Washington anunció su salida de 66 organismos internacionales, muchos de ellos de gran implicancia para la agenda climática, científica y de desarrollo. Más allá del impacto financiero, la decisión reconfigura equilibrios de poder y deja interrogantes estratégicos para la región.
ARGENTINA (9/1/2026).- El gobierno de Estados Unidos confirmó su retiro de 66 organismos internacionales, entre ellos 31 vinculados al sistema de Naciones Unidas y otros 35 foros, agencias y acuerdos multilaterales relacionados con la mitigación y adaptación frente a los efectos extremos de la crisis climática global.
La medida, que generó fuertes repercusiones en Estados Unidos y Europa, tiene consecuencias directas —y aún poco exploradas— para América Latina.
La salida estadounidense alcanza a instituciones que cumplen un rol central en la región, no solo por su capacidad de financiamiento, sino principalmente por su aporte en producción de conocimiento, cooperación técnica y construcción de agendas en áreas estratégicas como cambio climático, biodiversidad, ciencia, desarrollo, reducción de desigualdades y transición energética.
Uno de los organismos más relevantes es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Aunque Estados Unidos no era un gran financiador directo, su participación tenía un fuerte peso político y simbólico.
La CEPAL es un actor clave en el pensamiento sobre desarrollo regional, con influencia en debates sobre desigualdad, política industrial, deuda, cambio climático, adaptación y financiamiento. La retirada de EE.UU. implica ceder influencia en un espacio donde hoy ganan protagonismo Europa y China.
Otro pilar afectado es la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el marco institucional que sostiene las Conferencias de las Partes (COP), el Acuerdo de París, el financiamiento climático y mecanismos centrales para América Latina como adaptación, pérdidas y daños y mercados de carbono.
La decisión estadounidense debilita uno de los principales soportes del multilateralismo climático en un momento de alta vulnerabilidad regional.
También genera preocupación el impacto sobre el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC). Aunque no financia proyectos, el IPCC define la base científica de las políticas climáticas globales.
América Latina ha incrementado su participación de científicos en este espacio y depende de sus informes para la planificación climática y las negociaciones internacionales. La salida de Estados Unidos afecta la gobernanza, el financiamiento y el rol estratégico del organismo.
En el plano regional, uno de los casos más sensibles es el del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global (IAI), con sede en Uruguay.
Durante años, gran parte de su investigación fue financiada por la National Science Foundation (NSF) de Estados Unidos. La retirada pone en riesgo la continuidad de redes científicas regionales y la cooperación Norte–Sur en ciencia climática.
La decisión también alcanza a la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES), clave para países megadiversos como Brasil, Colombia, México, Perú y Argentina.
América Latina ha sido una de las regiones más activas en este organismo, tanto en producción científica como en debates políticos sobre biodiversidad y servicios ecosistémicos.
La lista se completa con otros espacios estratégicos para la región, como el Fondo Verde del Clima, UNCTAD (comercio y desarrollo), la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN), todos con programas activos en América Latina.
Más allá del impacto económico —que varía según cada organismo—, la salida de Estados Unidos plantea preguntas de fondo: ¿qué espacios multilaterales pierde o gana América Latina?, ¿cómo se reconfigura el equilibrio de poder entre Europa, China y el Sur Global?, ¿qué efectos tendrá sobre la ciencia, las políticas climáticas, la conservación y el desarrollo?, ¿cómo responderán los gobiernos, la comunidad científica y la sociedad civil de la región?
Las reacciones no tardaron en llegar. Andrés Nápoli, director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), advirtió que “la decisión de los Estados Unidos de retirarse de agencias clave es un grave retroceso para la gobernanza global”, y subrayó que este tipo de medidas “reduce la capacidad colectiva para responder a fenómenos que no reconocen fronteras, como sequías extremas, inundaciones, incendios forestales, inseguridad alimentaria y desplazamientos forzados”.
Desde el sector energético, el director general de IRENA, Francesco de la Camera, lamentó la decisión y recordó que “las energías renovables no son solo una solución climática, sino una economía inteligente y el factor decisivo en la competitividad de las economías”.
En la misma línea, el presidente de IPBES, David Obura, calificó la medida como “profundamente decepcionante” y destacó que Estados Unidos fue miembro fundador del organismo y uno de los contribuyentes más activos desde su creación, con aportes clave de científicos, responsables políticos, pueblos indígenas y comunidades locales.
Por su parte, el secretario ejecutivo de la CMNUCC, Simon Stiell, advirtió que “mientras todas las demás naciones avanzan juntas, este nuevo paso atrás en el liderazgo mundial y la cooperación climática solo puede perjudicar a la economía, el empleo y el nivel de vida de Estados Unidos”, en un contexto de agravamiento de incendios, inundaciones, tormentas y sequías.
Para América Latina, la retirada estadounidense no solo marca un cambio en la arquitectura del multilateralismo global, sino que obliga a repensar estrategias de inserción internacional, alianzas y liderazgo propio en un escenario donde la cooperación y la ciencia siguen siendo herramientas indispensables frente a una crisis climática que no admite retrocesos.
