Roberto Bonetti, emprendedor conservacionista y propietario de la Reserva Natural Privada Monte Adentro, en áreas del Teyú Cuaré en San Ignacio, pidió la intervención del Ministerio de Justicia de la Nación ante el conflicto de convivencia de vecinos que enfrenta con la Comunidad Mbyá Mbokajatí 2, que derivó en amenazas y situaciones de violencia. Solicitó al ministro Mariano Cuneo Libarona la nulidad del relevamiento territorial de la Ley Nac. 26.160 por “fraudulento” y que se otorguen las garantías constitucionales del derecho a la propiedad privada.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
BUENOS AIRES Y MISIONES (28/8/2024).- Los conflictos de convivencia con la Comunidad Mbya Guaraní Mbokajatí 2 y el propietario de la reserva privada Monte Adentro, en San Ignacio, han incluido enfrentamientos, situaciones de violencia, amenazas, usurpaciones y daños ambientales reiterados, y fueron denunciados ante la justicia y la policía de la localidad.
Esta situación de enfrentamientos cotidianos culminó en una presentación ante el Ministerio de Justicia de la Nación, en la que el propietario solicitó una investigación, la nulidad del relevamiento técnico territorial y una auditoría de todo lo actuado en el marco de la Ley Nacional 26.160, cuya autoridad de aplicación era el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
Si bien los Pueblos Indígenas están amparos en la Constitución Nacional, la Ley 26.160 de Emergencia Territorial vigente y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), también colisiona con los derechos constitucionales de propiedad privada y hay “grises” en la normativa que los propietarios consideran que urge ser revisados ante los reiterados conflictos entre partes que se generan por la territorialidad indígena, donde se requiere la intervención del Estado y organismos para mediar en la solución de los mismos.
En Misiones se registran aproximadamente 120 comunidades Mbya Guaraní, con una población cercana a 12 mil personas, pertenecientes a más de 2.300 familias, según fuentes oficiales de la provincia y organizaciones como EMIPA y ENDEPA.
El emprendedor de ecoturismo y conservacionista Roberto Bonetti, propietario de la reserva natural Monte Adentro ubicada en áreas del Teyú Cuaré, en San Ignacio, en una entrevista con ArgentinaForestal.com explica los motivos que lo llevaron a recurrir ante el organismo nacional y sostiene que los hechos ocurridos en Misiones, donde propietarios están en conflicto con la comunidad indígena, requieren que se hagan valer las garantías constitucionales del derecho a la propiedad privada.
AF: ¿Cuándo y cómo comenzaron los problemas con la Comunidad Mbyá Mbokajatí 2? ¿Y cuál es el planteo o reclamo que hace como propietario por las situaciones de conflicto en su reserva natural Monte Adentro?
Roberto Bonetti: Antes que nada, debo aclarar que la Reserva Natural Monte Adentro no está habitada por comunidades Mbya y nunca lo estuvo, esto lo tengo constatado por escribano público al momento de la compra, donde constan además testimonios de guardaparques de Teyú Cuaré y Osununú. Los problemas que enfrentamos son de destrucción de señalética, retiro de mojones, daño ambiental, incendios intencionales, amenazas, hostigamiento, invasión y turbación de propiedad, entre otros.
La triste situación que vivo desde hace cuatro años en la Reserva Natural Monte Adentro me obligó a estudiar el tema de los pueblos originarios y sus migraciones. También, a revisar todo el relato «a medida» que se ha instalado en la provincia de Misiones con respecto a estas culturas. Me encontré con algo mucho más grande.
Según lo que he podido investigar, en Argentina se ha intentado, y se sigue intentando, restringir o abolir el sagrado derecho constitucional a la propiedad privada. Se ha manipulado la opinión pública mediante banderas que supuestamente representan causas nobles, con el fin de implantar la idea de que la propiedad privada es relativa y está sujeta a un interés social.
Se pretende, de esa forma, instalar una corriente de pensamiento foránea de tendencia socialista, todo para justificar diversos mecanismos de expropiación del patrimonio de los ciudadanos. Una de estas falsas banderas nobles es el indigenismo, que no solo esconde un intento de expropiación fraudulenta de tierras privadas, sino que también será la excusa para expropiar beneficios derivados de los servicios ecosistémicos que generan los montes misioneros.
En referencia a los tratados internacionales que son citados recurrentemente por los «supuestos» defensores de los pueblos originarios, quiero destacar que ninguno de esos tratados puede pasar por encima de los derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución Nacional, por lo cual el estado nacional debe revisarlos exhaustivamente y tomar las medidas que considere necesarias.
