Un operativo judicial realizado este martes frenó la usurpación de tierras privadas en Puerto Rico y expone la otra cara de los delitos ambientales provocados por indígenas vinculados a la comunidad de Puente Quemado II, en Garuhapé. Tras varias denuncias, la justicia misionera ordenó el desalojo pacífico de un predio perteneciente al empresario forestal Alfredo Ruff (Lote 78/ Parcela 141), quien denunció usurpación, daños ambientales y amenazas por parte de grupos intrusos, liderados por el cacique de Puente Quemado II, Santiago Ramos, quien terminó detenido en averiguación del hecho. Desde EMIPA denunciaban un desalojo “encubierto” y un accionar”ilegitimo”, sin embargo Ruff consideró “falso” lo difundido por la organización y celebró el accionar de la justicia. “En Misiones vuelve a existir la seguridad jurídica”, expresó agradecido por el operativo.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (15/5/2026).- El reciente operativo en Puerto Rico pone de manifiesto una problemática persistente en la zona rural misionera, la inseguridad jurídica por la propiedad privada. En forma reiterada, propietarios denuncian grupos que, bajo la bandera de reclamos de territorialidad ancestral, miembros de comunidades Mbya Guaraní ocupan predios de bosques nativos con títulos de propiedad vigentes, provocando situación de tensión, conflictos judiciales y daños ambientales irreparables.
Con la Ley 26.160 como un marco que ya no ofrece cobertura a estas acciones fuera de la norma, la justicia provincial marca un precedente en favor de la seguridad jurídica y el derecho a la propiedad.
En un procedimiento este martes en Garuhapé, la policía de Misiones concretó el desalojo de un lote usurpado del empresario forestal Alfredo Ruff, quien relató en una entrevista con ArgentinaForestal.com los pormenores de un conflicto que escaló desde intentos de intrusión hasta el asentamiento de familias y la destrucción de recursos naturales protegidos, según relató.
El testimonio de Ruff refuta las versiones difundidas por el Equipo Misionero de Pastoral Aborigen (EMIPA), que indicaban un avasallamiento sobre la Comunidad Puente Quemado II y un desalojo encubierto con conspiraciones que vinculaban a la Justicia, la Policia Provincial, la multinacional Arauco y la Dirección de Asuntos Indígenas, a través de comunicados y posteos en redes sociales.
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Un conflicto que escaló en violencia
Ruff, cuya familia es propietaria de las tierras desde hace tres generaciones en lotes de Garuhapé, detalló que lamentablemente los problemas con la comunidad indígena se repiten en la insistencia de ingresar a la propiedad privada, y las denuncias en la comisaría son constantes por su parte, ante los daños que realizan. Pero el problema se agravó el pasado martes, cuando un grupo de personas ingresó a su lote, y asentándose con carpas dentro de su propiedad.
«Era la tercera vez que intentaron entrar. Esta vez entraron de a uno y cuando nos dimos cuenta en pocos días ya tenían tres casas armadas», explicó el empresario.
Según el propietario, los usurpadores parecería que pertenecen a la comunidad local de Puente Quemado II, sino que habrían sido trasladados desde otras rutas por el cacique Santiago Ramos. “No lo conozco, pero es el responsable de todo esta situación de conflicto”, dijo Ruff.
Durante el tiempo que permanecieron en el lugar, los intrusos no solo ocuparon el terreno, sino que dañaron severamente la faja ecológica cercana a un arroyo, que por la legislación ambiental vigente, se debe respetar.
«Son indígenas, pero en mi lote tumbaron árboles, deforestaron y prendieron fuego. Dejan todo y se van. Están dañando una reserva que es intocable y cuya responsabilidad recae sobre mí», advirtió Ruff con preocupación por posibles sanciones ambientales.
Ante esta situación, junto con un profesional técnico, relevaron los daños, marcaron los puntos GPS y presentaron las denuncias ante los organismos ambientales correspondientes. “Todo esto, en diálogo con los usurpadores, ya que ellos me exigen a mí que presente mi título mi propiedad para circular en mi lote, insólito”, cuestionó el propietario, que también es nacido en Misiones.
El empresario describió un ambiente de extrema hostilidad durante las inspecciones técnicas, pero debían documentar el daño. «Estaban armados con látigos, arcos y flechas. Fuimos amenazados por entrar a mi propia propiedad», denunció.
Ruff desmintió categóricamente las versiones que circularon en algunos medios, las cuales vinculaban el operativo policial con un conflicto de la empresa Arauco. «Esto no es lote de Arauco, es mi propiedad privada, tengo los títulos y los papeles en regla desde hace 21 años que falleció mi padre. El monte es mío», aclaró, enfatizando que el operativo se realizó específicamente sobre las familias que intrusaban su lote.
Un mensaje de seguridad jurídica
A pesar del desgaste psicológico y económico que implicó el proceso para Ruff, el propietario destacó la celeridad del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico ante la denuncia presentada por usurpación, ya que la rapidez en el accionar judicial es vital ante estas situaciones en el territorio. «La policía actuó rápido y la justicia hizo los pasos como corresponden. Esto es un precedente histórico para Misiones», afirmó.
Para el empresario, este fallo es vital para el futuro económico de la región: «Si no hay seguridad jurídica real, ¿quién va a venir a invertir o a desarrollar el campo? Este operativo realizado hoy, para lo cual tuve que viajar desde el sur del país hasta Misiones por mis actividades, vale mucho porque protege no solo mi propiedad, sino la confianza de todos los que quieren producir en la provincia».
