En el marco del Seminario AFoA 80 Años realizado en Posadas, especialistas y referentes del sector analizaron el volumen económico de las Soluciones Basadas en la Naturaleza y el biochar. Durante el panel, Sebastián Fragni (GMF Nature Based Solutions) advirtió que la Argentina produce créditos a USD 7 pero cobra a USD 6 por falta de acceso a mercados regulados. En diálogo con ArgentinaForestal.com, el especialista sentó posición sobre la controversia con el Programa Jurisdiccional REDD+ de la provincia de Misiones: «El crédito de carbono es un fruto civil que pertenece al titular privado, no a las provincias».
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (30/8/2026).- El mercado de los activos ambientales y la descarbonización ocupó un lugar central en la agenda del Seminario 80° Aniversario de la Asociación Forestal Argentina (AFoA). Bajo la moderación de Carlos Scarnichia, presidente de la Regional Misiones de la entidad, el panel reunió a especialistas del sector privado y funcionarios públicos para discutir el potencial de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (NBS), los proyectos de conservación, la tecnología aplicada al monitoreo y la arquitectura regulatoria del país.
Durante la apertura, Federico Moyano, director de ProSustentia, dimensionó la escala económica del sector a nivel nacional. Tras señalar que actualmente existen más de 30 iniciativas de NBS en distintas etapas de desarrollo en la Argentina, estimó que incorporando al mercado apenas el 10% de las tierras potencialmente disponibles, y bajo un valor de referencia conservador de USD 20 por crédito, el país podría generar ingresos superiores a los USD 1.000 millones anuales durante los próximos 20 años, sin contabilizar la atracción de inversiones iniciales para la puesta en marcha de los proyectos.
Por su parte, Lucía Larrea, directora de Comercialización de Nideport, presentó el caso de Selva Paranaense Vida Nativa, un proyecto de conservación verificado sobre 22.878 hectáreas en la localidad de San Pedro, Misiones.
La iniciativa concretó en 2025 su primera emisión de 137.742 créditos de carbono, combinando restauración biológica, protección de especies amenazadas y resiliencia hídrica con herramientas de trazabilidad satelital, sensores, drones y sistemas de alerta temprana auditable.
Desde la perspectiva del sector público, Silvia Kloster, directora general de Gestión, Desarrollo Sostenible e Innovación de Misiones, expuso los avances del Programa Jurisdiccional JNR REDD+ provincial, desarrollado bajo metodología Verra. La funcionaria detalló los niveles de referencia, los esquemas de Medición, Reporte y Verificación (MRV), las salvaguardas sociales y los mecanismos de distribución de beneficios diseñados para valorizar la reducción de emisiones derivada de evitar la deforestación y degradación del bosque nativo en todo el territorio misionero.
La intervención de Sebastián Fragni, especialista de GMF Nature-Based Solutions, sintetizó el diagnóstico del sector productivo frente al estado actual del mercado: «Cada hectárea forestada de este país ya está capturando carbono. Casi ninguna lo está cobrando».
De acuerdo con las estimaciones de GMF, la Argentina cuenta con un potencial de captura de 33,5 millones de toneladas de CO₂ equivalente al año. Ese volumen representa un negocio de USD 335 millones anuales en el mercado voluntario, pero escalaría a USD 1.800 millones al año si el país estuviera habilitado para ingresar a los mercados de cumplimiento regulados por el Artículo 6 del Acuerdo de París y el sistema CORSIA de la aviación internacional.
«La diferencia no es técnica: producimos a 7 dólares la tonelada, nos pagan 6 en el mercado voluntario y el mundo regulado paga 50 dólares. Lo que falta es la habilitación estatal», enfatizó Fragni, destacando además las oportunidades del biochar para transformar residuos forestales de bajo valor en créditos de remoción durable de alta cotización.
Si esta producción se comercializara en los mercados regulados de cumplimiento internacional, el país podría generar divisas por USD 1.800 millones anuales, ubicándose como un complejo exportador por encima de la cebada y cercano a la carne y el cuero. “En el escenario actual, al liquidar la producción únicamente en el mercado voluntario por defecto, el ingreso potencial cae a USD 335 millones anuales”, indicó Sebastián Fragni, de GMF Latinoamericana.
El especialista lleva adelante en la provincia de Corrientes dos proyectos con éxito en mercado de carbono desde hace varias décadas, Santo Domingo y San Francisco.
