Ley 25.080: “Se conculcó el derecho a gozar del beneficio de Estabilidad Fiscal”, aseveró Nicolás Carusoni

Entrevista al Ctdor. Nicolás Carusoni, tesorero y presidente de la Comisión de Impuestos de AFoA

Esto es lo que sienten los empresarios del sector ante las medidas restrictivas de la Secretaría de Agricultura de la Nación para gozar de los beneficios de la ley. “La suspensión de los derechos a la exportación -que espero se restituyan pronto-, más la obligación de constituir garantías en una ley que, si bien exige garantías previas, no aclara si son tributarias o de cumplimiento del proyecto, hace que evidentemente estemos –los que gestionamos proyectos forestales-, en un polo opuesto al pensamiento de las autoridades”, explicó Carusoni.

Fuente: Revista ArgentinaForestal.com Nº24

NOVIEMBRE 2005.- La Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, fue un punto en común en el debate de cada una de las comisiones del 3er. Congreso Forestal Argentino y Latinoamericano desarrollado en septiembre pasado –organizado por la Asociación Forestal Argentina (Afoa) con apoyo del gobierno de Corrientes-; incluso, tuvo su propio capítulo aparte en una de las comisiones donde estuvo más caldeada la discusión, la de Política, que derivó en la organización paralela de un foro de análisis de la normativa, de donde emanó un puntilloso diagnóstico sobre los inconvenientes en la aplicación de la misma y propuestas para solucionar estos obstáculos (tanto en la instrumentación como en la interpretación de esta herramienta de promoción).

Más allá de las conclusiones finales a las que se arribó en el Congreso, y que se dieron en forma consensuada en el plenario final, la discusión giró en torno a seis ejes:

a) Situación actual de la ley 25.080: Problemas de implementación e interpretación. Causas y consecuencias.

b) El aporte económico no reintegrable (contemplado dentro de la 25.080 y por el cual se subsidian parte de los costos de plantación), las demoras en su pago, las causas de las mismas y las consecuencias sociales.

c) La estabilidad fiscal.

d) La Resolución 260/474 (disposición por la cual se exigen garantías), objeto y retroactividad. e) Situación de las provincias.

f) Prórroga de la vigencia de la ley. El debate fue extenso, y participaron tanto profesionales, como representantes de entidades intermedias, empresarios, técnicos y autoridades gubernamentales de varias provincias.

En ese marco, Nicolás Carusoni, tesorero y presidente de la Comisión de Impuestos de la Asociación Forestal Argentina, y coordinador de la Comisión de Legislación del 3er. Congreso Forestal, analizó las debilidades de la 25.080 y reflejó su visión sobre los problemas de aplicación e interpretación de la normativa, la cual fue compartida ampliamente por los participantes. “En los proyectos de estabilidad fiscal se nota que hay un problema de gestión muy grave, cuestión que fue advertida por los forestales desde hace mucho tiempo, y esto es por falta de personal con un alto grado de profesionalismo y que entienda del sector”, enfatizó.

En cuanto al incentivo económico para fomentar las plantaciones, el especialista remarcó que hay problemas de implementación desde todos los estamentos, el sector privado, las provincias y, por supuesto, la Nación.

En declaraciones a Argentina Forestal.com, el contador Carusoni se refirió a cada uno de los puntos de la Ley de Bosques Cultivados, donde se está produciendo la “antipromoción”.

AF:¿Cuáles son sus principales conclusiones respecto a la actual situación con los subsidios?

Con el apoyo económico no reintegrable hay una visión de los empresarios de que lo perciben mucho más tarde de lo que legalmente les corresponde, y la causa principal de ese hecho, es la forma de gestionar los proyectos forestales en las provincias y la Nación. La pregunta o reflexión que cabe acá es si cada uno de los cuatro pilares que tiene el sector (el empresariado, las provincias, la Nación y los profesionales) realmente cumplió con sus obligaciones… Lo cierto es que hay problemas de implementación de parte de los empresarios; en las provincias por falta o escasa capacidad de gestión –por ejemplo, hay demora manifiesta en el traslado de los expedientes de las jurisdicciones provinciales a la Secretaría de Agricultura-; y en la Nación, que continúa influenciada por las denuncias a la autoridad de aplicación de la 25.080 por supuestas “irregularidades” en la gestión, con lo cual cada vez que se recibe un expediente o información complementaria de las provincias, se pone especialmente exhaustiva en su revisión.

