Si bien el país registra un avance en la protección de los bosques a través de políticas específicas en los últimos 15 años, aún la deforestación ilegal y los incendios siguen siendo desafíos críticos. El reciente estudio presentado por el BID junto a CIPPEC, examina la situación actual y propone medidas urgentes para asegurar un desarrollo sostenible en la región. El reciente informe busca contribuir a la formulación de una agenda agropecuaria y ambiental alineada con las metas del país en reducción de emisiones, conservación de su biodiversidad y promoción de un sistema productivo sustentable en la ecorregión del Gran Chaco, el segundo ecosistema forestal más extenso de América del Sur, después de la Amazonía, que enfrenta una alarmante pérdida de bosques.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
ARGENTINA (20/8/2024).- Un seminario presencial y virtual se dictó el martes 13 de agosto de 2024, organizado por el Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), junto con CIPPEC y con el apoyo del BID INTAL y IDB Invest, denominado “Avances y desafíos en la conservación del capital natural en el Gran Chaco argentino”.
El Gran Chaco Americano, el segundo ecosistema forestal más extenso de América del Sur después de la Amazonia, desempeña un papel crucial en la regulación climática, al ser un importante reservorio de carbono, albergar una rica biodiversidad y proveer servicios ecosistémicos vitales para las comunidades locales. Sin embargo, al igual que otros ecosistemas forestales de Sudamérica, ha sufrido en las últimas décadas una significativa pérdida de bosques, lo que impacta negativamente en el clima, la biodiversidad y las comunidades dependientes.
Argentina, a pesar de ser el país con menores tasas de deforestación en los últimos años, ha visto un incremento reciente en la pérdida de bosques, ligado principalmente a la incidencia de incendios provocados para la preparación de tierras destinadas al pastoreo, agravado por las sequías causadas por el cambio climático.
La Ley de Bosques, sancionada en 2007, es reconocida como una herramienta crucial en la protección de los bosques nativos en Argentina. Aunque no prohíbe la conversión de bosques, establece un ordenamiento territorial para la expansión agropecuaria, reduciendo la tasa de deforestación a la mitad entre 2014 y 2019. Sin embargo, desde 2020 se ha registrado un preocupante aumento de la deforestación, impulsado por prácticas agrícolas y ganaderas que desafían las restricciones establecidas, especialmente en zonas categorizadas como de alta protección.
La temática del seminario concentró a expertos nacionales e internacionales, y contó con la presencia de los gobernadores de siete provincias del Norte Grande Argentino.
Durante el encuentro debatieron sobre la temática y analizaron los principales hallazgos del estudio recientemente publicado por el BID, que tiene por objetivo contribuir con evidencia empírica a la formulación de una agenda de política agropecuaria y ambiental sustentable en línea con la meta de la NDC y del Plan de Mitigación y Adaptación del país de reducir emisiones en los sectores clave, entre ellos el de cambio de uso de suelo y de fortalecer la conservación de la biodiversidad.
En este contexto, la publicación del BID realiza una caracterización del estado de situación de la deforestación del Gran Chaco argentino, los aportes y desafíos en la implementación de la Ley de Bosque y recomendaciones de política.
En el informe presenta una descripción general del área bajo estudio (Gran Chaco). Se detiene en la identificación, síntesis y descripción de los impulsores directos relacionados a la deforestación en el área de Gran Chaco utilizando los datos oficiales de monitoreo de la superficie de bosque nativo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina; identifica el estado de avance de la deforestación previo y posterior a la sanción de la Ley de Bosques (Ley 26.331) y otras normativas nacionales hasta la actualidad y analiza los principales desafíos en su implementación.
También identifica, sintetiza y describe las causas o impulsores indirectos que empujan o facilitan la deforestación. Asimismo, realiza un análisis de las emisiones GEI relacionadas con el proceso de deforestación del Gran Chaco.
A su vez, incluye una revisión de las buenas prácticas. Por último, el estudio presenta recomendaciones de política para reducir la deforestación en la región del Gran Chaco.