Actualmente, la justicia mantiene demorado a quien se señala como el principal instigador de la toma, el cacique de la comunidad de Puente Quemado II, Santiago Ramos, mientras Ruff y los vecinos de la zona esperan que este sea el inicio del fin de una larga etapa de inseguridad e impunidad con la que se manejan organizaciones que alientan a las comunidades a usurpar tierras privadas con bosques nativos en Misiones.
En la entrevista, el empresario fue crítico sobre la situación con la que se presenta a las comunidades indígenas. “No es real que son todos pacíficos, ni tampoco que son los custodios del monte. Son muchos colonos que se acercan para compartir el temor de tener vecinos de comunidades, ante los robos, el consumo, y la impunidad con la que se manejan en la zona rural”, planteó.
Ruff también mencionó que su hijo, que estuvo unos años al frente de las actividades productivas de la propiedad, decidió no continuar en el negocio forestal debido a estas presiones, dejando al empresario solo al frente de la gestión de sus tierras. “En mi caso, crecí en el monte, esta es mi tierra y la voy a defender. Hoy estoy muy agradecido por el accionar de la Policía y la Justicia, vuelve a existir seguridad jurídica en Misiones», expresó el empresario.
AF: ¿Podría explicarnos qué sucedió recientemente en su propiedad y cómo se originó el conflicto que derivó en la detención del cacique Santiago Ramos de Puente Quemado II?
Alfredo Ruff: La situación viene de hace tiempo, pero se agravó el martes pasado. Esta es la tercera vez que intentan entrar a mi lote. No entran todos juntos; lo hacen de a uno, con carpas, y cuando te descuidas ya tienen tres casas armadas, y traen a mujeres y niños para que el desalojo no se concrete.
Es una propiedad privada con títulos en regla desde hace 70 años, y hace 21 años murió mi padre, la tierra me fue heredada de mi abuelo. Lo que hicieron fue una usurpación directa, y se intentó que se retiren pacificamente, pero tenían una actitud hostil. Cuando registramos los daños ambientales en el área, decidí realizar la denuncia.
AF: Tras un comunicado difundido por EMIPA, se mencionó en algunos medios que esto era una denuncia iniciada por la empresa Arauco. ¿Es esto correcto?
Alfredo Ruff: No, para nada. Quiero aclarar eso porque circuló información falsa. Esto no tiene nada que ver con Arauco. Es mi propiedad privada. El operativo de la policía se hizo sobre mis tierras y el desalojo fue dentro de mi lote, no en la comunidad, sino que la policía retiró pacíficamente a las familias que estaban intrusando mi lote específicamente. Eso fue lo que denuncié. Acá no hay nada encubierto, es legítimo todo lo realizado porque es propiedad privada. Se le pidió varias veces y de manera pacífica que se retiren, y no lo hicieron. No sé que tienen con mi propiedad, pero no me dejan en paz. Yo no me meto con ellos, no tengo idea quienes son, si tienen título de propiedad donde está su aldea o si es de Arauco las tierras. No me meto con nadie, no quiero problemas. Pero han invadido mi lote, y han tumbado hasta las fajas ecológicas.
AF: ¿Quiénes son las personas que ingresaron al predio? ¿Son de la zona, de la comunidad Puente Quemado II?
Alfredo Ruff: No parecen ser de la comunidad local de Puente Quemado II. Son más hostiles. Según lo que pudimos averiguar, son personas que el cacique Santiago Ramos trajo de otros lugares, de otras rutas. Los traen, los instalan y generan el conflicto. Incluso cuando fuimos con un ingeniero forestal para marcar los puntos con GPS y documentar los daños, nos recibieron de forma muy agresiva. Insólito, tenía que pedir permiso y explicar que era el propietario. Pero ellos me pedían los papeles.
AF: ¿A qué tipo de agresiones se refiere?
Alfredo Ruff: Estaban armados con látigos, arcos y flechas. Nos amenazaron y no nos dejaban circular por mi propia propiedad. Es una situación de mucha tensión porque uno va a trabajar o a supervisar su campo y se encuentra con gente armada que te impide el paso.
AF: Usted mencionó daños ambientales en el lote. ¿Qué fue lo que encontró?
Alfredo Ruff: Eso es lo que más me preocupa. Entraron en la zona de la faja ecológica, cerca del arroyo. Tumbaron árboles nativos, deforestaron y prendieron fuego para limpiar el terreno. A veces dejan el fuego encendido, y se van.
Esa zona es intocable por ley, es categoría Roja en el Ordenamiento Territorial y la responsabilidad ante Ecología de la provincia recae sobre mí como dueño. Están destruyendo un recurso natural que nosotros cuidamos por años.
AF: ¿Cómo fue la respuesta de las autoridades y de la justicia?
Alfredo Ruff: Esta vez tengo que decir que la policía de Misiones y el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico actuaron muy bien. Se movieron rápido, verificaron los papeles y ordenaron el desalojo.
El instigador principal está demorado. Esto es un precedente histórico porque muchas veces estas causas quedan en la nada, pero aquí se respetó la propiedad privada.
AF: ¿Qué mensaje le deja esta situación como productor y empresario de la región?
Alfredo Ruff: Es una situación agotadora. Mi hijo, por ejemplo, ya no quiere saber nada con el sector forestal en Misiones por estos problemas; me quedé solo en esto. Si no hay seguridad jurídica, nadie va a querer invertir. ¿Quién va a plantar yerba o cuidar un monte si mañana viene cualquiera, te usurpa y la justicia no hace nada?
Por suerte, este fallo trae un poco de tranquilidad a los vecinos y colonos de la zona que también viven con miedo. Estoy agradecido por el accionar de la Policía y la Justicia, la seguridad jurídica vuelve a existir en Misiones.
Conocé la historia de Alfredo Ruff