Todo esto hace que empresarios y productores vean que la percepción real de su subsidio no se da a los 18 meses de haber comenzado a plantar, como prevé la ley, sino dos o tres años después. Evidentemente, hay muchos productores que se vieron afectados con la devaluación de los últimos años, ya que se generaron perjuicios económicos, además de los financieros.

Hubo una propuesta en la Comisión de Legislación, de que las provincias se hagan cargo de lo que se distribuye, con un listado a entregar a la Nación, debiendo esta última enviar los fondos y realizar auditorías.

 

AF: Sería descentralizar la operatoria, quedando la Nación con el rol de auditor…

Esa fue una de las propuestas, pero no tengo claro si ése fue el espíritu de la ley… Entiendo que cuando los legisladores la aprobaron, en el año 1998, la ley era integradora de los tres ámbitos, y cada uno debía cumplir en tiempo y forma sus obligaciones. Ahora, la realidad ha traspasado a ese espíritu y las causas fueron y son múltiples. También hay otra visión sobre el tema, la cual tendríamos que estudiar en el futuro, y la misma radica en pensar sobre si tendrían que convivir bajo una misma ley, los beneficios para pequeños productores, con los beneficios para empresas medianas a grandes. Es muy difícil que la administración pública -tanto provincial como nacional- tenga los cuadros administrativos en una misma área, para dar respuesta a la problemática del pequeño productor y a la del gran productor o gran empresa, y éste es uno de los problemas que salió a la luz en este Congreso.

Una propuesta para el futuro, si es que la ley se prorroga, sería que hagamos una separación entre lo que es la legislación que regla sobre el aporte económico no reintegrable, con la otra problemática, que es la estabilidad fiscal y el tratamiento fiscal para inversiones. Entonces sí habría cuadros distintos en la administración para cada uno de esos ámbitos, con lo cual se daría respuesta mucho más rápida, y ésta también fue una necesidad planteada durante el Congreso organizado por Afoa.

Los dos temas son prioridades. Ahora bien, si miramos la realidad de jurisdicciones como Misiones o Corrientes, considero fundamental que se tenga en cuenta el aspecto social de la ley, el cual apunta al pequeño productor, minifundista, etcétera. Esto es esencial. Pero también es cierto que en estas dos provincias hay empresas grandes con proyectos a los cuales también hay que atender. Entonces, estos son los principales nudos que encontramos en los problemas de implementación e interpretación en la ley 25.080.

También hubo una propuesta que tuvo muchas adhesiones, aunque luego fue descartada para las conclusiones finales del Congreso, y fue la de implementar la función de un “gerenciador” de la 25.080 en la Secretaría de Agricultura, que surja del consenso sectorial, e incluso que los empresarios colaboren en la financiación de esta nueva figura.

 

AF:¿Cómo vio usted esta iniciativa?

A mí la figura del “gerenciador” no me gusta. Puede ocasionar muy malos entendidos. Creo que tiene que haber alto grado de gestión y excelencia en los cuadros de la administración, y preparados para dar respuesta a las necesidades del sector forestal. En todo caso, el planteo pasa por ¿cómo debe ser la colaboración que podemos dar desde el sector privado?

Entonces, la respuesta es sencilla, la ayuda que podemos darle a la autoridad de aplicación o al sistema es hacer las presentaciones cumpliendo en tiempo y forma con todos los requisitos de la ley y las resoluciones, y ése debe ser nuestro mayor y principal aporte. Pero, de ninguna manera creo que el sector forestal debería estar soportando los costos de esta gestión, o los gastos de honorarios para solventarla y, menos aún, a través de la figura de un “gerenciador”, además de las suspicacias que esto generaría. Lo que sí creo que sería un factor fundamental para arreglar una parte de los problemas, es que los empresarios y productores realicen sus presentaciones con profesionales altamente capacitados, que reúnan tal calidad de excelencia que sus presentaciones no admitan discusiones u observaciones posteriores.

