Ambientalistas dicen que la ley es defectuosa y los productores opinan lo mismo de su reglamentación. La Provincia corregirá mapa de ordenamiento territorial. Actualmente, Córdoba tiene 2,39 millones de hectáreas en rojo (bosque de alto valor por su estado de conservación) y 530 mil en amarillo (valor medio). Según la Nación, las hectáreas pintadas en verde es cero, aunque en el mapa presentado por la Provincia aparece toda la superficie restante con ese color.
Fuente: La Voz
CÓRDOBA (21/5/2015).- Un mapa escolar. Esa es la mejor definición para el mapa del ordenamiento territorial de bosques nativos (OTBN) que Córdoba presentó a la Nación años atrás.
Tiene errores groseros, que la nueva gestión intentará salvar. Para ello ha convocado a ambientalistas, biólogos, productores y campesinos.
Pero ninguno de ellos está ilusionado con que este lavado de cara sea la transformación que realmente necesitan las normativas provinciales sobre bosque nativo (ley 9.814 y decretos reglamentarios 170/11 y 1131/12).
Antes y luego de la sanción de la ley, en 2010 se generó un fuerte debate entre el sector ambientalista y los productores rurales sobre el tipo de normativa que requería Córdoba. El resultado fue un mamarracho legal. Tanto es así que ambos sectores coinciden en que se necesita una nueva ley.
Fallas
Federico Kopta, del Foro Ambiental: “La principal falla está en su génesis: por un lado, no fue el fruto del proceso participativo exigido por la ley nacional, y entonces representa a los intereses de sólo un sector, en detrimento de los demás”.
Gabriel de Raedemaeker, Cartez: “El gran problema es el divorcio existente entre la ley y su posterior reglamentación. Lo que la ley autoriza, la reglamentación lo prohíbe. Esto trae como consecuencia el freno absoluto a la posibilidad de explotación productiva de todo el territorio que se encuentra pintado con colores rojo y amarillo”.
Guillermo Laguinge, Federación Agraria: “La ley establece que los propietarios de los campos están obligados a realizar y mantener las picadas contra incendios. Previamente debe tramitarse ante la autoridad de aplicación. A nadie escapa la relación entre la burocratización de este instrumento elemental de lucha contra el fuego y el descontrol de los incendios de los últimos años”.
Juan Carballo, Fundeps: “En la categoría roja, la normativa provincial permite numerosas actividades que contrarían la finalidad de conservación. Entre ellas, el aprovechamiento sustentable, la minería, actividades ganaderas, reservas forrajeras, producción bajo riego, y obras de infraestructura. Todas estas actividades requieren el desmonte previo, que está terminantemente prohibido en la ley nacional en zona roja”.
Horacio Britos, Movimiento Campesinos: “El problema es que no se está aplicando aún, no vemos restricciones concretas a los grandes eventos que alteran el bosque, como los desmontes para ganadería y la urbanización descontrolada”.
Una coincidencia
Todos los sectores señalan como una de las fallas más graves la confección del mapa, el cual es una simple hoja A4, en lugar de un diseño a escala con una versión cartográfica digital.
Cada cinco años, la ley nacional (26.331) obliga a realizar una actualización del OTBN. Ese plazo se vence en agosto de este año.
El Ministerio de Agua conformó una unidad ejecutora para llevar a cabo esta tarea. Y señala que la actualización no significará un cambio rotundo en los porcentajes de bosques en las diferentes categorías.
Actualmente, Córdoba tiene 2,39 millones de hectáreas en rojo (bosque de alto valor por su estado de conservación) y 530 mil en amarillo (valor medio). Según la Nación, las hectáreas pintadas en verde es cero, aunque en el mapa presentado por la Provincia aparece toda la superficie restante con ese color.
Los expertos consultados señalan que el nuevo mapa debería confeccionarse sobre los criterios que define la normativa nacional y que no fueron tenidos en cuenta en 2010.
Entre ellos, además de diagnosticar el estado del bosque nativo, se deben tener en cuenta las áreas de protección de cuencas, los sitios de humedales (como los bañados del río Dulce y Mar Chiquita) y áreas grandes con pendientes superiores al cinco por ciento. Y también, el potencial de sustentabilidad agrícola a largo plazo.
De Raedemaeker entiende que se deben considerar la aplicación de tecnología disponible que posibilita la protección y la recuperación de los ambientes con alguna presencia de bosque nativo pero con inclusión de ganadería.
“Tal vez lo importante sea la justa valoración de actividades que puedan llevarse a cabo para lograr una real sustentabilidad de todo el sistema, incluyendo al hombre como parte fundamental para propiciar su permanencia”, dijo.
