La entidad que nuclea a la APICOFOM y la AMAYADAP, respaldó el documento consensuado durante la reunión convocada el pasado 7 de julio sobre la preocupación por temas vinculados al uso de suelo, permisos de planes forestales y certificados de bonos de carbono a propietarios de bosques nativos. Desde la APICOFOM por su parte, se advirtió que algunas normativas provinciales afectan la competitividad de las actividades productivas. Solicitó revisar el Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), la prohibición del glifosato y fortalecer los espacios de diálogo con el sector privado.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (15/7/2026).- La Asociación de Productores, Industriales y Comerciantes Forestales de Misiones y Norte de Corrientes (APICOFOM) expresó su adhesión al documento elaborado por productores y empresarios del sector foresto-industrial y agropecuario durante la reunión convocada por la Asociación de Madereros, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAYADAP) la semana pasada en Eldorado, y exhortó al Gobierno de Misiones a priorizar «el camino del diálogo y la producción» para recuperar la competitividad y promover nuevas inversiones.
A través de un comunicado institucional, la entidad maderera manifestó su preocupación por distintas normativas provinciales que, a su entender, condicionan el desarrollo de las actividades productivas y generan mayores dificultades para un sector que atraviesa un contexto económico complejo.
«Consideramos indispensable y urgente revisar las medidas que impactan directamente en el día a día de nuestro trabajo», expresó Guillermo Fachinello, presidente de APICOFOM y la Confederación Económica de Misiones (CEM), al señalar dos temas que considera prioritarios.
En diálogo con ArgentinaForestal.com, el empresario maderero cuestionó la creación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA) donde solo se contempla a los propietarios de bosques nativos, es discrecional y arbitrario, porque no contempla a todos los ocupantes ilegales e intrusos que desmontan en toda la cuenca del Alto Uruguay, y sobre los cuáles, no le cabe ninguna sanción, generando una desigualdad con el propietario que tiene en regla su actividad y que solicita en el marco legal un permiso de uso de suelo, que encima tardan años en otorgar y si encuentran una infracción aplican una multa a criterio de Asuntos Jurídicos elevadísimas, muchas veces por temas administrativos. Es una traba más este registro para los forestales. No está claro el sistema ni su implementación, y entendemos que no podemos dejar a criterios de quien esté a cargo de la gestión de contralor el ingreso al registro digital implementado por el Ministerio de Ecología de Misiones para centralizar sanciones y expedientes administrativos vinculados a infracciones ambientales», remarcó.
Para los empresarios madereros de APICOFOM esta herramienta «solo aporta más burocracia a un enmarañado sistema de obstáculos a la producción» y afirmaron que, mientras el sector privado busca alternativas para superar la crisis, «el Estado provincial consolida una política que va en contra de ese objetivo».
Asimismo, APICOFOM planteó la necesidad de revisar la vigencia de la prohibición del uso del glifosato en la provincia. Según indicaron, la medida fue adoptada «de manera inconsulta con los actores técnicos y productivos del sector», por lo que consideraron necesario abrir un proceso de análisis basado en evidencia científica y en el consenso entre los distintos actores involucrados.
«La definición de alternativas viables y la evaluación del impacto real sobre los costos y la productividad deben darse en un marco de consenso científico y operativo para no restarnos competitividad», señalaron.
Diálogo y previsibilidad
En su pronunciamiento, la APICOFOM sostuvo que resulta «necesario un urgente cambio de actitud del gobierno provincial hacia el sector productivo» y remarcó que el desarrollo de Misiones depende del fortalecimiento de la producción y la industria.
En ese sentido, Fachinello instó al Gobierno provincial a mantener «canales de diálogo abiertos, dinámicos y resolutivos», evitando demoras burocráticas en temas que consideran críticos para sostener la inversión y el empleo.
«La forestoindustria y el sector agropecuario son los verdaderos motores de la economía misionera. Ponemos a disposición toda nuestra capacidad técnica y de gestión para trabajar codo a codo en una agenda de desarrollo sustentable que proteja el empleo, la inversión y el futuro de nuestra provincia», expresan desde APICOFOM.
Respaldo al documento consensuado en AMAYADAP
La adhesión de APICOFOM surge tras la reunión realizada el 7 de julio en la sede de AMAYADAP, en la que participaron más de cincuenta productores, empresarios, propietarios de tierras, profesionales, asesores técnicos y representantes del sector foresto-industrial y agropecuario.
El encuentro fue encabezado por el empresario Alfredo Gruber, titular del establecimiento Don Guillermo y referente histórico de la entidad, y contó además con la presencia de los diputados provinciales Ramón Amarilla y Miguel Núñez, invitados para escuchar los planteos del sector.
Como resultado de la jornada, los asistentes consensuaron un documento en el que solicitaron al Gobierno de Misiones avanzar hacia una agenda basada en el diálogo, la previsibilidad y la seguridad jurídica, al considerar que el actual escenario genera incertidumbre para las inversiones de largo plazo.