Aunque en su exposición, destacó de Corrientes el potencial que sintetiza esta oportunidad: concentra 516.000 hectáreas forestadas (36,5% del total nacional) y el humedal del Iberá (1,3 millones de hectáreas), aportando entre 3 y 5 millones de CO2 al año, lo que representa entre USD 150 y USD 250 millones anuales en divisas.
La ingeniería local para generar carbono es altamente competitiva. Producir una tonelada de carbono bajo proyectos de escala en Argentina cuesta entre USD 7 y USD 23. No obstante, el mercado voluntario al que está confinada la producción nacional paga un promedio de entre USD 6 y USD 22 por tonelada, un valor que no llega a cubrir el costo del capital invertido a largo plazo.
En contraste, los mercados regulados como el de Singapur (Artículo 6.2), CORSIA para la aviación internacional o el mecanismo CBAM de la Unión Europea abonan valores que van desde los USD 27 hasta los USD 90 por tonelada, sostuvo Fragni.
Casos reales en Corrientes: el carbono se suma a la producción sin desplazarla
La captura de carbono no exige abandonar la producción tradicional; por el contrario, se integra a ella. En el establecimiento Santo Domingo (Ituzaingó, Corrientes), sobre una superficie total de 3.405 hectáreas (con 2.439 ha de eucalipto), la empresa obtuvo 159.416 toneladas de madera de raleo y 1.038 toneladas de resina entre 2017 y 2025. Sobre ese mismo predio, generó 451.000 tCO2 de secuestro verificado (de los cuales la firma Novartis canceló 344.635 créditos en 2019), representando un activo de USD 9,9 millones a precio voluntario y de USD 22,6 millones a precio de cumplimiento.
De igual forma, el caso silvopastoril San Francisco (Corrientes) demostró que es posible producir carne carbono neutro. Con 189 cabezas de ganado en 282 hectáreas de pastura y 86 hectáreas de eucalipto integradas en callejones, el predio logró un balance neto positivo de +211 tCO2e al año, manteniendo intacta la carga animal.
En este contexto, la tecnología de Biochar (NBS 2.0) aparece como un dinamizador del negocio forestal.
Mediante la pirólisis lenta de residuos de cosecha, podas, chips y aserrín, la planta AFOR Biochar en Virasoro transforma un pasivo logístico y un riesgo de incendio en dos productos comercializables:
1. Crédito de remoción durable (CDR): Con más de 100 a 200 años de permanencia de carbono en el suelo, se cotiza entre USD 125 y USD 145 por tonelada en el índice CORCCHAR, con alta demanda de compañías globales como Microsoft, Google y JPMorgan. Producir este crédito cuesta USD 129 por tonelada.
2. Biochar físico: Se vende al sector agropecuario como enmienda de suelo y a la industria (siderurgia, cemento, asfalto) para reemplazar coque y carbono fósil.
La agenda normativa: los cuatro nudos que frenan el despegue del sector
Desde GMF identifican cuatro obstáculos operativos que explican por qué el mercado no termina de despegar en Argentina:
1. Precio voluntario insuficiente: El valor actual (USD 6-22) cubre costos directos pero no remunera el riesgo ni la inmovilización de capital durante 20 años.
2. Falta de marco jurídico: Ausencia de una norma nacional que defina la propiedad del crédito de carbono y su relación con la titularidad de la tierra.
3. Ausencia de Autoridad Nacional operativa: Falta la puesta en marcha de un registro y de un procedimiento de autorización con «ajuste correspondiente» para acceder a los mercados regulados del Artículo 6 de las COP y de CORSIA.
4. Reglas provinciales desalineadas: Normativas o registros provinciales que no contemplen el ajuste correspondiente impiden crear un activo exportable.
“La habilitación de la Autoridad Nacional representa la «llave única» para destrabar el valor de la tonelada argentina, requiriendo inversión privada y cero costo fiscal para el Estado”, dijo Fragni.
El sector forestoindustrial argentino cuenta con las hectáreas, la biomasa residual y la capacidad técnica necesaria para posicionarse como un proveedor clave en la transición climática global. La integración del carbono y el biochar a la cadena de transformación maderera diversifica los ingresos, reduce los riesgos operativos y eleva de forma directa la rentabilidad de las inversiones sostenibles.
Para que estos proyectos ganen escala y atraigan capitales de largo plazo, resulta indispensable que la agenda pública y privada avance en la homologación normativa que le permita a la Argentina cobrar sus activos ambientales a los precios vigentes en el mercado internacional.
Este debate se está llevando adelante en el Senado de la Nación con un proyecto de ley de mercado de carbono.
