El productor forestal Alfredo Ruff suma un nuevo capítulo al conflicto, ya que llevó a la Justicia una denuncia por presuntas presiones de compra con fondos extranjeros tras la ocupación en Garuhapé. Con la Mesa de Diálogo provincial iniciada este jueves 13 de agosto, en un encuentro que se realizó en la Municipalidad de Hipólito Irigoyen, cerró este primer encuentro sin lograr entendimiento entre las partes en conflicto, pero sí un compromiso de mantener la paz social. Mantienen sus posturas, y la disputa entre la seguridad jurídica y la restitución originaria queda a la espera de un nuevo fallo judicial.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (15/8/2026).- La compleja disputa territorial que se desarrolla en el Lote 78 de Paraje Cañafístula, municipio de Garuhapé, sumó un capítulo de alto impacto institucional y judicial. Tras el desalojo dictado el pasado 16 de julio por el juez de Instrucción de Jardín América, Roberto Senna, la causa derivó en una nueva denuncia penal formulada por el propietario del inmueble, el productor forestal Alfredo Ruff, por supuesta usurpación, sedición e incitación a la toma de tierras privadas por parte de EMIPA y ENDEPA, organización religiosa que acompaña a los Mbya Guaraní en Misiones.
El empresario afirmó ante la Justicia que detrás de la ocupación concretada por integrantes de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II existiría un mecanismo de presión inmobiliaria orientado a forzar la venta de sus tierras a valores inferiores a los de mercado, involucrando contactos provenientes de organizaciones del exterior.
El planteo fue formalizado por su abogado querellante, Rubén Lunge, quien solicitó a las autoridades judiciales investigar el origen de las llamadas y ofertas recibidas para determinar si la secuencia posterior a la usurpación configura una figura penal.
En forma paralela, las gestiones del Gobierno provincial lograron la firma de un acta de compromiso de paz social entre las partes, aunque las posturas de fondo se mantienen irreductibles: mientras el titular registral exige la restitución del predio y el cumplimiento de las garantías constitucionales de la propiedad privada, la comunidad aborigen sostiene su permanencia amparándose en el reclamo de restitución de territorios ancestrales, y espera la resolución judicial.
Denuncia por presunta operación inmobiliaria y desmonte en áreas protegidas
En declaraciones a Misiones Online, Alfredo Ruff sostuvo que la ocupación de su inmueble no constituye un hecho aislado, sino que respondería a una estrategia para desvalorizar los predios rurales de la zona. En sus declaraciones, el productor forestal vinculó nuevamente la dinámica del conflicto con el accionar del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA) y el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA).
Según relató el empresario, tras la toma de las tierras recibió el contacto directo de un representante de una organización con sede en Suiza —dedicada al financiamiento de la recuperación de territorios para comunidades originarias en Misiones— con el objetivo de iniciar negociaciones para adquirir el terreno.
«Acá hay un problema muy grave, las asociaciones EMIPA y ENDEPA reciben plata de organizaciones fuera del país. Esa plata la reciben de Suiza. Y hay una persona de esa organización que quiere comprarme la propiedad. Están apretando con esto de la toma para que yo venda y me puedan comprar la propiedad. Es el causal de este sistema que están usando ahora. Pero no me voy a retirar de mi propiedad y tampoco voy a vender», declaró Ruff.
Al ser consultado sobre si interpretaba que las ocupaciones son utilizadas deliberadamente para deprimir el valor económico de las propiedades rurales y facilitar su posterior adquisición, el titular registral respondió afirmativamente. Asimismo, ratificó que aportó las pruebas correspondientes al expediente judicial: «Sí, de Suiza es. Sí, se contactó con el teléfono y todo. No es que yo digo. Yo tengo pruebas que están en manos de mi abogado y en la Justicia», afirmó.
Actualmente, Ruff permanece instalado dentro del predio utilizando una casilla rodante, resguardando su maquinaria y personal, con el acompañamiento preventivo de efectivos de la Policía de Misiones.
Durante las semanas de convivencia en el lugar, el empresario denunció que integrantes de la comunidad construyeron estructuras de reunión y campamentos afectando la masa forestal nativa.
Según su testimonio, se realizó el apeo de árboles dentro de su propiedad en sectores clasificados bajo la Categoría Roja de la Ley de Bosques (Ley 26.331), áreas de muy alto valor de conservación donde toda intervención productiva o desmonte se encuentra estrictamente prohibida por la normativa ambiental.
