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El gobierno boliviano abrió la puerta a un potencial conflicto diplomático con Brasil, tras anunciar la nacionalización de 14 millones de hectáreas de plantaciones de soya pertenecientes a familial brasileñas, a 50 kilómetros de la frontera entre ambos países.
Fuente: Lignum
CHILE (9/5/2006).- La medida, que forma parte de un plan más amplio de reforma agraria, llega en momentos en que el ambiente entre el gobierno de Evo Morales y de Luiz Inácio Lula da Silva, ya está tenso por la decisión de La Paz de nacionalizar los activos de las petroleras extranjeras, un duro golpe para la estatal brasileña Petrobras, que ha invertido US$ 1.500 millones en ese país y para la economía de Brasil, que importa más del 50% de su gas desde Bolivia. El mandatario brasileño ya enfrenta crecientes críticas en casa por su débil posición durante la cumbre de emergencia que se convocó el jueves en Puerto Iguazú, Argentina, para analizar la crisis provocada por la nacionalización de los hidrocarburos. A medida que se acercan las elecciones presidenciales de octubre, figuras de la oposición están usando la controversia para cuestionar la capacidad del mandatario para defender los intereses nacionales. El fin de semana Lula trató de calmar los ánimos recordando a sus compatriotas que Bolivia tiene un pueblo “más pobre que el brasileño”. Y el silencio del mandatario se hace más notorio en la medida que el presidente de Petrobras, José Sérgio Gabrielli, asume una postura mucho más dura. El ejecutivo respondió ayer que negociará con el gobierno de Bolivia pero que su postura en la negociación será “no aceptar ningún aumento” en el precio del gas. El ministro de Desarrollo Rural, Agropecuario y de Medio Ambiente de Bolivia, Hugo Salvatierra, informó ayer que el gobierno anunciará en los próximos días varios decretos destinados a expropiar tierras que no cumplan una función social o que hayan sido adquiridas ilegalmente, informó el diario brasileño Folha de Sao Paulo. Parte de la medida incluye la confiscación 14 millones de hectáreas de plantaciones de soya ubicadas a 50 kilómetros de la frontera con Brasil. Alrededor de 100 familias brasileñas producen casi 35% de la producción de soya boliviana en las 200 granjas que resultarían afectadas por el decreto. Ante esto, los granjeros considerarían obtener la ciudadanía boliviana para prevenir la confiscación de sus tierras. Motivados por un programa do gobierno y del Banco Mundial en la década de los ’90, un grupo importante de productores brasileños se radicó en ese país para incentivar el cultivo de soya. Según la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas en Bolivia, la soya representa el 9% del PIB. Es el segundo producto de exportación de Bolivia, después del gas, y comprende el 19% de todas las exportaciones. Concentración La reforma agraria será anunciada antes de la instalación de la Asamblea Constituyente, el 6 de agosto, y se constituirá en la segunda de su tipo en la historia boliviana. El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, confía en las medidas tengan el mismo apoyo que ha encontrado la nacionalización del gas decretada el lunes 1 de mayo. El funcionario precisó que la reforma consistirá en la abolición del latifundio que ha permitido la acumulación de tierras en pocas manos, principalmente en los departamentos del oriente del país, Santa Cruz, Pando y Beni. En el altiplano de la región andina y en los valles centrales de Bolivia donde, a diferencia del oriente, existe una fragmentación de la propiedad, se procederá, en cambio, a una redistribución de tierras fiscales. Fuente: El Diario Financiero
