La Comisión Europea ha decidido postergar por 12 meses la entrada en vigor de su reglamento sobre deforestación, que exigía la garantía de que los productos importados estén libres de deforestación, entre los que se incluía a la Madera. Esta decisión se produce tras las solicitudes de varios países afectados, entre ellos, los sudamericanos y del propio sector importador europeo. La decisión es considerada, también, como otra señal más del retroceso de la agenda ambiental en la UE. Los Estados y el Parlamento Europeo.
Bruselas, 2 de octubre de 2024. La Unión Europea anunció este miércoles 2 de octubre que la aplicación de su reglamento sobre deforestación, previsto originalmente para el 1 de enero de 2025, se postergará hasta fines de 2025 para grandes empresas, y hasta mediados de 2026 para pequeñas y microempresas.
Esta normativa, conocida como Reglamento (UE) 2023/1115, establece que los productos importados en los países del bloque deben estar libres de deforestación. Con la promulgación de la regulación, la Unión Europea busca que una serie de productos importados en los países del bloque no provengan de zonas deforestadas.
Para Argentina, de entre estos productos se destacan los que derivan del ganado bovino y de la soja, bienes fundamentales para las exportaciones argentinas. La normativa también incluye al cacao, el café, el aceite de palma, el caucho y la madera, y algunos de sus productos derivados.
La decisión finalmente se tomó luego de que varios países productores de América del Sur, encabezados por Argentina, y el Consejo Agropecuario del Sur (CAS), integrado por Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, solicitaran a la Comisión Europea una prórroga.
Las naciones sudamericanas argumentaron que necesitan más tiempo para adaptarse a las estrictas exigencias de trazabilidad que demanda la normativa.
Argumentos de la Unión Europea
La Comisión Europea justificó la postergación afirmando que busca dar más tiempo a las partes interesadas, tanto a nivel local como internacional, para prepararse adecuadamente. «Este período adicional de 12 meses permitirá una implementación progresiva y eficaz de la normativa», indicó la Comisión en un comunicado oficial.
Además, el organismo publicó guías y documentos de apoyo para acompañar a los países productores y Estados miembros en su adaptación al reglamento.
Si el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban la propuesta, la ley entrará en vigor el 30 de diciembre de 2025 para grandes empresas, y el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.
La regulación afecta productos clave para la economía de varios países sudamericanos, entre ellos, la soja y la carne bovina en el caso de Argentina. Además, incluye otros productos como cacao, café, aceite de palma, caucho, madera y sus derivados.
Declaraciones y reacciones
Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), calificó la postergación como «una decisión correcta».
Afirmó que el reglamento europeo impone «requerimientos excesivos», pero reconoció que la prórroga brinda la oportunidad de seguir mejorando los sistemas de trazabilidad, como el implementado a través de Visec, uno de los más avanzados en esta área. Idígoras también subrayó la importancia de que el Parlamento Europeo ratifique esta postergación antes de fin de año para evitar incertidumbres entre los productores y exportadores sudamericanos.
Por su parte, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) señalaron que “ponemos en valor la decisión que ha tomado la Comisión de la Unión Europea de pedir posponer y rever la aplicación de la norma 1115/2023″.
Desde que se conoció la intención de Europa en materia de deforestación, la entidad presidida por Nicolás Pino rechazó esta propuesta, tanto en ámbitos nacionales como internacionales.
Entre ellos, se destacan espacios como la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, el Foro Mercosur de la Carne, Organización Mundial de Agricultores y encuentros específicos en Chile, Paraguay, Uruguay, Alemania y Bélgica.
Por el lado de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), su presidente Carlos Castagnani reconoció que “la postergación de la normativa 1115 es en principio un alivio para los productores, que venían enfrentando una medida injusta que no consideraba la realidad de nuestras prácticas productivas y el esfuerzo por la sustentabilidad en el campo.”
En este sentido, sostuvo que “hemos defendido siempre que las normativas internacionales deben respetar las particularidades locales; la postergación de esta medida es un reconocimiento a nuestras demandas, pero seguiremos trabajando para que se tenga en cuenta el contexto del productor argentino.”
