Se trata de un paso trascendental en la lucha contra el cambio climático al sancionar una nueva legislación que establece un mercado regulado de carbono y rige a partir de 2025. Esta medida también fija límites a las emisiones de gases de efecto invernadero, posicionando al país como un referente en políticas climáticas en América Latina.
Fuente: Presidencia del Gobierno de Brasil
BRASIL (Diciembre 2024).- La ley que establece el Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (SBCE) fue publicada el jueves (12), en el Diario Oficial de la Unión.
La medida sienta las bases para la creación de un mercado regulado de carbono en Brasil. La nueva legislación permite convertir las emisiones de gases contaminantes en activos financieros comercializables.
Según el gobierno federal, la idea es atraer inversiones internacionales, promover la preservación del medio ambiente y generar nuevas oportunidades de ingresos.
El mercado regulado de carbono representa un cambio significativo en la forma en que se controlan y monetizan las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
Las proyecciones del Banco Mundial indican que el sistema tiene el potencial de impulsar el crecimiento del PIB. “Mientras en otros países el esfuerzo por reducir emisiones siempre se ve como un coste, aquí hay una oportunidad real”, afirmó el secretario ejecutivo adjunto del Ministerio de Hacienda, Rafael Dubeux.
Las empresas que no alcancen sus objetivos de reducción de emisiones podrán comprar permisos de emisión, conocidos como Cuotas de Emisión Brasileñas (CBE), de empresas que estén por debajo del límite.
La ley también presenta novedades para el mercado voluntario, que funciona con la adhesión espontánea de empresas. “El mercado voluntario de carbono funciona cuando las empresas establecen de forma independiente objetivos para reducir las emisiones y compran créditos de carbono a quienes ya lo han hecho. La segunda vía, el mercado de carbono regulado, es que el gobierno exija a las empresas que se descarbonicen”, explica el coordinador general de Finanzas Sostenibles de la Secretaría de Política Económica (SPE) del Ministerio de Hacienda, José Pedro Bastos Neves.
Rige la nueva ley de carbono desde 2025
El anuncio se realizó durante una reunión del Consejo de Desarrollo Económico y Social, liderada por el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin, junto con el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, y otras autoridades.
Aunque el presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionó la ley, no asistió al acto por razones de salud. La normativa ya fue publicada en el Diario Oficial.
“La nueva ley, aprobada en noviembre por el Congreso Nacional y sancionada sin vetos, establece un sistema de bonificación para las empresas o estados que reduzcan las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera”, señala la Presidencia brasileña en un comunicado.
Agrega que “en la práctica, cualquiera que demuestre que deja de emitir (este contaminante) obtendrá créditos de carbono, que pueden ser adquiridos por empresas que emitan por encima del techo establecido”.
Durante la reunión, el vicepresidente Alckmin anunció también las seis cadenas prioritarias para la inversión en la Misión 5 del programa Nueva Industria Brasil (NIB) del Gobierno: diesel verde y combustible de aviación sostenible (SAF), hidrógeno bajo en carbono, biometano, acero y cemento verdes, turbinas eólicas y paneles solares.
“Brasil ya es líder en biocombustibles y reúne todas las condiciones para liderar la agenda mundial de descarbonización. Tenemos políticas públicas sólidas, instrumentos de financiación y estamos atrayendo inversiones privadas para trabajar hacia este objetivo”, afirmó Alckmin.
El Sistema Brasileño de Comercio de Emisiones (SBCE) establece límites para las emisiones de gases de efecto invernadero y permite la negociación de Cotas Brasileñas de Emisión (CBE), cada una equivalente a 1 tonelada de CO2e (dióxido de carbono equivalente).
El Certificado de Reducción o Remoción Verificada de Emisiones (CRVE) mide la cantidad de carbono removido de la atmósfera, también en unidades de 1 tonelada de CO2e.
La ley distingue entre un mercado regulado, basado en metas gubernamentales para reducir emisiones, y un mercado voluntario, donde las empresas adquieren créditos para cumplir objetivos internos de neutralización.
Además, la normativa regula los proyectos REDD+, que generan créditos a partir de la reducción de emisiones por deforestación y la mejora de los niveles de carbono en la vegetación.
Las organizaciones reguladas deberán presentar planes de monitoreo y reportes. El sector agropecuario queda excluido de estas obligaciones, pero puede generar créditos mediante la preservación de áreas protegidas.