Por el otro lado, los estados provinciales y municipales deben contar con los cuadros profesionales idóneos para dar respuesta rápida, y resolver los expedientes en forma precisa y sin demoras para elevarlos a la Nación. Pero en la actual situación no se puede seguir. El “costo de espera” recae sólo en una de las partes, cuando en realidad éste debería ser equitativo en cada uno de los estamentos, esto significa que estamos gestionando muy mal la ley forestal.

 

AF:¿Cuáles son los principales planteos con respecto al beneficio de estabilidad fiscal?

Con respecto a la estabilidad fiscal, uno de los puntos tiene que ver con la emisión de los certificados para que se “acredite” el beneficio a las empresas. Los certificados de Estabilidad Fiscal emitidos por la autoridad de aplicación, esto es la Sagpya, implican formular un documento con el mayor grado de análisis, claridad y certeza posible, de cuáles son los impuestos, tasas y contribuciones que gravan el proyecto forestal, y los requisitos de emisión de estos certificados, pero también se requiere de mucha claridad en cuanto a cuáles son los requisitos que la Nación exige o va a exigir.

La emisión de los certificados tienen que “jerarquizarse”, no deberían emitirse por nota de la Secretaría de Agricultura como sucedió anteriormente, sino que deben emitirse a través de una resolución fundada, estableciendo cuáles son los derechos y obligaciones que emanan de ese certificado, al cual se le debería dar un rango de documento público, y los mismos tendrían que ser publicados en el Boletín Oficial, de esta forma se sabrá claramente qué beneficio tiene tal o cual empresa.

Hemos propuesto en el seno de la Comisión de Legislación del 3er. Congreso Forestal, que se expidan tres certificados para cada uno de los ámbitos tributarios, que reúnan los requisitos que mencioné anteriormente. Ahora, si nos atenemos a lo que pasa en la actualidad, entre las empresas del sector y el beneficio de la estabilidad fiscal, entonces debo decir que para mí se ha conculcado el derecho de seguir gozando de este beneficio.

Esto es lo que sienten los empresarios, la suspensión de los derechos a la exportación, más la obligación de constituir garantías en una ley que, si bien exige garantías previas, no aclara si son tributarias o de cumplimiento del proyecto, por lo que evidentemente estamos en un polo opuesto al pensamiento de las autoridades. Cuando se menciona que los forestales tenemos una ley parecida a la ley minera, en cuanto a la estabilidad fiscal, yo soy tajante: la ley minera no exige garantías, entonces los forestales no somos tratados de igual forma.

Por otra parte, la Sagpya tuvo oportunidad -a partir de marzo del año 1999- de dictar una resolución parecida, o distinta, a la actual 260; en ese momento nos podríamos haber sentado a ver qué tipo de garantía iban a solicitar, si eran tributarias o de cumplimiento del proyecto, ya que se hubiera presentado una cuestión fáctica, que es si la garantía hay que darla a partir de la aprobación del proyecto, y cuya base de cálculo es la tributaria; mal podríamos dar una garantía sobre un impuesto que no se debe, porque todavía no se perfeccionó o constituyó el hecho imponible.

Si el bien jurídico tutelado es la recaudación de los impuestos, en el momento de la aprobación de los proyectos, tal “bien” no existe, ni aún en expectativa. De esta forma, es ilógico pensar que las garantías a otorgar lo son respecto a lo tributario; sí deberían otorgarse sobre el monto comprometido de inversión de los proyectos, siendo este tema lo que tenemos que revisar con las autoridades.

Entonces, me parece que también la Resolución 260 excede el marco de lo que quiso decir la ley, pues está reglamentado y haciendo decir algo a la ley, que en la misma no se dice. Tengo conocimiento que al día de la fecha, algunas empresas han constituido las garantías, pero no quiere decir que las hayan constituido convencidas de que es una obligación legal. Considero que es más por temor a lo que puede venir.

