Un encuentro institucional convocado por el Gobierno de Misiones el miércoles 13 de agosto en la municipalidad de Hipólito Yrigoyen reunió a las partes involucradas y sus asesores legales. Sin avances ni renuncias a las causas judiciales iniciadas, el conflicto evidencia la profunda colisión entre la seguridad jurídica registral y las demandas de restitución territorial originaria.El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen y contó con la mediación de la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirre.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (14/8/2026).- Las tensiones en el territorio por la toma de tierras del Lote 78 en Paraje Cañafístula, municipio de Garuhapé, cuya titularidad registral corresponde al empresario forestal Alfredo Ruff, sumó una nueva instancia institucional esta semana, sin lograr destrabar el fondo de la cuestión.
La controversia escaló a la esfera judicial tras el fallo dictado por el juez de Instrucción de Jardín América, Roberto Sena, quien ordenó el desalojo y la restitución del inmueble al titular registral el pasado 16 de julio, luego de la «usurpación» de un grupo de familias Mbya Guaraní de la Comunidad Puente Quemado II en sectores del predio, cuando hace décadas estaban asentados a una distancia de 7 kilómetros de su lote, dentro de predios de titularidad registral de Arauco Argentina.
Para entender el contexto, a casi tres décadas de la reforma constitucional de 1994, que consagró el reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas y el derecho a la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras ancestrales (Art. 75, inc. 17)2, el Estado argentino aún no ha logrado articular un marco normativo definitivo que reglamente este mandato.
En su lugar, la gestión territorial derivó en un régimen de excepción prorrogado durante casi dos décadas: la Ley 26.160 de Emergencia Territorial Indígena, sancionada en 2006. Concebida originalmente como una medida cautelar de cuatro años para suspender desalojos y confeccionar un relevamiento técnico-jurídico-catastral, la norma se transformó en una parálisis permanente. La reciente publicación del Decreto N° 1083/2024 del Poder Ejecutivo Nacional, que dio por finalizada la emergencia territorial y la suspensión de desalojos, desmanteló el dique de contención administrativo y dejó al descubierto un mapa de conflictividad latente.
En este escenario, varios titulares de dominio privado denuncian en distintas provincias del país que las demarcaciones realizadas por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se ejecutaron a sus espaldas, sin notificación previa ni posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Al mismo tiempo, las comunidades originarias enfrentan el riesgo inminente de desalojos judiciales sin contar con títulos definitivos de propiedad comunitaria.
Misiones no está ajena a este reclamo de los Pueblos Mbya Guaraní. En las últimas semanas, las tensiones por la resistencia a un desalojo judicial derivaron en la resistencia de miembros de la comunidad Puente Quemado II y una masiva campaña de desinformación donde en realidad, la cuestión de fondo es una colisión silenciosa de dos derechos constitucionales, y una deuda pendiente del Estado Nacional en regularizar con instrumentos y fondos, una normativa que quedó a medio camino de aplicación.
El conflicto en Garuhapé deja al descubierto un choque estructural recurrente en la provincia de Misiones:
El derecho a la propiedad privada y la seguridad jurídica: Representado por los titulares registrales y el sector productivo rural, quienes exigen el cumplimiento estricto de las leyes civiles, el respeto a los fallos de desalojo emitidos por la Justicia y las garantías estatales indispensables para la producción.
El derecho a la propiedad comunitaria y territorial originaria: Planteado por las comunidades Mbya Guaraní, que invocan la protección constitucional y tratados internacionales de derechos humanos para respaldar la recuperación de la selva (Ka’aguy) como espacio vital de subsistencia cultural y espiritual.
La Mesa de Diálogo convocada por el Gobierno de Misiones para acercar a las partes culminó sin acuerdos ni cambios en las posturas de las partes: mientras el sector productivo ratifica la intangibilidad de los títulos de propiedad, la comunidad Mbya Guaraní exige la permanencia en el lugar apelando a derechos territoriales ancestrales.
El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Municipalidad de Hipólito Yrigoyen y contó con la mediación de la ministra de Derechos Humanos, Karina Aguirra. A pesar de habilitar un canal directo de escucha, el acta final dejó expresamente establecido que «la participación en esta mesa no implica renuncia, desistimiento ni modificación de las acciones judiciales vigentes impulsadas por la vía penal y civil».
«No voy a vender mis tierras»: la postura del titular registral
Tras finalizar la reunión, el empresario forestal Alfredo Ruff reafirmó que no cederá su titularidad y solicitó que se garantice el orden jurídico en la zona. «Fue muy desgastante la reunión y todo este proceso que estoy viviendo. No hay negociación posible, porque la comunidad quiere seguir en el predio y quiere que me desprenda de mis tierras, y por supuesto que no voy a vender. Hay que respetar la propiedad privada, hay que garantizar en Misiones la seguridad jurídica. No es justo que nadie acompañe al productor y que se difame a mi persona por el solo hecho de ser propietario y defender lo que es mío y de mi familia», expresó Ruff en diálogo con ArgentinaForestal.com.
El productor, asistido legalmente por el abogado Osvaldo Rubén Lunge y respaldado por vecinos rurales de la zona, sostuvo que la situación representa una usurpación directa que atenta contra los fallos dictados por la Justicia.
La defensa del territorio originario
Por su parte, la postura Mbya estuvo encabezada por el cacique Santiago Ramos, de la Comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado II, y por Claiton Duarte en representación del Consejo de Caciques. La comitiva contó con el asesoramiento legal de los abogados Roxana Rivas y Fabricio Labat, además del acompañamiento de referentes del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMiPa) y del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA).
Para la comunidad, el ingreso al predio no se encuadra como un delito común, sino como un acto de recuperación de un territorio ancestral amenazado por el avance productivo, ratificando su decisión de permanecer en el lote, sobre el cual sostienen es territorialidad indígena.
El canal de diálogo contó además con la participación de traductores-intérpretes de la lengua Mbya Guaraní, autoridades policiales regionales y funcionarios provinciales y municipales de Garuhapé e Hipólito Yrigoyen.
Aunque el Poder Ejecutivo provincial reafirmó su disposición para convocar a un nuevo encuentro en caso de que las partes lo requieran, la falta de consensos devuelve la resolución definitiva del diferendo al terreno judicial, donde las causas abiertas continuarán su curso formal.
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