La Agrupación Forestal Peronista presentó su posicionamiento ante el Consejo Federal de Medio Ambiente y cuestionó las modificaciones impulsadas por el gobierno nacional a la Ley de Bosques Nativos 26.331. La organización sostiene que los cambios implicarían un “grave retroceso institucional y ambiental” y advierte sobre riesgos para la conservación, la economía regional y el cumplimiento de compromisos internacionales.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES (12/3/2026).- La Agrupación Forestal Peronista (AFOPE), presidida por Daniel Somma, es una de las de 30 organizaciones que presentó ante el Consejo Federal de Medio Ambiente su posicionamiento institucional frente a las iniciativas que buscan modificar la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.
ArgentinaForestal.com aborda los temas forestales, foresto-industriales y ambientales desde una perspectiva de interés público, donde la información técnica, científica y productiva se integra a la visión de un desarrollo sostenible, de manera de explicar a la sociedad -en el caso del debate generado por la Ley de Bosques- por qué los bosques son estratégicos para el territorio rural del país y qué se pierde con estas modificaciones propuestas hoy en debate.
La posición de AFoPe indica que las propuestas impulsadas por el gobierno nacional significarán «un desmantelamiento del marco normativo vigente», por lo que manifestaron su “rechazo categórico” a los cambios planteados.
El primer documento fue elaborado tras un Plenario Nacional realizado en diciembre de 2025, en el que participaron más de 200 profesionales, técnicos, operarios y productores de 21 jurisdicciones del país, integrantes de esta organización político-técnica vinculada a los principios del Movimiento Nacional Justicialista.
En ese contexto, AFoPe instó al COFEMA a actuar “con la firmeza necesaria” para impedir las modificaciones propuestas a la Ley de Bosques, al considerar que representan “un grave retroceso institucional y ambiental”.
Para AFoPe, los bosques nativos de Argentina constituyen bienes públicos estratégicos, cuyos servicios ecosistémicos deben beneficiar al conjunto de la sociedad, bajo el principio de que la tierra y el capital deben cumplir una función social.
La presentación de este posicionamiento en diciembre contribuyó a que el COFEMA -integrado por representantes de todas las provincias del país- abriera una instancia de diálogo federal, convocando entre febrero y marzo a organizaciones científicas, ambientales, cámaras empresarias forestales y colegios profesionales para exponer sus visiones sobre la propuesta de reforma impulsada por el Gobierno nacional.
En ese marco, distintas entidades coincidieron en advertir que las modificaciones en debate podrían significar un retroceso en materia de conservación y desarrollo forestal sostenible en el territorio argentino.
Diagnóstico de un “asedio inadmisible”
En su documento, AFoPe sostiene que la Ley 26.331 constituye una conquista con amplia legitimidad social, y advierte que actualmente enfrenta lo que define como “un asedio sistemático y planificado” que comprometería el patrimonio natural del país.
Entre los puntos señalados por la organización se destacan:
- Desfinanciamiento y disolución del Fondo de Bosques.
La entidad cuestiona el Presupuesto Nacional 2026 y la disolución del fondo fiduciario para bosques nativos mediante el Decreto 888/2024, al considerar que profundizan el histórico desfinanciamiento del sistema y debilitan los incentivos para la conservación y las tareas de fiscalización.
- Propuesta del denominado “Consejo de Mayo”.
Según AFOPE, esta iniciativa busca derogar artículos de la ley y eliminar restricciones en la categoría III (verde), lo que permitiría desmontes sin autorización previa ni estudios de impacto ambiental, habilitando la deforestación en millones de hectáreas.
- Debilitamiento institucional.
La organización también alertó sobre el deterioro de la Dirección Nacional de Bosques, al que atribuye una situación de acefalía y la pérdida de equipos técnicos especializados, lo que dificultaría el rol de coordinación que debe ejercer como autoridad nacional de aplicación de la ley.
- Riesgos para comunidades rurales.
Asimismo, advirtió que el avance de modelos productivos excluyentes podría afectar el arraigo de comunidades indígenas y campesinas, que quedarían expuestas a las presiones del agronegocio en los territorios.
El rol de la Ley de Bosques en la política ambiental argentina
La Ley 26.331 constituye una norma de presupuestos mínimos dictada en cumplimiento del artículo 41 de la Constitución Nacional.
Su objetivo es ordenar territorialmente el uso del bosque nativo, establecer criterios comunes entre las jurisdicciones y garantizar que la producción forestal y agropecuaria se desarrolle bajo parámetros de sostenibilidad ambiental, previsibilidad jurídica y equidad territorial.
