| Medio ambiente |
Las ONGs y Fundaciones definen la política sobre las áreas protegidas y parques nacionales y manejan el financiamiento de la cooperación externa sin conocimiento estatal. BOLIVIA (Por Freddy Morales V, Octubre 2006).- La nacionalización de las áreas protegidas y parques nacionales, entendida como el control pleno del Estado sobre los recursos de la biodiversidad que tiene el país, es una necesidad urgente, según la experta, Patricia Molina, del Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE). La iniciativa de “nacionalizar” parques nacionales y áreas protegidas ya fue lanzada por el presidente, Evo Morales, en el marco de un plan destinado a proporcionar mayor protagonismo a los pueblos indígenas, en el cuidado de la riqueza renovable del país. “Nacionalizar las áreas protegidas es una necesidad, a partir de que estas áreas, bajo una especie de gestión internacional se han ido convirtiendo en territorios que estaban controlados por ONGs internacionales o la cooperación internacional, donde el Estado estaba perdiendo, efectivamente, soberanía. Esto no ocurre sólo en Bolivia, en realidad es una forma de gestión. Viene de una vieja discusión sobre si determinadas áreas o aspectos son patrimonio de la humanidad o no, lo que fue resuelto en “Río 92”, bajo el criterio de que los países son dueños de sus patrimonios de biodiversidad. Pero, se idearon nuevas fórmulas a partir del financiamiento internacional, que han hecho que estas áreas fueran perdiendo control del Estado nacional. Es una necesidad, aunque falta profundizar las ideas, profundizar lo que significa la nacionalización de áreas protegidas y eso pasa por el control del ejercicio del Estado. Esto ha sido mal manejado o manipulado, con el argumento de que no se puede nacionalizar nada, porque ahí viven pueblos indígenas, pero sí se puede y debe nacionalizar el control efectivo de la gestión de esas áreas. En el Ministerio de Hidrocarburos hemos visto que los máximos ejecutivos o venían de empresas petroleras o se iban a empresas petroleras. En el SERNAP pasó lo mismo, la mayor parte de los ejecutivos o han venido de Conservación Internacional (CI) o se han ido a Conservación Internacional y eso no es un buen síntoma. Se requiere trabajar más en consolidar estas áreas, en que la población entienda que es una forma de establecer usos permitidos que no apuntan a la propiedad, cualquiera puede tener una propiedad si se ajusta a esos usos definidos como áreas estratégicas, las cabeceras de cuencas, las recargas de ríos, que tendrán incidencia en recursos que el país a futuro podrá ir explotando. O.: ¿Qué gana el Estado con una decisión de este tipo? PATRICIA MOLINA (PM): El control de los recursos de biodiversidad que son tan importantes, porque son los recursos de la nueva tecnología, no sólo de la farmacéutica, de la agroquímica, sino de las armas biológicas, de la nanotecnología y estas industrias relacionadas a la mezcla de los microchips con formas de vida a nivel celular. Los nuevos recursos de las nuevas tecnologías hacen uso de la biodiversidad y esos recursos deben ser entendidos en todo su potencial y ser valorizados y controlados por los Estados nacionales. O.: Esa responsabilidad ahora está bajo control de las ONGs y Fundaciones, ¿el Estado tiene alguna forma de fiscalización? P.M.: La pérdida del control va más allá de la administración de una ONG o una Fundación. Las políticas son establecidas fuera del país que determinan los planes estratégicos, el financiamiento a qué áreas, qué investigación se hacía y el destino de las investigaciones. Hay un absoluto descontrol de la información sobre las áreas protegidas. Cualquier institución o universidad viene, hace una investigación y se la lleva y eso va a servir de insumo para la industria, pero no queda registrada en el país y luego da lugar a patentes y otras formas de propiedad intelectual. Ese es un primer control, las políticas de lo que se hará con la biodiversidad, son recursos estratégicos y las políticas sobre su conservación tienen que ser establecidas por el propio Estado y no por los financiadores. Los financiadores será invitados a que financien aquello que se ha decidido hacer, lo mismo se hablaba del plan de desarrollo. En relación a quien administra las áreas, dada la legislación actual, hay la posibilidad de delegar la administración a una institución, pero el Director del Parque seguía siendo nombrado por el mismo Estado. Ahora, si toda la gestión depende de una ONG, por más que el director lo nombre, el Gobierno implica que el Director se va a deber a quién lo financia. Hay que plantear el valor de los recursos que están en juego y no pueden ser manejados por intereses extraños. Hay un gran interés de ciertas cooperaciones que trabajan en la amazonía, considerada la zona de mayor diversidad del mundo, pero en realidad la zona de mayor diversidad del mundo es la amazonía andina, donde se sitúa el 78 por ciento de nuestro territorio. O.: ¿El Estado tiene capacidad para asumir esta responsabilidad? P.M.: Lo que tiene que hacer el Estado es tener clara la idea de lo que quiere, de acuerdo a lo que ha planificado. Antes, la planificación nacional se hacía en Washington. Ahora, para eso se creó un Ministerio de Planificación, para hacer aquí la planificación. Después de años de haber sido manejado de manera subordinada, no se han generado capacidades, pero eso es un proceso de largo plazo. Fue así cuando se creó YPFB. O.: ¿Cuánto del territorio nacional es parque o reserva forestal? P.M.: Se dice que el 11 por ciento, pero parte de eso es, también, Territorio Indígena. Se dice que son áreas como cercadas y no es así, el área protegida sólo establece formas de uso y hay una gestión que establece formas de uso para actividades, por ejemplo, de baja intensidad y otras. No son áreas fiscales, partes de las áreas protegidas son fiscales. Cuando hablamos de áreas protegidas del sistema nacional no hablamos de áreas protegidas privadas, que es otra categoría en la que se intenta avanzar, para encontrar otra forma de cumplir la función económica social y mantener el acaparamiento de tierras. Fuente: Portal Opinión