Este tema fue materia de debate en el seno de la Comisión de Legislación, y esperamos que las autoridades se hagan eco de este problema, y empecemos a analizar qué tipo de garantías exige el artículo 27 de la normativa. Otro tema tratado fue la retroactividad. Las leyes, en el orden público, tienen vigencia a partir de su publicación. El código civil dice que puede ser retroactiva pero no tiene que conculcar derechos adquiridos; las autoridades nacionales deberían sentarse a recapacitar sobre este tema y no agregar un problema más a la actual situación de incertidumbre, todo lo cual va en detrimento de las inversiones y de la tranquilidad del sector. negrita/Con respecto a la vigencia de la 25.080, hay una intención de trabajar desde la Sagpya en una nueva ley forestal, incluso Agricultura convocó a la Afoa para esto…

 

AF: Cuando el sector plantea la prórroga, ¿habla de continuar con lo que tenemos, o empezar de cero?

En ese sentido, soy un convencido de que primero tenemos que arreglar los problemas existentes de aquí al 2009 (año en que expira la vigencia de la ley 25.080), esto implica solucionar los inconvenientes de implementación –que, principalmente, son los que mencioné anteriormente-, a los cuales también se sumaron problemas de interpretación. Sobre este último aspecto, por ejemplo, los empresarios no tienen la certeza de saber qué significa tener un proyecto aprobado bajo la ley 25.080. ¿Qué parte y componentes de sus proyectos están comprendidos dentro de los derechos y obligaciones que emanan de la ley?. Ésta es la cuestión más importante a definir.

Por eso hemos propuesto ante el 3er. Congreso Forestal, las modificaciones reglamentarias que permitan definir claramente a los emprendimientos forestales y/o foresto-industriales amparados por la ley, incluyendo aquellos que prevean inversiones en plantaciones e industrias existentes. La otra cuestión debatida es que la 25.080 es una ley de fomento forestal y no industrial. Como consecuencia de ello, “el árbol es el corazón de la ley”.

Entonces, cuando comenzamos a hablar de ampliar, transformar, o reformular proyectos, en la medida que yo mantenga vigente el corazón de la ley que es el árbol, y a la madera la transforme en sillas, casas, muebles, tablas, vigas, etcétera, estoy transformando con mayor tecnología y valor agregado el corazón de la misma ley. De esta forma, nosotros hemos sometido a análisis y discusión de la Comisión de Legislación del 3er. Congreso Forestal, que esto no debe ser considerado un nuevo proyecto -como muchos de los casos planteados en la realidad-, sino que el hecho de incorporar más valor agregado a la madera y a las industrias radicadas en las provincias, no debe ser tratado como un nuevo proyecto, sino que estas modificaciones tienen los mismos derechos y obligaciones tributarias que los que corresponden al proyecto original.

Esto es fácil de entender cuando uno estudia los dictámenes y tratamientos parlamentarios y comprende la voluntad de los legisladores, con el tratamiento de lo que posteriormente se plasmó en la ley 25.080. Votaron y promulgaron -con la aceptación unánime de todos los bloques- una ley de fomento forestal, no industrial. No puede ser que me obliguen por 30 años a fabricar sillas –si ese fue el proyecto original-, si los nichos de negocios, exportación o tecnología, hacen que yo deba transformar mi proyecto, pero siempre con la base forestal, ese es el objetivo; pero no por eso he cambiado el proyecto, en todo caso lo que hice fue reformularlo.

Cuando pedimos la prórroga de la ley, no sé si es con estas mismas condiciones; pero sí digo que debe tratarse la prórroga de la vigencia de la “decisión activa” del Estado de seguir fomentado a la industria forestal, y en este aspecto, lo que hay que garantizar es la continuidad.

Por eso, en la Comisión de Legislación del 3er. Congreso se planteó la necesidad de que el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo Nacional establezcan una política de fomento a la actividad forestal sostenible en el tiempo. Una vez garantizada la misma, se verá si es con esta legislación o con otra, adecuada a las nuevas circunstancias. Pero no hay que perder de vista lo más importante: que sí se debe seguir fomentado la radicación de plantaciones e industrias, porque ése es el futuro de nuestros hijos.

 

Fuente: Revista ArgentinaForestal.com Nº24

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