«Este informe tiene como objetivo contribuir a la formulación de una agenda agropecuaria y ambiental que esté alineada con las metas del país en reducción de emisiones, conservación de su biodiversidad y promoción de un sistema productivo sustentable», remarcaron los organizadores del seminario virtual, del Sector de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo, junto con CIPPEC y con el apoyo del BID INTAL y IDB Invest.
El bioma boscoso del Gran Chaco es compartido por Argentina, Bolivia, Paraguay y una pequeña área en Brasil. Es una ecorregión no sólo de gran diversidad social, cultural y étnica, sino que allí también confluyen tensiones de sectores productivos, sociales y ambientales.
La deforestación y su impacto en la crisis climática
La conservación del bosque nativo es crucial para Argentina, ya que sectores como el agropecuario y el turismo dependen de él. El Gran Chaco, segunda área boscosa más extensa de América Latina, ofrece servicios ecosistémicos esenciales y es un gran sumidero de carbono, vital para nuestra economía y capacidad adaptativa ante desastres climáticos.
En Argentina, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa del país. “Argentina tiene la oportunidad de encontrar un equilibrio entre la producción agropecuaria, la protección de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, y de lograr así sistemas productivos más resilientes. Para hacerlo es necesario contar con un diagnóstico certero y con información sobre cómo la pérdida de los servicios ecosistémicos en el Gran Chaco impacta en la producción agropecuaria, identificar las mejores prácticas productivas sostenibles para la región e implementar políticas públicas consistentes a largo plazo para incentivar un desarrollo sostenible”, sostienen los autores del informe del BID.
El estudio presentado recientemente se focaliza específicamente en cuatro jurisdicciones provinciales: Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero. Estas provincias cubren el 85% de la superficie de bosques nativos (o tierras forestales) de la región y son las que sufrieron una mayor pérdida de estos bosques. Del total de 3,7 millones de hectáreas perdidas en el período 2007-2022, 3,2 millones (el 87,2%) corresponden a Chaco (con 556.700 hectáreas perdidas a una tasa anual promedio del 0,6%), Formosa (527.300 hectáreas, tasa del 0,6%), Salta (918.700hectáreas, tasa del 0,7%) y Santiago del Estero (1,2 millones de hectáreas, tasa del 0,9%).
“Este informe pretende aportar una mirada analítica sobre estos desafíos, repasando las lecciones aprendidas en los últimos años, y brindando una orientación posible para un debate respecto al desarrollo sostenible de una de las regiones más relevantes y a la vez postergadas del país”, explicaron los expertos en el seminario virtual.
En el documento se analizan avances, desafíos y perspectivas de desarrollo y de política pública para abordar esta temática compleja en la región del Gran Chaco o Parque Chaqueño. La conservación del capital natural, desarrollo local e inserción en los mercados internacionales son algunos de los ejes del análisis.
Uno de los mayores desafíos al desarrollo sostenible de los países es frenar la creciente degradación de los ecosistemas, en particular en América Latina, región que alberga más de 50% de la biodiversidad a nivel mundial.
Es un bioma del Gran Chaco consta de un complejo mosaico de bosques secos, sabanas, pastizales y humedales. Además de los bosques, el paisaje incluye praderas naturales y humedales. La temperatura media anual varía de los 19 a los 24 °C y la precipitación anual es de 300 a 1.000 milímetros, con lluvias casi exclusivamente durante los veranos y las áreas más secas ubicadas en el centro.
Alberga a más de 9 millones de personas (incluidos varios pueblos indígenas) y es una potencia agrícola para la soja, para otros cultivos y para la carne vacuna
Debido a su extensión de más de 1 millón de km2, se trata de la mayor masa boscosa de Sudamérica, después de la Amazonia, y comprende territorios de Argentina (62,2%), Paraguay (25,4%), Bolivia (11,6%) y Brasil (0,8%).
La región ha sufrido grandes transformaciones desde finales del siglo XX y principios del XXI en relación con el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales. El bioma compartido por Argentina, Bolivia y Paraguay es un espacio no sólo de gran diversidad social, cultural y étnica, sino que allí también confluyen tensiones de sectores productivos, sociales y ambientales.
