Académicos y profesionales nucleados en el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero presentaron su posición ante el COFEMA frente a la propuesta de modificación de la Ley 26.331. Señalan que los cambios propuestos debilitarían el rol de las autoridades provinciales, reducirían controles ambientales y podrían afectar la gestión sostenible de los bosques nativos.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
SANTIAGO DEL ESTERO (14/3/2026).- En el marco del debate nacional sobre posibles modificaciones a la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley 26.331), la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (FCF-UNSE) y el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero (CGCF) presentaron ante el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) su posicionamiento institucional.
ArgentinaForestal.com aborda los temas forestales, foresto-industriales y ambientales desde una perspectiva de interés público, donde la información técnica, científica y productiva se integra para explicar de cara a la sociedad por qué los bosques son estratégicos para el desarrollo del país y qué se pierde con estas modificaciones propuestas hoy en debate.
Las instituciones académicas y profesionales expresaron ante el COFEMA, de manera unánime, su rechazo a la propuesta de reforma de la normativa, al considerar que las modificaciones planteadas resultan “inapropiadas, infundadas e inoportunas”, además de plantear observaciones técnicas y sugerencias vinculadas a su eventual instrumentación.
Preocupación por el debilitamiento del control provincial
Uno de los puntos centrales señalados por los especialistas se refiere a la modificación del artículo 13 de la Ley 26.331.
Según el análisis presentado, la propuesta dejaría a las áreas clasificadas como Categoría III sujetas a un uso potencialmente indiscriminado y con menor control por parte de la Autoridad Local de Aplicación (ALA).
Desde la FCF-UNSE y el Colegio profesional remarcan que, de acuerdo con el artículo 124 de la Constitución Nacional, los recursos naturales pertenecen a las provincias, por lo que son estas jurisdicciones las responsables de garantizar su conservación, seguimiento y manejo adecuado.
En ese sentido, sostienen que la autoridad provincial debe mantener una participación directa en la autorización de desmontes, en línea con los objetivos establecidos por la Ley 26.331 y con los procedimientos previstos en las normativas provinciales vigentes, como la Ley 6841 de Santiago del Estero, que establece requisitos específicos para la presentación de planes de manejo forestal y otras instancias de control técnico.
Impacto sobre las categorías de conservación
Las instituciones también manifestaron preocupación por la modificación propuesta al artículo 14, que —según su interpretación— permitiría liberar los desmontes en zonas clasificadas como Categoría II (amarillo).
De acuerdo con su análisis, esta modificación contradice los objetivos centrales de la ley y podría debilitar el esquema de protección establecido por el ordenamiento territorial de bosques nativos.
Además, advierten que este cambio podría generar un escenario que, a futuro, facilite modificaciones que terminen afectando también a las áreas clasificadas como Categoría I (roja), las cuales corresponden a zonas de alto valor de conservación.
Leer más:
Debilitamiento institucional en la aplicación de la ley
Otro de los aspectos cuestionados por las entidades se vincula con las modificaciones planteadas en los artículos 17 y 18, que —según el análisis presentado— implicarían una reducción de la participación de las autoridades locales de aplicación en los procesos de control y supervisión.
Para los académicos y profesionales forestales, esta situación podría traducirse en un debilitamiento institucional que afectaría la capacidad de las provincias para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Ley de Bosques.
Estudios de impacto ambiental en discusión
La propuesta de modificación del artículo 22 también fue señalada como un punto crítico, ya que se vincula con el artículo 13 al establecer que los desmontes en Categoría III podrían realizarse sin la necesidad de presentar un estudio de impacto ambiental.
Desde las instituciones consideran que esta medida resulta inapropiada, dado que cualquier desmonte —independientemente de la categoría en la que se realice— genera impactos ambientales que deben ser evaluados técnicamente.
“Desde las instituciones firmantes estamos en total desacuerdo con esa medida, ya que consideramos sumamente necesario contar con estudios de impacto ambiental que deben ser realizados por profesionales egresados de nuestra universidad, generando además trabajo genuino para los profesionales que garanticen ese análisis”, explicaron desde la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE.
Finalmente, las instituciones también cuestionaron la modificación propuesta al artículo 27, que implicaría la eliminación del Registro Nacional de Infractores.
Según señalaron, esta medida podría facilitar la repetición de infracciones al no contar con un sistema que permita registrar y dar seguimiento a quienes incumplen la normativa ambiental.
Para los profesionales forestales, mantener el registro nacional de infractores resulta fundamental para evitar reincidencias y fortalecer los mecanismos de control, además de brindar herramientas a las autoridades para mejorar la aplicación de la ley.
Aporte técnico al debate
El posicionamiento presentado ante el COFEMA forma parte del proceso de análisis federal que se desarrolla en torno a la posible modificación de la Ley 26.331, una normativa considerada clave para el ordenamiento territorial de los bosques nativos en la Argentina.
Desde la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE y el Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago del Estero remarcaron la importancia de que cualquier reforma vinculada a esta legislación contemple criterios técnicos, científicos y federales que permitan fortalecer la gestión sostenible de los recursos forestales.
En este sentido, las instituciones reafirmaron su compromiso de aportar conocimiento académico y experiencia profesional al debate público sobre las políticas forestales, con el objetivo de garantizar la conservación de los bosques nativos y el desarrollo sostenible de los territorios.
Leer más:
