales de Argentina fijó posición frente a la trascendencia que se pretende dar sobre el fallo del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza que «condena» el modelo de monocultivo forestal en Corrientes. Advirtió sobre conceptos que considera imprecisos, defendió la necesidad de proteger ecosistemas de alto valor de conservación y reclamó que el debate ambiental se sustente en información verificable y conocimiento científico.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES (9/6/2026).- La controversia generada por el reciente fallo del denominado Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, que calificó como “ecocidio” al modelo de monocultivo forestal basado en plantaciones de pino y eucalipto en Corrientes, continúa sumando voces al debate público. Esta vez fue el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA) que marcó posición, institución que nuclea y representa a los profesionales de las ciencias agropecuarias y forestales de Argentina.
El ecocidio se define como «el daño grave, masivo o prolongado a los ecosistemas, que afecta negativamente a la biodiversidad, el clima y la salud humana. Internacionalmente, se define como cualquier acto ilícito o arbitrario cometido a sabiendas de que existe una alta probabilidad de causar daños severos y duraderos al medio ambiente».
A través de una carta abierta a la ciudadanía, elaborada por su Comisión Forestal, la entidad manifestó su posición institucional respecto de los argumentos difundidos tanto en la sentencia del tribunal como en publicaciones en medios nacionales que abordaron el tema.
“Compartimos la preocupación genuina por la conservación de los ecosistemas nativos y el bienestar de las comunidades rurales. No obstante, entendemos que algunas afirmaciones contenidas tanto en los fundamentos de la sentencia como en artículos publicados en Perfil bajo el título «Los monocultivos forestales al banquillo» merecen ser contextualizadas o directamente corregidas a la luz de la evidencia científica disponible y del marco legal vigente”, señalaron desde el CPIA.
La institución remarcó que el debate ambiental requiere ser abordado con rigor técnico, fuentes verificables y una comprensión integral de la complejidad territorial, social y productiva de regiones como Corrientes.
“El CPIA no defiende modelos productivos irresponsables ni la ausencia de regulación. Defiende la necesidad de construir soluciones sustentables basadas en conocimiento, evidencia y participación”, señalaron.
La Ley 25.080 y el marco regulatorio de la actividad forestal
Uno de los primeros puntos abordados por el CPIA refiere al cuestionamiento realizado sobre la Ley Nacional 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, normativa que desde hace más de dos décadas promueve el desarrollo forestal en Argentina.
Desde la entidad señalaron que las críticas suelen omitir aspectos centrales de la legislación, entre ellos la exigencia de presentar proyectos técnicos aprobados por autoridades competentes, la realización de evaluaciones ambientales y la clara diferenciación jurídica entre plantaciones forestales y bosques nativos.
Recordaron además que los bosques nativos cuentan con una normativa específica de protección a través de la Ley Nacional 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental.
“Lejos de habilitar un escenario de descontrol, la actividad forestal cultivada opera bajo un esquema regulatorio nacional y provincial que contempla evaluaciones de impacto ambiental, planes de manejo y mecanismos de fiscalización”, sostuvieron.
Para el Consejo Profesional, cualquier análisis sobre políticas públicas vinculadas al sector debe considerar el contenido efectivo de las normas que regulan la actividad.
Producción, empleo y desarrollo regional
Otro de los aspectos cuestionados por el CPIA se relaciona con la interpretación de los indicadores socioeconómicos asociados a la actividad forestal.
La entidad reconoció que Corrientes posee más de 500 mil hectáreas forestadas, pero consideró que vincular directamente esa realidad con los índices estructurales de pobreza de la región resulta una simplificación que no contempla múltiples factores históricos.
“El sector forestal genera empleo genuino y actividad económica en regiones donde existen escasas alternativas productivas. Municipios como Gobernador Virasoro, Ituzaingó y Santo Tomé sustentan una parte significativa de su economía en la cadena foresto-industrial”, indicaron.
Asimismo, remarcaron que las condiciones de pobreza en el Nordeste Argentino responden a causas estructurales vinculadas a infraestructura, conectividad, acceso a servicios y brechas educativas acumuladas durante décadas.
En el caso particular de Corrientes, recordaron que la provincia concentra aproximadamente el 50% de las plantaciones forestales del país y que la actividad representa más del 35% de las exportaciones provinciales.
Más de 15.000 personas dependen directamente de la cadena forestal, sin contabilizar el empleo indirecto asociado a transporte, logística, servicios e industrias de transformación.
A ello se suman las inversiones realizadas durante los últimos años en nuevas plantas industriales destinadas al procesamiento de madera, celulosa y biomasa, con impacto en la generación de valor agregado local.