En las últimas décadas, sus recursos naturales sufrieron una fuerte degradación fundamentalmente debido al avance de la agricultura y la ganadería. Si bien otras actividades como la explotación de recursos hidrocarburíferos y la construcción de grandes obras de infraestructura pueden tener impactos sobre los recursos regionales, estos son focalizados y de baja incidencia territorial.
En el caso particular de la región del Gran Chaco argentino, una porción importante de la pérdida de bosques de los últimos años se debe a la expansión de la ganadería de sistemas silvopastoriles intensivos.
José Agustín Aguerre, representante del BID en Argentina, expresó tras el evento: “Fuimos anfitriones del seminario “Avances y desafíos en la conservación del capital natural en el Gran Chaco argentino”. Agradezco la participación de las autoridades presentes, incluyendo a todos los Gobernadores de la Región del Norte Grande, así como a ministros, secretarios de ambiente y desarrollo productivo, el Director Nacional de Bosques, representantes del gobierno nacional, provincias, e instituciones científicas y académicas. También, reconozco el esfuerzo del equipo técnico del CIPPEC, BID y las autoridades públicas de las provincias en la realización del estudio”, indicó.
La conservación del bosque nativo es crucial para Argentina, ya que sectores como el agropecuario y el turismo dependen de él. El Gran Chaco, segunda área boscosa más extensa de América Latina, ofrece servicios ecosistémicos esenciales y es un gran sumidero de carbono, vital para la economía argentina y la capacidad adaptativa ante desastres climáticos.
“Aunque Argentina es uno de los países más biodiversos del mundo, enfrentamos una rápida pérdida de biodiversidad, con más de 5 millones de hectáreas de bosque nativo perdidas en el Gran Chaco. La Ley de Bosques marcó una nueva etapa historica en el control del desmonte ilegal, pero aún hay desafíos en su implementación. Espero que este estudio ayude a avanzar el debate hacia una agenda agropecuaria y ambiental alineada con las metas de reducción de emisiones y conservación de la biodiversidad”, agregó Aguerre.
El estudio tiene como objetivo contribuir con evidencia empírica a la formulación de una agenda de política agropecuaria y ambiental sustentable en línea con la meta de la NDC y del Plan de Mitigación y Adaptación del país de reducir emisiones en los sectores clave, entre ellos el de cambio de uso de suelo y de fortalecer la conservación de la biodiversidad.
En este contexto este análisis realiza una caracterización del estado de situación de la deforestación del Gran Chaco argentino, los aportes y desafíos en la implementación de la Ley de Bosque y recomendaciones de política.
El informe presentado, realiza una descripción general del área bajo estudio (Gran Chaco). Se detiene en la identificación, síntesis y descripción de los impulsores directos relacionados a la deforestación en el área de Gran Chaco utilizando los datos oficiales de monitoreo de la superficie de bosque nativo del Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Argentina; identifica el estado de avance de la deforestación previo y posterior a la sanción de la Ley de Bosques (Ley 26.331) y otras normativas nacionales hasta la actualidad y analiza los principales desafíos en su implementación.
También identifica, sintetiza y describe las causas/impulsores indirectos que empujan y/o facilitan la deforestación. Asimismo, realiza un análisis de las emisiones GEI relacionadas con el proceso de deforestación del Gran Chaco.
A su vez, incluye una revisión de las buenas prácticas. Por último, presenta recomendaciones de política para reducir la deforestación en la región del Gran Chaco
Paula Szenkman, directora del Programa de Desarrollo Económico en CIPPEC, fue una de las coordinadoras del estudio junto a Juliana Salles Almeida, Carmine Paolo De Salvo, Bruno Jacquet, Diego Moreno, Agustín Chiarella, Rocío Navaridas, Mariana Salazni
Tras su participación en el panel de Políticas Públicas del seminario, dijo: “Fue un honor contar con la participación de los gobernadores de siete provincias del Norte Argentino, representantes de organismos multilaterales, sector privado, ministros de producción y ambiente provinciales y nacionales, INTA, la academia, sociedad civil, entre los más de 200 participantes presenciales y 300 virtuales. Participé del panel de políticas públicas, donde destacamos las oportunidades, la necesidad de articular una visión común sobre el desarrollo de la región, el desarrollo de tecnologías productivas y de trazabilidad, y la innovación financiera que compatibilicen la producción agropecuaria con la conservación de los bosques nativos, además del fortalecimiento de herramientas de la Ley de Bosques, prevención de incendios, entre otros”, indicó.