«Quienes producimos y generamos empleo genuino a través de la actividad agropecuaria y forestal necesitamos reglas claras, decisiones consensuadas y políticas que promuevan la producción», expresaron durante el encuentro.
Los participantes coincidieron además en que resulta necesario fortalecer los mecanismos de consulta con los sectores productivos antes de implementar nuevas regulaciones, con el objetivo de construir políticas públicas que compatibilicen la protección ambiental con el desarrollo económico y la generación de empleo.
La Confederación Económica de Misiones (CEM) respalda los reclamos de la AMAYADAP y APICOFOM solicitando la eliminación del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA) -Resolución 182/26- anunciado recientemente por el Ministerio de Ecología de Misiones.
Además de condicionar la competitividad de las actividades productivas en Misiones, esta normativa penaliza la actividad productiva al momento de incorporar al registro a personas o empresas con expedientes administrativos aún sin resolución definitiva.
Para acompañar este reclamo la CEM solicitó formalmente una reunión de carácter urgente con el Ministro de Ecología de la Provincia para resolver esta cuestión y abordar otras que también paralizan, obstaculizan y burocratizan la producción e industria agropecuaria y forestal, pilares de la economía misionera (prohibición del glifosato, Programa Jurisdiccional JNR REDD + y restricciones y demoras en Permisos de Uso de Suelo).
Esta solicitud se suma a otras ya realizadas anteriormente, en las que la CEM insta al Gobierno Provincial a crear y sostener espacios de diálogo sólidos, permanentes y resolutivos, capitalizando el expertise de productores y empresarios pyme para diseñar alternativas viables, con impacto positivo para el sector.
Ecología analizará los planteos del sector productivo en una mesa técnica-jurídica del RePIA
Este martes se llevó a cabo una reunión en el Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables para abordar las inquietudes planteadas por representantes del sector de la madera y analizar los alcances del Registro Provincial de Infractores Ambientales (RePIA), recientemente reglamentado. Como resultado del encuentro, se acordó conformar una mesa técnica-jurídica que tendrá el objetivo de analizar los planteos presentados y profundizar los aspectos vinculados a la implementación del sistema.
De la reunión participaron el ministro de Ecología, Martín Recamán; el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Lucas Russo; el director general de Bosques Nativos, Milton Morán; la directora general de Asuntos Jurídicos, Antonella Bortolotti; y el coordinador del Programa de Créditos de Carbono, Augusto Abdulhadi. En representación de la Asociación Maderera, Aserraderos y Afines del Alto Paraná (AMAyADAP), participaron el diputado provincial Miguel Núñez (PRO) y el abogado Fernando Acosta.
Durante el encuentro, los representantes del sector maderero expusieron cuestionamientos vinculados al alcance de la Resolución Nº 182/26, particularmente respecto de las garantías del debido proceso, la presunción de inocencia, las facultades para su dictado y la interpretación de algunos aspectos de la reglamentación.
En ese marco, las autoridades del Ministerio brindaron precisiones sobre el funcionamiento del registro y acordaron abrir una instancia de trabajo técnico para analizar cada uno de los planteos.
Desde el Ministerio se explicó que el RePIA no crea nuevas infracciones ni modifica el régimen sancionatorio vigente, sino que constituye una herramienta administrativa destinada a centralizar en una única plataforma digital la información sobre sanciones ambientales firmes, con el objetivo de agilizar los trámites, fortalecer la transparencia y brindar mayor previsibilidad a quienes realizan gestiones ante el organismo.
Asimismo, se aclaró que el registro no incorpora denuncias, actuaciones preliminares ni expedientes en trámite. La inscripción se realiza únicamente cuando existe una sanción administrativa firme, una vez finalizado el procedimiento correspondiente y garantizado el derecho de defensa.
También se informó que el sistema alcanza a personas físicas y jurídicas sancionadas por infracciones ambientales, cualquiera sea la actividad que desarrollen, y que sus efectos administrativos se limitan exclusivamente a autorizaciones, programas, beneficios y trámites gestionados por el Ministerio de Ecología.
Además, contempla mecanismos de regularización: una vez cumplidas las sanciones y las medidas de remediación correspondientes, cesan los efectos administrativos de la inscripción, mientras que el antecedente se conserva únicamente para el seguimiento de eventuales reincidencias previstas por la normativa.
No obstante, la mesa técnico-jurídica prevista para las próximas semanas dará continuidad al trabajo iniciado durante este encuentro, consolidando un espacio de diálogo entre el Ministerio de Ecología y el sector maderero. El objetivo es acompañar la implementación de una herramienta orientada a agilizar los trámites ambientales, fortalecer la transparencia, brindar mayor previsibilidad a los administrados y consolidar una gestión pública más eficiente.
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