Agua, incendios y biodiversidad: la necesidad de evitar generalizaciones
Uno de los capítulos centrales de la declaración institucional aborda las afirmaciones relacionadas con los impactos ambientales atribuidos a las plantaciones forestales.
Desde el CPIA señalaron que varios de los cuestionamientos planteados continúan siendo objeto de investigación científica y requieren análisis específicos para cada territorio.
En ese sentido destacaron el trabajo desarrollado por la Red Forestal Argentina del CONICET (REDFOR.Ar), integrada por investigadores que estudian los efectos de las plantaciones sobre el ciclo hidrológico, los suelos y la biodiversidad.
Respecto al consumo de agua, explicaron que si bien determinadas especies forestales pueden presentar demandas hídricas superiores a las de los pastizales naturales, los efectos dependen de múltiples variables, entre ellas la especie implantada, la densidad de plantación, las características del suelo y el régimen de precipitaciones.
Por ello, consideraron que las generalizaciones sin datos específicos pueden conducir a conclusiones erróneas.
En cuanto a los incendios forestales ocurridos en Corrientes durante 2022, recordaron que se desarrollaron en el contexto de una sequía extraordinaria asociada al fenómeno climático La Niña, documentada por organismos científicos y meteorológicos nacionales.
“Atribuir esos incendios principalmente a las plantaciones forestales sin considerar el factor climático resulta científicamente insuficiente”, sostuvieron.
Sobre biodiversidad, la entidad reconoció que existe abundante literatura científica que documenta impactos negativos cuando las plantaciones reemplazan ecosistemas naturales de alto valor de conservación.
Sin embargo, también señalaron que numerosos estudios demuestran que, mediante una adecuada planificación territorial, corredores biológicos, zonas de amortiguamiento y áreas de conservación, es posible compatibilizar producción y conservación.
Para el CPIA, la herramienta central para evitar conflictos de uso del suelo sigue siendo el ordenamiento territorial basado en criterios científicos y ambientales.
El alcance del Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza
La institución también realizó una aclaración respecto al alcance jurídico del tribunal que emitió la sentencia sobre Corrientes. Según explicaron, se trata de un organismo impulsado por organizaciones de la sociedad civil que no posee reconocimiento formal dentro del sistema jurídico argentino ni en el derecho internacional público.
Por ello, sostienen que sus resoluciones tienen valor ético, político y simbólico, pero no constituyen fallos judiciales vinculantes ni reemplazan las competencias de los organismos estatales de control.
“El CPIA reconoce el aporte de los espacios de activismo ambiental y de los tribunales de opinión para visibilizar problemáticas socioambientales. Sin embargo, las decisiones de política pública deben sustentarse en evidencia científica revisada por pares y en el marco del Estado de Derecho”, expresaron.
Lejos de plantear una defensa irrestricta de cualquier modelo productivo, desde el Consejo Profesional remarcaron que su posición se basa en cuatro principios fundamentales:
-Impulsar un ordenamiento territorial riguroso que impida la forestación sobre ecosistemas de alto valor de conservación.
-Fortalecer los mecanismos de fiscalización provincial y nacional para garantizar el cumplimiento efectivo de la legislación ambiental.
-Promover la investigación científica independiente como base para la toma de decisiones públicas.
-Favorecer el diálogo permanente entre productores, comunidades locales, investigadores, organizaciones sociales y organismos del Estado.
“El CPIA no defiende modelos productivos irresponsables ni la ausencia de regulación. Defiende la necesidad de construir soluciones sustentables basadas en conocimiento, evidencia y participación”, señalaron.
Finalmente, desde la entidad manifestaron su disposición a contribuir al debate público mediante el aporte técnico de sus profesionales matriculados y convocaron a consultar fuentes oficiales y científicas antes de arribar a conclusiones definitivas sobre una problemática de alta complejidad.
“La Argentina necesita debates ambientales de calidad, basados en datos, respetuosos de la diversidad de actores involucrados y orientados a construir políticas públicas sólidas. A ese debate, el CPIA concurre con voluntad, información y las herramientas que brinda el conocimiento agronómico y forestal”, concluyeron.
Recomendaciones de lectura y fuentes mencionadas:
- Ley 25 080| https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-25080-55596/texto
- Programa Nacional de Estadística Forestal del Ministerio de Ambiente y la ex-Secretaría de Agroindustria permiten una lectura más completa: https://www.argentina.gob.ar/ambiente/bosques/estadistica-forestal
https://datos.gob.ar/dataset/agroindustria-forestales—inventario-nacional-plantaciones-por-superficie
- REDFORAr | https://redforestal.conicet.gov.ar
- Inventario Nacional de Plantaciones Forestales: https://datos.gob.ar/dataset/agroindustria-forestales—inventario-nacional-plantaciones-por-superficie
- Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-26331-136125/texto