Sostuvo, seguido, que “es alentador el interés por esta agenda, en un contexto de crecientes restricciones comerciales para la Argentina relacionadas a los bosques y el cambio climático, junto a una presión creciente por la seguridad alimentaria para la cual Argentina puede jugar un rol crucial”.
La pérdida de la cobertura boscosa en la agenda global
En los últimos años, ha crecido la preocupación mundial respecto de la pérdida de cobertura de bosques, no sólo por su impacto en emisiones de gases de efecto invernadero, sino también por la pérdida de servicios ecosistémicos como la biodiversidad, la regulación del ciclo del agua, el clima, la protección de los suelos, y otros beneficios directos e indirectos sobre la producción y el bienestar humano. A nivel global se estima un deterioro agregado de la biodiversidad y de los beneficios de los ecosistemas de bosques de entre 2 y 5 billones de dólares cada año. América Latina y el Caribe tienen la segunda tasa más alta de pérdida de superficie de bosques a nivel mundial, y sufre el 14% de la degradación de suelos del mundo.
Esto representa un riesgo para una región crítica por su valor climático y de conservación de la biodiversidad, y por su rol en la producción agrícola a nivel mundial.
En este contexto, a los acuerdos globales con compromisos de reducción de emisiones, conservación de la biodiversidad y reducción de la pérdida de bosques, comienza a sumarse la entrada en vigencia de restricciones crecientes al comercio internacional de productos provenientes de áreas recientemente deforestadas y regímenes de impuestos al carbono en frontera.
Ello se suma a las políticas corporativas que, en forma creciente, incorporan estándares ambientales en su cadena de valor. A pesar de esta situación, los principales ecosistemas boscosos de la región, incluyendo a la Amazonía, el Cerrado y el Gran Chaco Argentino, aún muestran tasas elevadas de pérdida de superficie forestal.
En Argentina, la región del Gran Chaco representa el ecosistema forestal más extenso en el país y, al mismo tiempo, el que mayor superficie de pérdida de bosques ha mostrado en las últimas décadas.
Desde la publicación del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos en 2006, esta región perdió 3,7 millones de hectáreas de Tierras Forestales y Otras Tierras Forestales, como resultado de distintos procesos como la expansión de la frontera agropecuaria y los incendios forestales. Estos cambios en el uso del suelo, en 2020, contribuyeron con un 15% de las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.
Argentina tiene un importante desafío: retomar la vía del crecimiento económico, orientándolo a sistemas de producción más sostenibles, que incorporen en forma creciente la prioridad de la conservación de los ecosistemas naturales y la reducción de las emisiones.
Este escenario también representa una oportunidad para posicionar la producción nacional, de cara a las nuevas exigencias de mercado y las políticas globales en desarrollo.
El estudio del BID tiene como objetivo contribuir con evidencia empírica a la formulación de una agenda de política agropecuaria y ambiental sostenible, en línea con las metas de Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional –en el marco del Acuerdo de París– y con el Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático a 2030. Estas metas apuntan a reducir emisiones en los sectores clave, entre ellos el de cambio de uso de suelo, y a fortalecer la conservación de la biodiversidad.
En este contexto, el informe presenta una caracterización del estado de situación de la deforestación del Gran Chaco argentino, deteniéndose en sus impulsores directos e indirectos. Además analiza los aportes y desafíos en la implementación de la Ley N° 26.331, de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley de Bosques), y realiza recomendaciones de política.
La pérdida de bosques nativos representa a su vez una amenaza para los sistemas productivos, al reducir su resiliencia y al afectar la dinámica del agua en los ecosistemas. Por tal motivo, es necesario generar políticas públicas y promover la iniciativa privada, para introducir mejoras en los sistemas de producción a distintas escalas: desde el ordenamiento territorial hasta la implementación de mejores prácticas de producción que busquen conciliar la conservación del bosque con las prácticas productivas, potenciando ambos aspectos.