Asumo que muchos organismos internacionales tienen responsabilidad directa en el intento de avasallamiento de nuestros derechos consagrados y nuestra soberanía.
AF: ¿Usted plantea que el relevamiento de la Ley 26.160 es un fraude?
RB: Cuando en 2006 se aprobó esta ley, que declaró la «emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país» y ordenó «suspender por cuatro años la ejecución de actos procesales que tengan por objeto el desalojo y desocupación de tierras», simultáneamente se inició un proceso de expansión de comunidades indígenas, ocupando tierras públicas y privadas en todo el territorio nacional. Esto es de público conocimiento, especialmente por lo ocurrido con los Mapuches en la Patagonia, pero también se repite en Salta, Tucumán, y, por supuesto, en Misiones.
La ley también ordenó un relevamiento técnico territorial, destinando para ese fin la suma de 30 millones de pesos (en 2006, unos U$S 10 millones). Sin embargo, este relevamiento nunca se terminó, y la expansión de las comunidades tampoco. La ley se prorrogó en tres oportunidades: en 2009, destinando otros 30 millones de pesos (aproximadamente U$S 8.000.000); en 2013, con una nueva prórroga sin declarar fondos específicos («el Poder Ejecutivo nacional asignará las partidas necesarias»); y en 2017, nuevamente prorrogada sin declarar fondos.
¿Cuántas hectáreas de tierra se podrían haber comprado para las comunidades indígenas con todo el dinero que recibió el INAI y el que no se declaró? ¿Qué se hizo con ese dinero? ¿Cuánto fue en total el dinero destinado a este relevamiento?
Por esto he solicitado al Ministerio de Justicia de la Nación una auditoría sobre todo lo actuado en el marco de la ley 26.160, ya que considero que se ha perjudicado tanto a los verdaderos pueblos originarios como a los contribuyentes. Los Mbya no estarían alcanzados por la Ley 26.160.
El actual territorio de la provincia de Misiones, antes de la llegada de los españoles, no estaba habitado por Mbya; estaba habitado por los Kaingang, quienes podrían considerarse los verdaderos originarios, y fueron los primeros consumidores de yerba mate.
Por citar algunos textos sobre esta etnia, que hasta en Wikipedia están publicados, se señala:
«Tienen casi la figura de los europeos, aunque son más bajos, con piernas y brazos más gruesos. Las caras las tienen todas iguales y como cortadas por el mismo modelo. No son ovales, sino redondas y achatadas; no son negras como las de los Negros del África, sino de color marrón o blanco verdoso…”
“Los primeros españoles que llegaron a la zona norte de la Mesopotamia argentina se encontraron con estos pueblos (Kaingang), que posteriormente fueron suplantados allí por guaraníes y charrúas.”
“Al fundarse la ciudad de Corrientes en 1588, algunos grupos Kaingang fueron entregados en encomiendas, pero la mayoría de los que vivían en la zona se refugiaron en los Esteros del Iberá debido a la presión de los españoles y de los guaraníes.”
Cabe destacar, además, que en Misiones habitaron antes dos civilizaciones: primero los Umbu y luego los Alto Paranaenses o Humaitá. Se ha manipulado la historia para instalar que las actuales poblaciones Mbya son «pueblos originarios», cuando en realidad los Mbya no habitaban nuestra provincia al momento de la conquista; su llegada fue muy posterior y bastante reciente.
Otro ejemplo es lo que expresa Alfonso Arrechea:
“La necesidad de enmendar resulta además de la gran paradoja que resulta de que para pretender reparar la confiscación e intervención en el modo de vida que los europeos hicieron en los naturales de esta tierra, se les reconozcan derechos a los principales enemigos de quienes las habitaban, ya que los Mbya eran eso, grandes enemigos de los guaraníes.”
Los Mbya habitaban Paraguay, desde el río Paraná hasta el río Tebycuarí, y llegaron a Misiones en dos procesos migratorios: el primero en la década de 1930, en pleno siglo XX, durante la guerra del Chaco Paraguayo y escapando de los reclutamientos; y el segundo, a partir de 1960 o 70, debido a la expansión de la frontera agrícola en Paraguay.
Durante estos dos procesos, las poblaciones Mbya se instalaron en el norte de la provincia, en la zona de El Alcázar.
El Censo Indígena Nacional, que se realizó entre los años 1965 y 1967, registró que en Misiones había 18 agrupaciones, 99 hogares y 512 indígenas de la etnia Mbya.
Recién alrededor del año 2006, aparecieron las primeras comunidades Mbya en Teyú Cuaré, provenientes de Caraguatay (casi simultáneamente con la sanción de la Ley 26.160), traídas por un intendente de apellido Wirtz con fines de manejo electoral. Posteriormente, otro intendente de apellido Vandendorp trajo más Mbya con el mismo fin, y desde entonces las poblaciones no han dejado de crecer, atraídas por los beneficios que brinda el Estado: subsidios, promesas de tierras, etc.
