Aproximadamente 50 trabajadores no fueron renovados en sus contratos en el área de protección ambiental. Esta decisión política generaría un grave retroceso en la gestión de los bosques chaqueños según trabajadores del sector.
Fuente: Chaco 24 y Consejo de Profesionales de Ingeniería Forestal
CHACO (4/7/2025).- Comenzó el mes de Julio y la ola de despidos en el sector público afectó también a un área sensible para la conservación de nuestros territorios.
Profesionales del ambiente y trabajadores del sector alertaron sobre el impacto negativo que generaría la decisión del gobierno provincial de Leandro Zdero de no renovar más de 50 contratos en la Dirección de Bosques, dependiente del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, según publico Chaco 24.
La medida, enmarcada en un ajuste más amplio del Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenible que alcanzaría aproximadamente a 100 trabajadores del área, representa -según sostienen- un retroceso estructural en la política forestal del Chaco.
Esta decisión afecta gravemente el cumplimiento de la Ley Nacional de Bosques (N° 26.331), que ya está debilitada en recursos y aplicación en los territorios por el ajuste del gobierno nacional, y limita aún más las capacidades del Estado Provincial para garantizar el manejo sostenible y la protección de los bosques nativos chaqueños.
“Es un desmantelamiento técnico que favorece el desmonte ilegal”, indican profesionales y trabajadores del sector.
El impacto en la gestión de la Dirección de Bosques
La Dirección de Bosques es el organismo de aplicación de la ley a nivel provincial. La pérdida de personal técnico, territorial y administrativo implica que:
· Se debilita la evaluación de planes de conservación y aprovechamiento.
· Se paralizan tareas de fiscalización en terreno, esenciales para combatir el avance de desmontes ilegales.
· Se pierde conocimiento técnico acumulado, clave para la continuidad institucional.
Además, según especialistas, Chaco lidera el ranking nacional de deforestación ilegal, y esta reducción del personal agrava la falta de controles efectivos en zonas críticas del monte.
Incumplimiento judicial y retroceso en compromisos ambientales
Desde 2020, la provincia está alcanzada por una medida cautelar federal que prohíbe desmontes, y que fue prorrogada en 2024 y 2025. “Sin personal técnico no se puede garantizar su cumplimiento, ni generar informes judiciales o pericias ambientales”, expresaron trabajadores del sector.
También alertaron que la situación pone en pausa la actualización del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), que debe realizarse de manera participativa y con base técnica. Esto implica la continuidad de zonificaciones obsoletas o manipuladas y un vaciamiento del proceso de planificación ambiental.
Riesgo de perder fondos y gobernanza ambiental
Con la paralización de programas de manejo y restauración, Chaco podría perder el acceso a financiamiento nacional e internacional destinado al cuidado del ambiente. Entre ellos, el Fondo Verde del Clima y las transferencias establecidas por la Ley de Bosques.
“La medida transmite una señal de desinterés institucional hacia el ambiente como política pública”, señalaron. También remarcaron que esto dificulta el vínculo con comunidades indígenas, campesinas y organizaciones de base, que ya venían reclamando mayor participación y transparencia en los procesos territoriales.
Retroceso en las políticas de protección: menos trabajadores, menos controles
Reducir el personal técnico que vela por el cumplimiento de la Ley de Bosques en una provincia con emergencia forestal histórica representa, para las fuentes consultadas, una desprotección intencionada del territorio. Más que una medida administrativa, se trata de un recorte que afecta la integridad ecológica del Gran Chaco, los derechos de sus comunidades y la credibilidad del Estado chaqueño ante la sociedad.