Con el informe, los expertos pretenden aportar una mirada analítica sobre estos desafíos, repasando las lecciones aprendidas en los últimos años, y brindando una orientación posible para un debate respecto al desarrollo sostenible de una de las regiones más relevantes y a la vez postergadas del país
Resumen del informe del BID
La creciente degradación de los ecosistemas pone en peligro, a nivel global, la biodiversidad y la seguridad alimentaria. En particular, se ha fortalecido la inquietud por el fuerte proceso de degradación de los ecosistemas boscosos en América Latina, que responde fundamentalmente al avance de la frontera agropecuaria, impulsado por una creciente demanda global de alimentos y otros bienes que produce el sector. La expansión agropecuaria es responsable, de hecho, del 70% de la pérdida de la biodiversidad terrestre (Convenio sobre la Diversidad Biológica).
Frente a esta situación, crece la demanda en los mercados globales por productos agropecuarios que cumplan criterios de sostenibilidad ambiental. Estos criterios abarcan desde sistemas voluntarios de certificación, que algunas empresas adoptan como obligatorios en sus cadenas de comercialización, hasta normativas formales por parte de determinados países o bloques como la Unión Europea (UE), que restringirá a partir de 2025 el ingreso de algunas materias primas agropecuarias provenientes de áreas deforestadas (Reglamento 2023/1115).
Así, uno de los grandes desafíos para las próximas décadas es asegurar una provisión sostenida de alimentos y de bienes y servicios agropecuarios para satisfacer las demandas globales, reduciendo el impacto ambiental negativo de estas actividades sobre el clima, el suelo, los recursos hídricos, la biodiversidad y la salud humana.
Lograrlo implica desafíos para las políticas públicas, los mercados y el sector productivo, que incluyen el desarrollo de tecnología y de incentivos adecuados para la incorporación de buenas prácticas en la producción y el ordenamiento territorial, entre otros temas.
En los últimos 20 años, los tres grandes ecosistemas forestales de Sudamérica sufrieron procesos de pérdida sustantiva de bosques nativos: la Amazonia perdió 37,1 millones de hectáreas, el Gran Chaco Americano 10,8 millones, y el Cerrado 11 millones (datos de MapBiomas). Pero, mientras que la Amazonia presentó la mayor pérdida absoluta de superficie forestal, el Gran Chaco Americano —segundo en extensión en la región— tuvo las mayores tasas de pérdida relativa.
Argentina, Paraguay y Bolivia comparten el 99% de la superficie del Gran Chaco Americano. Entre 2001 y 2020, Argentina registró una pérdida de 4,8 millones de hectáreas de bosque chaqueño, lo que representa el 7,2% de la superficie de dicho bosque en su territorio.
Esta tasa fue menor que las de Paraguay y Bolivia, que tuvieron pérdidas del orden del 18,2% (4,9 millones de hectáreas) y 35,6% (4,4 millones de hectáreas) respectivamente (GFW, 2020). En particular en Argentina, Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa: ocupa el 25% de su territorio y comprende el 60% de sus bosques nativos.
Entre 1996 y 2006 la pérdida de superficie de bosques nativos en esta región llegó a casi 2 millones de hectáreas. Este severo proceso de pérdida se desaceleró a partir de 2007, con la entrada en vigencia de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Ley de Bosques). En el período 2007-2022 la deforestación alcanzó los 3,7 millones de hectáreas (SAyDS 2007) y se mantuvo relativamente estable.
Sin embargo, en los últimos dos años de este periodo hubo un nuevo incremento, con una tasa promedio anual del 0,7% y un pico de 240.000 hectáreas de pérdida de bosques en 2020. Esto se debió a la fuerte incidencia de incendios forestales en esos años, donde la fuerte sequía tuvo una incidencia importante en la proliferación de fuegos normalmente utilizados como herramienta de manejo en los sistemas pastoriles.
Los incendios forestales fueron en 2020 la principal causa de pérdida de cobertura forestal en las cuatro principales provincias del Gran Chaco, y en 2022 explicaron el 35% de la pérdida total de bosques nativos a nivel nacional. Como consecuencia, se observó en este año un incremento sustantivo de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La deforestación ha generado un aumento importante en las emisiones nacionales.
