| Empresarios aseguran que los conflictos fueron creciendo en forma considerable en los últimos años |
Desde el Consorcio Protección Forestal Iguazú sostienen que «hay un considerable crecimiento en los últimos años de la usurpación, ocupación y apeo ilegal de bosques nativos e implantados en propiedades privadas. Proponen avanzar en un trabajo conjunto con organismos del Estado y fuerzas de seguridad pública y el sistema judicial. “Cada uno debe asumir un cambio de actitud para resolver el problema entre todos”, expresan en un documento en el cual analizaron en forma global la problemática y aportan algunos elementos de discusión iniciales para abordar esta realidad. 
MISIONES (5/8/2009).- Desde el Consorcio de Protección Forestal Iguazú sostienen que para los productores forestales de Misiones, la usurpación y ocupación ilegal de tierras privadas, y el apeo ilegal y robo de árboles nativos o implantados, son conflictos que “fueron creciendo considerablemente en los últimos años, y esta tendencia se está proyectando en forma progresiva también para el futuro”. Los proyectos de manejo forestal que basan su actividad en conceptos ambientales, sociales y económicos sustentables se encuentran así en una situación de riesgo, obligando a incorporar y mantener gestión frente a este tema para conservar su sistema productivo. Paralelamente, el problema puede extenderse también hacia áreas de conservación privadas, pero también públicas, generando un nuevo frente de conflicto aún no debidamente considerado por la comunidad misionera. El Consorcio de Protección Forestal Iguazú (CFI), integrado por seis empresas forestales de diferentes magnitudes y rubros -fue fundado en agosto del año 1986 con el registro Nº1- tuvo en sus inicios denominación y jurisdicción en Prevención y Lucha Contra Incendios Forestales. En julio del año 2003 y en busca de facilitar un ámbito que permitiera trabajar en un concepto de protección más amplio, y precisamente por motivo de ocurrencia de eventos de ocupación ilegal y robo, el organismo pasó a denominarse bajo registro ”Consorcio de Protección Forestal Iguazú”. En la actualidad abarca una superficie de más de doscientos treinta mil (230.000) hectáreas, y su espíritu es el trabajo conjunto y coordinado entre las empresas miembro en prevención y control de daños al recurso forestal, prestando colaboración a requerimientos de apoyo a instituciones vecinas al patrimonio, siempre en función de disponibilidad de recursos. Además de las actividades conjuntas, cada empresa integrante dispone de su sistema de protección particular, cuya información estratégica se comparte y centraliza con la estructura del Consorcio. Entre algunas de las estructuras implementadas podemos mencionar los servicios de Protección Forestal, basados en recursos de guardabosques en motocicleta que efectúan tareas de prevención y control en la preservación del patrimonio, lo cual incluye como algunas de sus actividades relacionadas la prevención y control de ocupación ilegal y robo. negrita/Escenario actual/negrita “El análisis de las causas y consecuencias del fenómeno presenta diversos y muy complejos matices e interpretaciones, por la tanto sería un error intentar simplificar su explicación, o reducirlo a un simple conflicto de intereses entre un propietario y un ocupante. Conscientes de que el tema en cuestión presenta innumerables aristas, generando cada uno de ellos un abordaje distinto, en el presente documento intentaremos aportar algunos elementos de discusión iniciales para abordar esta realidad desde la óptica de la gestión integral, partiendo del esbozo de un estudio de caso particular de organización ante el problema”, expresaron. Entre los aspectos primordiales para el análisis, “enunciamos algunos que creemos no deben faltar en ningún análisis serio e integral de la problemática que nos ocupa. Es innegable que en primer lugar debemos reconocer que vivimos y nos desarrollamos bajo un estado de derecho en el cual el respeto a la propiedad privada es básico para la convivencia social. También es cierto que para lograr vivir y desarrollarnos en sociedad es preciso garantizar además el derecho de subsistencia y manutención de todos los misioneros. Y esto implica tanto la posibilidad de trabajar y cultivar el suelo como la necesidad de preservar las reservas naturales y las Altas Cuencas Hidrográficas, como así también las fuentes de trabajo cuando hablamos de proyectos forestales sustentables que puedan frenarse al no resolverse con justicia esta problemática”. cursiva/Dimensión de la problemática:/cursiva la situación global provincial no está debidamente fundamentada en cifras estadísticas, esto dificulta el análisis y conclusión objetivo de soluciones definitivas; sin embargo debemos resaltar que son muchos los productores, empresarios y representantes del sector forestal provincial que pueden detallar casos que confirman la situación actual y tendencia antes mencionada. cursiva/Ocupación ilegal:/cursiva podríamos categorizar dos grandes situaciones prácticas. Los “ocupantes históricos”, que son actores con muchos años de ocupación y que por diversos motivos hasta el momento continúan en situación irregular. Este caso puede existir al momento de la compra/venta de propiedades, pudiendo ser personas que eventualmente tuvieron relación de dependencia laboral con anteriores dueños. Se trata generalmente de situaciones no formalizadas oportunamente y cuya solución merece tratamientos y acuerdos particulares que cada propietario debería efectuar. Por otra