Fue publicado en la revista científica Nature Sustainability. El estudio fue liderado por científicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín. El análisis de más de 142.000 documentos y expedientes administrativos entre 2009 y 2024 concluye que la provincia recurrió a seis mecanismos normativos para flexibilizar la protección forestal. Científicos de Argentina y Alemania advierten que se legalizó la pérdida de casi medio millón de hectáreas en áreas donde la legislación nacional prohibía el cambio de uso del suelo.
Fuente: Periodistas x El Planeta
CHACO (5/8/2026) — Una investigación publicada esta semana en la prestigiosa revista científica Nature Sustainability ofreció una de las reconstrucciones más exhaustivas realizadas hasta el momento sobre la aplicación práctica de la Ley de Bosques (N.º 26.331) en Argentina.
Tras auditar más de 15.000 permisos de uso del bosque, 127.000 guías de transporte forestal y múltiples expedientes tramitados entre 2009 y 2024, un equipo de investigación internacional concluyó que la provincia del Chaco articuló una serie de herramientas administrativas y normativas para erosionar la protección de los ecosistemas nativos y autorizar deforestaciones que la norma nacional buscaba impedir.
El trabajo, liderado por científicos de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el CONICET, la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Humboldt de Berlín, sostiene que este entramado burocrático derivó en la pérdida de casi medio millón de hectáreas de bosque nativo.
Una porción significativa de esa superficie correspondía a categorías de alto y mediano valor de conservación (zonas rojas y amarillas), donde el cambio de uso del suelo está expresamente prohibido por ley.
Los 6 mecanismos que flexibilizaron la protección ambiental
La investigación demuestra que la eficacia de una legislación ambiental no reside únicamente en su redacción formal, sino en la fiscalización de las autoridades de aplicación. En ese sentido, los autores identificaron seis dispositivos administrativos mediante los cuales la autoridad forestal chaqueña redujo progresivamente las restricciones:
- Recategorizaciones prediales: Modificación del mapa de zonificación a nivel de finca para pasar áreas protegidas a categorías que autorizan el desmonte.
- Permisos silvopastoriles desvirtuados: Autorizaciones para manejo integrado que terminaron ejecutándose como tala rasa y sustitución total de la cubierta vegetal.
- Sobreexplotación maderera: Permisos de extracción otorgados por encima de las tasas naturales de regeneración del bosque.
- Blanqueo de madera: Esquemas de regularización e incorporación al circuito comercial de productos forestales extraídos de desmontes ilegales.
- Multas no disuasorias: Aplicación de sanciones económicas cuyos montos resultaron insignificantes frente al beneficio financiero del cambio de uso del suelo.
- OTBN a la medida: Actualizaciones del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos que redujeron de manera sustancial la superficie bajo protección estricta.
Según el informe, la utilización simultánea de estos instrumentos generó una «legalización de facto» del avance de la frontera agropecuaria sin necesidad de derogar ni modificar formalmente la ley nacional en el Congreso.
Proyección regional y agenda pendiente
Los investigadores destacaron que las tácticas administrativas observadas en Chaco guardan marcadas similitudes con procesos de erosión institucional documentados en la Amazonía brasileña y peruana, así como en el Cerrado.
Por ello, el caso chaqueño se posiciona como un modelo de estudio clave para comprender cómo se debilitan las políticas de conservación ambiental aun con marcos regulatorios vigentes.
El hallazgo adquiere especial relevancia en la coyuntura actual, en la que se reactivan debates legislativos sobre reformas a la Ley 26.331 y varias provincias revisan sus ordenamientos territoriales. El estudio deja abiertos interrogantes centrales sobre el impacto real en la biodiversidad, la disponibilidad del recurso hídrico, las comunidades locales y la efectividad de los controles e incentivos financieros previstos por el Estado nacional.