El empresario aclaró que su reclamo no está dirigido en contra el pueblo Mbya Guaraní en su totalidad, sino de forma puntual contra el cacique Santiago Ramos y la organización EMIPA, a quienes responsabilizó por promover el avance sobre su predio.
A su vez, remarcó que la situación generó una honda preocupación entre los productores y vecinos de Garuhapé e Hipólito Yrigoyen, quienes temen por la seguridad jurídica de sus inmuebles y cuestionan el alcance de los relevamientos técnicos territoriales ejecutados bajo la Ley Nacional 26.160. «Nadie quiere vender la tierra, si viven de eso», enfatizó el productor.
La estrategia de la querella: pedido de investigación financiera y nuevo desalojo
El abogado querellante Rubén Lunge ratificó que la Justicia provincial ya tomó conocimiento formal de la llamada telefónica recibida por Ruff, aunque fue cauto respecto a la tipificación delictiva en esta etapa preliminar de la causa. «Lo que sabemos, la información que tenemos es la llamada telefónica que tiene Ruff de su celular, y que yo también tengo, para la compra de sus tierras, y casualmente ocurre primero la toma. Y después viene la oferta», explicó el letrado.
Lunge precisó que se solicitó investigar a una fundación internacional presuntamente vinculada con EMIPA, cuyo objeto social contempla la compra de tierras para su posterior cesión a comunidades indígenas.
Sin embargo, el abogado diferenció los elementos recabados hasta el momento de una imputación formal: «Todavía no podemos hablar de calificación legal, todavía hay que investigar de qué se trata y después veremos», aclaró, dejando en manos de los investigadores determinar si existe una conexidad ilícita entre la ocupación, los fondos del exterior y la propuesta económica.
En el plano estrictamente procesal, la defensa de Ruff insiste en que el Juzgado de Instrucción ejecute una nueva orden de desocupación del inmueble.
Lunge argumentó que la comunidad Mbya ingresó al lote en mayo de este año, vulnerando la posesión previa y continua que su cliente ejercía mediante actividades productivas y presencia de personal. «Esa comunidad nunca estuvo en ese lugar, han instalado que se está desalojando a la comunidad de Puente Quemado II erróneamente, porque la aldea está constituida en un predio vecino, a unos 7 kilómetros de distancia donde este grupo de familias ingresó», aseveró el letrado.
La querella espera definiciones judiciales en los próximos días, ratificando su vocación de mantener el canal institucional con las autoridades para prevenir desbordes de violencia.
La colisión de derechos: seguridad jurídica registral frente a la demanda territorial ancestral
El conflicto de Garuhapé pone de manifiesto una colisión estructural de derechos que atraviesa a la provincia de Misiones y al sector forestal.
En el centro del debate convergen dos marcos normativos de rango constitucional que tensionan el ordenamiento jurídico:
- La garantía de la propiedad privada y la seguridad jurídica: Respaldada por el Código Civil y Comercial de la Nación y la Constitución Nacional. El sector productivo, respaldado por entidades gremiales y propietarios rurales, exige la inviolabilidad de los títulos registrales, el respeto a las resoluciones judiciales de desahucio y el mantenimiento de las condiciones de previsibilidad indispensables para las inversiones silvoinvolucradas.
- El derecho a la propiedad comunitaria y territorial originaria: Fundado en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Ley 26.160. Las comunidades Mbya Guaraní argumentan la preexistencia étnica y la necesidad de acceso a la selva (Ka’aguy) como espacio vital para su supervivencia física, cultural, medicinal y espiritual.
Esta colisión se intensificó en la zona de Puente Quemado II debido al impacto de los incendios forestales de 2022, que afectaron extensiones de pino en predios pertenecientes a la empresa Arauco, donde se encuentra asentada la aldea aborigen. La pérdida de cobertura vegetal en esos lotes impulsó a las familias originarias a desplazarse hacia sectores con monte nativo conservado, derivando en el ingreso al Lote 78 de Ruff.
Diálogo institucional: propuestas cruzadas y el rechazo a la venta del predio
Frente a la escalada de tensión, el Gobierno de Misiones impulsó una Mesa de Diálogo en la sede de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen, reunión que se concretó el jueves 13 de agosto.
El encuentro estuvo encabezado por la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre; el ministro de Cultura, Joselo Schuap; el subsecretario de Gobierno, Daniel Behler; y el director provincial de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, junto a intendentes y autoridades policiales de la Unidad Regional IX.
El director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez, en declaraciones periodísticas detalló las negociaciones y confirmó que, si bien no se logró resolver el reclamo territorial de fondo sobre el predio de casi 300 hectáreas —de las cuales unas 30 hectáreas se encuentran ocupadas por familias de Puente Quemado II—, se obtuvo la firma de un acta para preservar la paz social.