parte, existe la ocupación brusca o repentina, “intrusos y usurpadores” que en forma individual, familiar y/o grupal ocupan una porción o lotes enteros para establecer sus cultivos o viviendas, o para, en el peor de los casos, lucrar con la posterior venta de “mejoras”, dando pie a una especie de especulación inmobiliaria. Ambas situaciones pueden ocurrir normalmente en lotes con cobertura inicial de monte nativo, en tala rasa de forestaciones anteriores y hasta en bosques cultivados, representando inclusive un potencial riesgo para parques y reservas provinciales. Desde el punto de vista legal, se trata de situaciones donde los ocupantes violan el derecho de Propiedad Privada y restringen o impiden el normal desarrollo de actividades productivas, provocando además un daño ambiental significativo por eliminación total de cobertura, utilización indiscriminada del fuego, entre otros. Es decir, no cumplen ninguna de las normativas de bosques, de suelo u otras relacionadas, y finalmente comercializan productos evadiendo cualquier documentación y control vigente. cursiva/Robo:/cursiva son los casos de elaboración y extracción no autorizada de madera u otro producto o bien del bosque de una propiedad. Lo usual involucra a la madera en forma de rollo o en tablones, las principales especies son nativas e implantadas aserrables, trozas para carpintería, postes y leña. Existen varias formas sobre las que intervienen, desde acciones de una sola persona que ingresa al bosque, efectúa el volteo y con motosierra confecciona el producto buscado, hasta grupos organizados con varias herramientas, tractores para extracción y carga, y camiones forestales, que operan uno o varios días en forma continuada o intermitente, llegando inclusive a operar muchas veces los fines de semana, oportunidad en que el movimiento y resguardo correspondiente de bienes es relativamente menor. En algunos casos estos grupos están organizados con documentación apócrifa y escrituras falsas, llegando a comprobar inclusive, que existen asociaciones ilícitas que operan en este tipo de actividad. cursiva/Daño Ambiental:/cursiva la primer evidencia o resultado de las actividades ilícitas mencionadas es el daño ambiental, directamente asociado a la eliminación de la cobertura vegetal nativa o implantada, actividad que realizan sin consideración alguna de leyes o procedimientos aprobados o recomendados; y la degradación del suelo generada por técnicas de trabajo no apropiadas y fundamentalmente por motivo del uso indiscriminado del fuego como herramienta de preparación de terreno, y que inclusive en reiteradas oportunidades potencian el conflicto por ser generadores de focos de incendio. subtitulo/Propuesta: trabajo conjunto/subtitulo «Si bien podemos asumir y reconocer que la ocupación ilegal de tierras y el robo de madera es una situación actual y futura la cual tenemos que enfrentar; también debemos entender que es absolutamente innecesario e indeseable en un marco de derecho y convivencia social», remarcan desde el CPFI. El sector forestal basa su existencia en conceptos de Sustentabilidad, entre otras cosas esto significa muchos años de espera desde el momento de inversión hasta obtener alguna renta; en dicho período, además de los riesgos propios de la actividad, se agregan en la actualidad los daños a la propiedad por robo u ocupación ilegal. La dedicación del Sector tendría que centralizarse en las actividades productivas, dejando lo inherente a cuestiones de seguridad contra ilícitos para ser atendido y solucionado por los diferentes organismos públicos correspondientes, cumpliendo como debe ser el rol de Autoridad Pública. Existen alternativas y soluciones posibles, las gestiones necesarias las puede generar el sector, pero trabajando en forma mancomunada con diferentes organismos y fuerzas de seguridad pública y el sistema judicial. Entendemos como una propuesta concreta a la de asociarse para asumir cada uno un cambio de actitud y resolver los problemas entre todos. Las situaciones particulares de ocupación y apeo ilegal indefectiblemente obligan a establecer nuevas políticas y programas de trabajo correspondientes que deben adaptarse a una situación que en la práctica es muy dinámica. La alternativa propuesta es reforzar e implementar la gestión desde las Asociaciones y Consorcios, pero sin olvidar que existe la Autoridad Pública, con diferentes estamentos, instrumentos e instancias (Organismos Públicos, Fuerzas de Seguridad, Sistema Judicial, etcétera) la cual debería cumplir acabadamente con su rol y apoyar al sector privado, en un esfuerzo mancomunado logrando prestar la adecuada atención y asignación eficiente de recursos. No obstante ello, entendemos que los esfuerzos tendrán mayor garantía por las acciones directas y concretas que adopte cada productor en particular enmarcadas en la estructura Asociada o Consorciada. Por último, e intentando un análisis global de la realidad, surge la clara necesidad de la discusión de un Ordenamiento Territorial Integral de la Provincia, que involucre todos los usos de la tierra posibles y todos los actores sociales de la provincia, de modo de lograr un Modelo productivo y ambiental que pueda representar el consenso social al respecto. Una mención aparte merece la urgente necesidad de fortalecer el rol del Estado en este proceso, avanzando en primera instancia con lo concerniente a una política seria de gestión y desarrollo de tierras públicas, considerando además el fortalecimiento de los diferentes esquemas productivos provinciales, exponen el el documento.