La participación de las emisiones del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y cambio de uso del suelo en las emisiones totales del país subieron de 39% en 2018 a 45% en 2020. Dentro de esta categoría el cambio de uso de suelo (pérdida de cobertura vegetal) subió de 26% a 40% (datos de INGEI).
Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero explican el 85% de la superficie de bosques del Gran Chaco en Argentina y son las provincias que perdieron la mayor superficie de bosques en los últimos 15 años: del total de 3,7 millones de hectáreas perdidas en la región en el período 2007-2022, 3,2 millones (87,2%) corresponden a estas cuatro provincias.
Este proceso, se explica por una reconversión de la producción agropecuaria en la región. En las últimas décadas, parte del crecimiento de la producción de cereales y oleaginosas se dio a través de un proceso de expansión del área de siembra hacia zonas hasta entonces marginales del Gran Chaco, con el consecuente reemplazo de bosques nativos y otros ecosistemas por áreas de cultivo.
Se estima que entre 1990 y 2022 la superficie de siembra del Gran Chaco creció un 297%, muy por encima de la evolución observada a nivel nacional (100%) y en la región pampeana —Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos— (89%). Además, entre 1980 y 2020 se relocalizaron más de 8,6 millones de cabezas desde áreas ganaderas en la región pampeana hacia la región del Gran Chaco o hacia sistemas más intensivos de producción (feedlot), lo que liberó unos 6,6 millones de hectáreas originalmente de uso pastoril para uso agrícola.
Entre 2008 y 2020 el ganado en la región del Gran Chaco creció un 17% (1,6 millones de cabezas), mientras que el stock ganadero nacional y en las tres principales provincias de la región pampeana (Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba) se redujo un 2% en el mismo período.
La Ley de Bosques sancionada en Argentina estableció un nuevo marco regulatorio nacional. Su sanción dio lugar a una serie de normas provinciales complementarias para implementar los instrumentos de la Ley, que constituyen la actual política forestal nacional relacionada con bosques nativos.
Entre los principales instrumentos están el Ordenamiento territorial de los bosques nativos (OTBN) y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos (FNECBN).
La Ley establece la obligatoriedad para todas las jurisdicciones provinciales de desarrollar planes de OTBN, de cinco años de vigencia, que deben ser participativos y atender a una serie de pautas y criterios específicos. Una de estas pautas es la “no regresión”, es decir, que no se puede cambiar la categoría de un bosque por otra de menor protección para autorizar desmontes.
Como resultado de los OTBN, toda la superficie de bosques nativos en Argentina (53,2 millones de hectáreas) está ordenada en tres categorías: categoría I (rojo), que representa el 19% de la superficie total; categoría II (amarillo), el 60%; y categoría III (verde), el 21%. El FNECBN, por su parte, tiene como objetivo compensar a las jurisdicciones que conservan los bosques por los servicios ambientales que estos brindan. La Ley define su conformación con aportes del tesoro nacional que no pueden estar por debajo del 0,3% del Presupuesto Nacional, a lo que se adiciona un 2% de las retenciones a las exportaciones agropecuarias.
Si bien el FNECBN se encuentra en práctica y desde el 2010 tuvo asignación específica nunca logró alcanzar el mínimo de asignación establecida por ley y una parte importante de estos recursos han sido destinadas al apoyo de sistemas silvopastoriles en áreas de bosque categoría amarilla que en la práctica se han traducido en desmontes ilegales. Tras 15 años de vigencia, la Ley de Bosques ha representado un gran avance en materia de conservación.
Entre sus logros se destacan la reducción de la tasa de deforestación, la asignación de recursos para la implementación de la norma, el establecimiento de un mandato más ordenado de control y fiscalización, el fortalecimiento de las autoridades de aplicación de la ley, la mejora progresiva en los mecanismos para el monitoreo de la situación de los bosques a partir del OTBN, y el establecimiento de un marco administrativo para la gestión de los bosques en todo el territorio.
