| Noticias de Uruguay |
Romina Picolotti confirmó a la Agencia APF que se está trabajando en la elaboración de una denuncia penal contra los directivos de Botnia y ENCE por el delito de contaminación de aguas, la cual se presentará ante la Justicia Federal de Entre Ríos que “esperamos atienda este reclamo” ·
Fuente: ICI. Servicios de información forestal de Uruguay
CÓRDOBA, 05 ENE (APF.Digital) – Romina Picolotti confirmó a esta Agencia que se está trabajando en la elaboración de una denuncia penal contra los directivos de Botnia y ENCE por el delito de contaminación de aguas, la cual se presentará ante la Justicia Federal de Entre Ríos que “esperamos atienda este reclamo” · La demanda “tiene la categoría de tentativa, porque todavía no se ha consumado el delito”, explicó, aunque señaló que “hay una serie de actos que implica que se está actuando en función de consumar ese delito” · La próxima semana estará viajando a Gualeguaychú para hablar con la Asamblea Ambiental sobre este tema. Picolotti, en diálogo con APF, adelantó que “desde el punto de vista local estamos trabajando ahora en una denuncia penal contra los empresarios de ambas empresas –Botnia y ENCE- por el delito de contaminación de aguas y agravados, regulado por la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos”. “En la ley penal –continuó-, lo que habría que probar con esta denuncia es que hay contaminación en el agua, en el aire y en el suelo que sea de riesgo para la salud o para el ambiente”. Para esto “con el marco legislativo, con los informes técnicos que están diciendo que va a haber contaminación de agua con riesgo para la salud y con los antecedentes jurisprudenciales estamos armando la demanda”, añadió. Sobre los antecedentes, desde la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA) su presidenta y fundadora señaló que “se han iniciado acciones legales y hemos logrado la imputación en algunos casos”. Además, la Justicia Federal de Tucumán respecto a las papeleras que están allá, “se ha logrado el procesamiento de los directivos de las mismas por contaminación de agua”, ejemplificó. Concretamente, la denuncia se presenta ante la Justicia Federal de Entre Ríos, de la cual “esperamos atienda este reclamo”, comentó la abogada, al tiempo que explicó que éste es el ámbito legal correspondiente “porque el río es compartido y hay interjurisdicción”. La demanda “tiene la categoría de tentativa, porque todavía no se ha consumado el delito, es decir, cuando uno tiene la intención de cometer un delito pero por circunstancias ajenas a la voluntad el hecho no llega a consumarse”, especificó. Asimismo, “acá hay una serie de actos que implica que se está actuando en función de consumar ese delito. No van a hacer una inversión de millones de dólares, remoción de un millón de metros cúbicos de tierra y el comienzo de la construcción de obras civiles, etc., si no piensan accionar las fábricas”. En este sentido, la letrada indicó que “la justicia puede intervenir para prevenir la consumación del delito”, al tiempo que resaltó que “sería la primera vez que se utiliza la prisión preventiva de la Justicia Penal para casos ambientales”. Por ultimo, anunció que “la semana que viene tengo que viajar a Gualeguaychú para hablar con la Asamblea y explicarles la acción” aunque “ya he hablado con algunos de los abogados de allá”, contó. Las otras acciones “Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hemos solicitado audiencia para el próximo período de sesiones, que empieza en febrero-marzo. Todavía no nos han respondido porque todavía están en término de hacerlo”, informó la asesora legal. También “estamos analizando las presentaciones en Europa, acciones locales en Finlandia y a nivel comunitario en Bruselas”, continuó. Cabe recordar que tal como señalaba a esta Agencia tiempo atrás “hemos identificado posibles acciones jurídicas y cuasi jurídicas en Europa y es muy posible que presentemos un amparo en Finlandia y España y también a nivel de la Unión Europea”, ratificando que “lo vamos a hacer” pero que están definiendo los detalles. Por otro lado, Picolotti recordó que “presentamos demandas según los Principios de Ecuador a la banca privada y a ING (de Holanda) y este último nos ha respondido. Básicamente dice que ellos van a respetar los criterios de salvaguarda del CFI (Corporación Financiera Internacional) pero que además ellos no estarían dispuestos financiar si no se cumplen con las regulaciones de la CARU (Comisión Administradora del Río Uruguay)”, resumió. Por último, indicó que “también hemos impugnado formalmente, ante el presidente del Banco Mundial, el estudio de impacto ambiental desde el punto de vista formal porque no se ha cumplido con la legalidad propia del Banco en la realización del estudio y ahora lo estamos analizando desde el punto de vista técnico, que tenemos tiempo hasta el 19 de febrero para presentarlo”. (APF.Digital) Fuente: Agencia APF digital – Paraná – ARGENTINA –