Desde su sanción, permitió que todas las provincias realizaran su Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), estableciendo categorías diferenciadas de conservación, promoviendo instancias de participación pública y consolidando un sistema federal de planificación ambiental.
De acuerdo con AFOPE, lejos de representar un obstáculo para el desarrollo, la norma contribuyó a generar reglas claras, reducir conflictos territoriales y fortalecer la seguridad institucional.
El principio de no regresión ambiental
La organización sostiene que cualquier modificación que implique una reducción de los niveles de protección debe analizarse a la luz del principio de no regresión ambiental, reconocido progresivamente por la jurisprudencia argentina.
Este principio establece que los estándares de protección ambiental no pueden disminuirse sin fundamentos técnicos sólidos y criterios de razonabilidad.
En ese sentido, AFoPe recordó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reafirmado el carácter preventivo y progresivo del derecho ambiental en el fallo conocido como “Mendoza”, consolidando un marco constitucional que obliga a fortalecer, y no debilitar, las herramientas de protección vigentes.
La organización advierte que una flexibilización del régimen de desmontes -especialmente en áreas actualmente destinadas a manejo sostenible o conservación- constituiría un retroceso normativo que comprometería la coherencia del sistema de presupuestos mínimos.
Además, sostiene que no existe evidencia técnica que demuestre que ampliar los desmontes genere beneficios estructurales de desarrollo.
Por el contrario, diversos estudios científicos indican que la pérdida de cobertura forestal incrementa la vulnerabilidad frente a inundaciones, sequías e incendios, deteriora los suelos y genera costos económicos y fiscales crecientes.
Participación pública y legitimidad institucional
El documento también subraya que cualquier modificación a una ley de presupuestos mínimos ambientales debe garantizar procesos adecuados de información y participación pública.
La organización recuerda que la Ley General del Ambiente (25.675) consagra el derecho de la ciudadanía a intervenir en decisiones que puedan afectar el ambiente, y que Argentina ha ratificado además el Acuerdo de Escazú, que refuerza los estándares de transparencia y deliberación pública.
En ese contexto, AFoPe advierte que alterar la arquitectura normativa de la Ley de Bosques sin un proceso participativo amplio, federal y transparente podría debilitar su legitimidad institucional e incrementar los conflictos territoriales.
Bosques, desarrollo y competitividad internacional
Desde la perspectiva político-forestal de la organización, el bosque nativo constituye infraestructura natural estratégica para el desarrollo nacional.
Estos ecosistemas cumplen funciones esenciales de regulación hídrica, conservación de suelos, mitigación del cambio climático, preservación de la biodiversidad y sustento de economías regionales vinculadas al manejo forestal sostenible.
AFoPe también advierte que el debate no puede desvincularse del contexto internacional. En particular, menciona el marco de acuerdos comerciales entre el Mercosur y la Unión Europea, donde la sostenibilidad ambiental y la trazabilidad de los productos se han convertido en condiciones clave para el acceso a los mercados.
En ese sentido, el Reglamento Europeo sobre productos libres de deforestación establece requisitos estrictos para productos como soja, carne bovina y madera, que no deben provenir de áreas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020.
Para la organización, una señal normativa orientada a ampliar desmontes podría afectar la percepción internacional sobre el cumplimiento ambiental de Argentina y comprometer la competitividad de cadenas exportadoras estratégicas.
Fortalecer la implementación, no reducir estándares
AFoPe sostiene que los principales desafíos de la Ley de Bosques no radican en su diseño normativo, sino en su implementación.
Entre los problemas identificados figuran el financiamiento insuficiente del Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos, así como debilidades en los sistemas de monitoreo, control y fiscalización en distintas jurisdicciones.
Desde esta perspectiva, la organización plantea que la respuesta adecuada no es reducir estándares de protección, sino fortalecer el financiamiento, mejorar la coordinación interjurisdiccional y consolidar las capacidades técnicas provinciales.
El planteo al COFEMA
En su presentación ante el COFEMA, AFOPE planteó una serie de propuestas concretas:
- · impedir cualquier modificación regresiva de la Ley 26.331
- · garantizar el financiamiento previsto por la norma para sostener los planes de manejo y conservación
- · fortalecer los mecanismos de participación social en la toma de decisiones
- · promover modelos de desarrollo que prioricen el arraigo territorial, el bienestar social y la soberanía alimentaria
Finalmente, la organización remarcó que proteger los bosques nativos no es una postura sectorial ni exclusivamente ambientalista, sino una decisión estratégica para el desarrollo nacional.
“El bosque ordenado, manejado y conservado es fuente de empleo, arraigo territorial, estabilidad productiva y soberanía ambiental”, concluye el documento presentado ante el Consejo Federal de Medio Ambiente.
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