La intervención judicial impidió un desmonte en zona amarilla del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. El operativo, apoyado en imágenes captadas por un drone del Cuerpo Interdisciplinario de Expertos, evidenció que ya se realizaban trabajos de movimiento de tierra sin autorización. La medida busca proteger a 44 familias potencialmente afectadas.
Fuente: Diario Judicial
Jujuy (5/5/2025).- Una jueza ordenó la suspensión inmediata de un desmonte que se desarrollaba de manera irregular en una zona categorizada como “amarilla” por el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN), tras constatarse la actividad mediante imágenes aéreas captadas por un drone.
La medida cautelar fue dictada por la jueza María Laura Flores, quien previamente había solicitado una inspección técnica en el área a través del Cuerpo Interdisciplinario de Expertos (CIE).
El objetivo era verificar las denuncias de vecinos que alertaban sobre tareas de deforestación y movimiento de suelos en un predio que se pretendía lotear, ubicado en la ladera de un cerro.
El informe técnico confirmó que efectivamente se estaban realizando trabajos en la zona, a pesar de no contar con habilitación legal para tal fin.
La Justicia dio lugar entonces al pedido del fiscal ambiental, quien solicitó una medida cautelar de no innovar, ordenando la paralización de cualquier intervención hasta que se acredite la documentación correspondiente.
Los denunciantes, que representan a 44 familias residentes en la parte baja del cerro, manifestaron su preocupación por los riesgos que implicaría la pérdida de cobertura vegetal ante eventuales lluvias intensas.
Según explicaron, la vegetación natural cumple una función clave de contención del caudal hídrico, y su eliminación podría derivar en inundaciones y deslizamientos que pondrían en peligro sus hogares.
El dictamen judicial también establece que, en caso de incumplimiento, se aplicarán herramientas legales para garantizar el cumplimiento efectivo de la medida.
Este caso refleja la creciente utilidad de la tecnología, como los drones, en los procesos judiciales ambientales, y la importancia del control ciudadano para frenar prácticas que afectan los ecosistemas protegidos y a las comunidades cercanas.
El Fiscal en lo ambiental de Jujuy dio inicio a un expediente judicial donde reclamó el dictado de una medida cautelar de no innovar a los fines de que se abstengan de continuar con la deforestación y el movimiento de tierras en un predio donde se planeaba hacer un loteo.
Todo ello, hasta tanto se acredite en el expediente la documentación habilitante para realizar esas tareas en el lugar y que ante el incumplimiento se impongan una herramienta legal para lograr el cumplimiento de la medida.
Así fue que se dio apertura al expediente caratulado “Cautelar: Prohibición de no innovar: Unidad Fiscal Especializada en lo Ambiental”, en trámite ante el Juzgado Ambiental Civil de San Salvador de Jujuy donde el fiscal explicó que dos vecinos del lugar radicaron una denuncia ante la dependencia a su cargo donde detallaron que hacía 10 días había maquinas en el lugar realizando una deforestación y marcando caminos sobre un cerro próximo a su propiedad.
Debido a esas circunstancias, los denunciantes temían que, ante una lluvia, el caudal de agua que se contenía con esa vegetación termine afectando su terreno y todas las propiedades que están en la parte inferior del cerro, que involucraba a 44 familias a las cuales también representaban en su reclamo.
La magistrada entendió que existía verosimilitud en el derecho y peligro en la demora suficientes para el dictado cautelar, ante el riesgo inminente para el ambiente y la integridad de las personas que residen en los terrenos hacia abajo del lugar desmontado.
Los vecinos aportaron pruebas con fotografías y videos de las actividades que se estarían realizando en el lugar, lo que motivó que se requiera la cautelar a los fines de resguardar a los habitantes de la zona, así como a la flora, fauna y medio ambiente del lugar.
La jueza María Laura Flores, a cargo del tribunal, terminó admitiendo la medida y ordenó “a las personas, empresa contratada y al propietario (aun no individualizado) del terreno” ubicando con coordenadas, que “se abstengan de continuar con los trabajos de deforestación, desmonte, remoción de tierra y cualquier otro que genere un impacto en el ambiente”, hasta que se exhiba en el juzgado la documentación habilitante para realizar esas tareas.
La magistrada había ordenado previamente que el Cuerpo Interdisciplinario de Experto (CIE) que realice una inspección en el lugar con un drone, tras lo cual se informó que los trabajos se estaban realizando efectivamente en el lugar, siendo además una zona amarilla según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
La verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, según la jueza, eran suficientes para el dictado cautelar, ante el riesgo inminente para el ambiente y la integridad de las personas que residen en los terrenos hacia abajo del lugar desmontado.