El debate por la propiedad del crédito: la analogía del manzano y la seguridad jurídica
Tras su disertación, Fragni dialogó con ArgentinaForestal.com sobre el verdadero rol de la compensación de emisiones, la urgencia de un marco legal unificado y la controversia latente en Misiones en torno al dominio estatal de los créditos de carbono en propiedades privadas.
ArgentinaForestal.com: ¿Cuál fue el mensaje central que buscaste transmitir en este 80° Aniversario de AFoA?
Sebastián Fragni: El objetivo fue mostrar números concretos y salir de la nebulosa que suele rodear al crédito de carbono. Quisimos dejar en claro que esto no es una teoría: es un negocio complementario, viable y rentable que nosotros venimos desarrollando, ejecutando y monetizando hace 20 años en la Argentina, Chile y Brasil, tanto con forestación como con biochar. Mostramos proyectos reales y números de la economía forestoindustrial para demostrar que el carbono se integra y le suma rentabilidad a la cadena existente.
AF: Persisten sectores que cuestionan si la integración de la forestación al mercado de carbono como compensación es realmente sostenible…
SF: Si dejo de lado la discusión de la sociedad que consume gratis los servicios ecosistémicos, cuando querés ponerlos en el mercado, los cuestionan diciendo «qué horror, están vendiendo la naturaleza», cuando en realidad siempre la han tenido gratis y esclava. Yendo a lo técnico: por supuesto que la lucha contra el cambio climático no se resuelve con la compensación.
El eje central es la descarbonización; pasa por medir la huella, reducirla, ser más eficientes, generar menos residuos y aplicar economía circular. La compensación entra únicamente a cubrir una parte del déficit que no se puede eliminar de inmediato; es un parche útil mientras se reduce. Ninguna compañía seria ni ninguna ley del mundo permite compensar el 100% de las emisiones, solo porcentajes acotados. La compensación es un complemento natural de la producción, como lo es el biochar para valorizar las ramas, el aserrín o los residuos leñosos que hoy quedan tirados en el campo o en el aserradero.
AF: ¿Cuál es el obstáculo principal para que este mercado termine de despegar en el país para el sector foresto-industrial?
SF: El desafío de la Argentina es uno solo y es sumamente claro: hace falta una ley nacional. Nada más. Hace falta cumplir con el Acuerdo de París que el país ya firmó y establecer las reglas para el «ajuste correspondiente».
Si le vendemos una tonelada de carbono a una empresa de Singapur, Suiza o a la aviación internacional, la Argentina simplemente no debe contabilizar esa tonelada como una reducción propia en sus metas nacionales para evitar el doble conteo. Es un trámite de registro. Lo que el sector necesita es que se defina la ley nacional que está en debate en el Congreso de la Nación y que no sigan saliendo leyes provinciales contradictorias entre sí que generan inseguridad jurídica y fragmentan el mercado.
AF: En Misiones existe un fuerte debate con el sector privado donde las empresas aún cuestionan la intervención de la provincia, que abrió un interrogante sobre quién es el titular jurídico del CO₂ capturado en tierras privadas…
SF: Para explicar esto yo uso siempre una analogía muy simple basada en el derecho civil. Si yo voy a una provincia y planto un árbol de manzanas en mi propiedad privada: ¿ese árbol o la manzana son de la provincia? No. La manzana es un fruto civil y eso ya está regulado en el Código Civil de la Nación; no hace falta inventar una ley nueva para definir de quién es la manzana. Si yo la quiero vender, la vendo.
Con el carbono ocurre exactamente lo mismo: es un fruto civil derivado de la propiedad y de la inversión privada. La única diferencia es que, como el carbono es un gas, en vez de transferir el objeto físico hay que registrar la transacción. El Estado interviene únicamente para registrar, no para apropiarse del activo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya dejó en claro que las provincias tienen el dominio originario para regular y ordenar los recursos naturales, no para ser propietarias de la producción privada, salvo cuando operan como titulares de tierras fiscales.
La insensatez de pretender la propiedad provincial del carbono se ve con el biochar: ¿qué pasa si tomo madera proveniente del Chaco, la proceso industrialmente en Misiones y el biocarbono resultante lo entierro como fertilizante en la provincia de Buenos Aires? ¿De quién es el crédito de carbono? Ah ahí se demuestra la inconsistencia. El crédito es un producto, es un fruto civil del titular de la tierra o del inversor.
El debate en el Senado Nacional está bien encaminado en este aspecto; lo crucial es que estén sentados los actores adecuados para que tengamos una ley aplicable y no una norma perfecta pero inoperable.
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