Principales recomendaciones
No obstante, persisten importantes desafíos para su cumplimiento adecuado y para la integración de la actividad productiva con la conservación del medio ambiente, en el cual se desarrolla. Entre ellos se puede destacar, en primer lugar, la necesidad de garantizar la plena implementación de la Ley y sus instrumentos, en particular en materia de financiamiento, ordenamiento territorial y desarrollo de herramientas ágiles para una gestión efectiva y para inhibir prácticas delictivas de desmonte ilegal.
En segundo lugar, la necesidad de adoptar modelos de producción integrados al bosque, ya sea por la gravedad de las consecuencias de la pérdida de bosques —incluyendo la escasez de agua— o bien para asegurar el cumplimiento de las normas comerciales internacionales asociadas a criterios ambientales.
El desempeño forestal del Gran Chaco argentino deja claro que para superar estos desafíos es preciso trabajar en dos dimensiones. Por un lado, en una mayor y más efectiva aplicación (enforcement) de la Ley de Bosques a nivel nacional y provincial.
Por otro, en la generación de actividades sustentables de desarrollo productivo para las áreas con cobertura de bosques nativos, con el fin de ofrecer al productor una alternativa a la producción convencional agrícola-ganadera, basada en el reemplazo del bosque nativo, y el desarrollo de tecnologías de buenas prácticas y su extensión.
Lograr lo anterior requiere de una política integral que aborde ambas necesidades, la cual puede estructurarse en seis acciones centrales:
- Fortalecer la aplicación de la Ley de Bosques. Si bien pasaron 15 años desde su sanción, la aplicación plena de la Ley aún requiere mayor efectividad, entre otros aspectos a mejorar, a partir de la actualización de los Ordenamientos Territoriales de los Bosques Nativos (OTBN) en todas las jurisdicciones, y del fortalecimiento de los mecanismos de control y fiscalización.
- Promover la investigación y desarrollo (I+D): es esencial encontrar soluciones económicas sostenibles para la producción en áreas boscosas, adaptadas a distintos perfiles de productores. Avanzar hacia la reconversión de tierra degradada en área productiva nuevamente y promover un fuerte proceso de investigación y desarrollo (I+D) aplicado a resolver los problemas de producción en áreas con bosques nativos, para encontrar alternativas económicas eficientes para que los productores adopten un manejo sostenible del paisaje forestal.
- Implementar un sistema de trazabilidad: Garantizar que las cadenas productivas de la región estén libres de deforestación es crucial para mantener y desarrollar mercados internacionales, cumpliendo con las crecientes exigencias ambientales. Hay que promocionar un sistema de trazabilidad de las cadenas productivas de la región para el desarrollo de mercados. Para mantener mercados de exportación, y para ello, será importante que pueda comprobarse que las cadenas están libres de deforestación, por lo que será esencial implementar sistemas de trazabilidad de los productos, desde el origen hasta su comercialización.
- Reforzar la política de prevención y control de incendios: Dado el riesgo creciente asociado con la sequía y el uso de fuego para la preparación de tierras, es imperativo mejorar la infraestructura, el equipamiento y la articulación interjurisdiccional para combatir los incendios. Se recomienda fortalecer la política de prevención y control de incendios en la región y la penalización de las prácticas de uso de fuego. Se recomienda, también, la aplicación de multas que desincentiven el fuego para la preparación de áreas para pastoreo, en especial si se considera el contexto de aumento de sequías prolongadas, que son combustible para los incendios.
- Promover un debate legislativo para establecer un marco penal para la deforestación ilegal. Es necesario trabajar en el debate legislativo para establecer un marco penal para la deforestación ilegal. Una norma en este sentido debería tener un fin persuasivo que no llega a tener hoy el derecho administrativo, ya que el incumplimiento de Ley de Bosques puede ser saldado con una multa o sanción que resulta insuficiente para evitar estas conductas.
- Impulsar instrumentos financieros que promuevan la conservación. Dado que los recursos públicos no son suficientes para mantener los ecosistemas y los servicios ecosistémicos debidamente preservados, se recomienda la creación de marcos normativos habilitantes de instrumentos financieros que promuevan la sostenibilidad ambiental. Estos pueden ser los pagos por servicio ambiental (PSA) para promover la conservación, o bien bonos de carbono y de biodiversidad, o bancos de hábitat, entre otros, para apalancar recursos privados con el mismo fin.