«No pudimos llegar a un acuerdo como nosotros quisiéramos, que era salir con un acta en donde ambas partes también terminen satisfechas, pero sí quedó abierto el diálogo», evaluó Rodríguez.
El funcionario explicó que el trasfondo ambiental condiciona la postura indígena: «La comunidad nos aduce que claramente no hay más monte en la zona. En 2022, se sufrió un incendio en un sector de pinares, y se ha detectado que correctamente la comunidad vive del monte, el monte es vida para la comunidad, también para sus recursos medicinales, culturales».
Durante la reunión institucional, las partes expusieron fórmulas contrapuestas para abordar la permanencia en el predio:
· Propuesta del titular registral: Alfredo Ruff ofreció una tregua temporal condicionada a que ambas partes se retiraran de forma simultánea de las 30 hectáreas en litigio mientras la causa tramita en los tribunales. «Propuse que todos nos retiremos del lote para que todo siga el curso de reclamos por las vías que corresponde. Pero me están destruyendo la propiedad. Por eso, y en una demostración de ceder y llegar a un acuerdo, mi abogado me recomendó esta salida», explicó el productor.
· Contrapropuesta de la comunidad Mbya: Encabezada por el cacique Santiago Ramos y con el asesoramiento de las abogadas Roxana Rivas y Fabricio Labat, la comunidad rechazó la evacuación preventiva. «La propuesta de la comunidad era no retirarse del lugar, que las siete familias no se retiren del lugar hasta que el expediente judicial se expida», precisó el director de Asuntos Guaraníes, Francisco Rodríguez.
El funcionario provincial también reveló además que el Estado provincial intentó una mediación económica mediante una oferta de compra del lote al empresario para destinarlo a la comunidad, alternativa que fue desestimada por el propietario: «Nosotros, desde el gobierno de la provincia, se llegó a poder ofrecer el comprar ese lote al señor Alfredo Ruff. Por el momento, no quiso».
Ciberdelito y presión digital: la denuncia por hostigamiento a funcionarios
La complejidad del caso Garuhapé trascendió el ámbito local y desencadenó episodios de fuerte hostilidad en el entorno virtual. El propio Francisco Rodríguez reveló en una entrevista en Misiones Online que debió recurrir a la Fiscalía de Ciberdelito tras ser víctima de una campaña coordinada de amedrentamiento y desprestigio personal e institucional a través de redes sociales y telefonía celular.
«Fui blanco de un ataque digital coordinado en redes y teléfono particular tras la difusión de una orden de desalojo previa del la propiedad, una situación que ya se analiza con las autoridades del área de ciberdelito», admitió el funcionario.
Rodríguez lamentó la injerencia de actores externos que buscan radicalizar las posturas en lugar de contribuir a soluciones pacíficas dentro del marco legal vigente.
«En este conflicto estamos interviniendo desde el inicio como organismo, buscando la paz del conflicto, sin embargo se intentó instalar falsamente situación de confrontación. Sufrí un ataque masivo, un amedrentamiento prácticamente, de muchísimas personas que me escribieron al celular, que me mandaron mensajes, que me llamaron, amenazándome incluso, diciéndome por qué desalojaban a la comunidad de Puente Quemado II, o por la defensa de la propiedad privada, es decir, de los dos lados», denunció el titular de Asuntos Guaraníes.
A pesar del clima de agitación digital impulsado por sectores radicalizados, Rodríguez remarcó que las conversaciones presenciales entre el productor y los referentes indígenas se desarrollaron dentro de cauces de respeto mutuo: «Todas esas personas que, por ahí, en lo personal, me llamaron, me mandaron un mensaje y agraviaron en forma digital, ninguna estaba sentada en la reunión de la mesa».
El rol de la Justicia y el reclamo del sector productivo
Sin consensos para la compra del inmueble ni para la desocupación voluntaria, el expediente retoma su curso en la sede judicial. El acta firmada ante el Ministerio de Derechos Humanos dejó asentado expresamente que la participación en la Mesa de Diálogo no implica la renuncia ni la modificación de las acciones civiles y penales iniciadas por las partes.
Para el sector forestal y agropecuario de Misiones, el desenlace del caso Garuhapé constituye una señal en materia de garantías para la inversión rural.
La coexistencia entre la preservación de los recursos naturales, el reconocimiento de los derechos originarios y el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico registral continúa demandando respuestas institucionales de fondo que eviten la judicialización permanente de la producción en territorio de la selva paranaense.
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