Es bastante fácil para cualquier misionero repasar los cuentos de Horacio Quiroga y verificar que jamás el escritor menciona a los Mbya, a pesar de haber habitado y explorado la zona de Teyú Cuaré durante un lapso considerable de tiempo.
Cualquier vecino nacido y criado en Teyú Cuaré puede prestar testimonio de que en la zona no había ninguna comunidad Mbyá hasta aproximadamente 2006.
En referencia a los problemas que tenemos en la Reserva Monte Adentro, primero aclaro que la comunidad Mbokajatí 2 se instaló en el año 2016 en una parcela que pertenecía a Luís Lesczinsky y Oralina Sibre, quienes fueron asesinados en su propiedad, presumiblemente en ocasión de robo en 2011, en lo que se conoció como la «Masacre de Teyú Cuaré».
Por todo lo antes expuesto, creo que se puede entender claramente que los Mbya no son pueblos originarios de Misiones y que las comunidades Mbya de San Ignacio no son tradicionales, por lo que considero que no quedarían enmarcadas en la fraudulenta Ley 26.160.
Estamos ante el mismo intento de otorgar derechos a personas que no les corresponde, que son tan invasores en nuestras tierras como lo fueron los Mapuches en la Patagonia.
Tierra y territorialidad
AF: ¿Han tenido que modificar su proyecto familiar debido a los conflictos de convivencia con la comunidad, situaciones de tensión constante, amenazas y/o violencia?
RB: Nosotros no hemos cambiado nuestro proyecto familiar, pero estamos profundamente angustiados por la falta de seguridad y las demoras en el accionar de la Justicia. Para comprender la magnitud de lo que ocurre, basta mencionar que el cacique de la Comunidad Mbyá Mbokajatí 2 tiene dictada una orden de restricción para no acercarse a mí debido a sus reiteradas amenazas. Sin embargo, ha intentado agredirme nuevamente con un machete dentro de mi propiedad. Pude filmar esta situación con mi celular y presenté el material junto con una nueva denuncia ante la Policía. A más de un mes del incidente, ese material aún no ha llegado al Juzgado; si mi vida dependiera de ello, posiblemente ya no existiría.
En mi caso, el problema es con la comunidad Mbokajatí 2. Ellos no desean mi presencia en mi propiedad ni compartir el camino vecinal, aunque reconocen que soy el dueño, lo cual queda claro en los videos de la última agresión que sufrí. También argumentan que todo Teyú Cuaré fue relevado como territorio ancestral, lo cual es un planteo absurdo. Además, según la ex-directora de Asuntos Guaraníes, la hija del cacique trabaja para el INAI en el área de relevamiento técnico territorial, lo que constituye otra prueba más de lo fraudulento del sistema, ya que su rol sería incompatible por ser parte interesada. Esta persona también aparece en el video intentando arrebatarme el celular.
La Reserva Natural Monte Adentro tiene toda la documentación en regla y está reconocida por el estado provincial como parte del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, lo cual, al mismo tiempo, reconoce mi propiedad y me otorga el mandato de protegerla.
Es importante entender que los Mbyá han sido manipulados durante mucho tiempo por personas y organizaciones con intereses diversos, que van desde obtener votos hasta intentar desplazar a propietarios legítimos para quedarse con tierras con alto potencial turístico, como es el caso de la Reserva Monte Adentro. Esta es la principal hipótesis que manejo sobre lo que me sucede.
A modo ilustrativo, y sin forzar una relación directa, quiero compartir que el cacique Rosalino Ramos me comentó en una oportunidad que él tiene jefes y que hace lo que ellos le mandan. Cuando le pregunté quiénes eran esos jefes, pensando que se refería a Mbyás de rango superior, me dio un número de teléfono de una persona llamada “Kiki” (Ramirez), que resultó ser una señora no Mbyá de Aristóbulo de Valle, perteneciente a una organización llamada EMIPA.
Video de una de las situaciones de tensión dentro de la Reserva Natural Privada Monte Adentro, aportado por el propietario.
Es importante, con respecto a la cuestión de las tierras de muchos colonos que aún no poseen título de propiedad y que se encuentran en desventaja con respecto a los que sí lo tenemos a la hora de reclamar por una intrusión o pedir un desalojo, que todos los propietarios de chacras que aún no obtuvieron su título de propiedad gestionen con urgencia los trámites necesarios. Y al margen de eso, realicen a la brevedad una “constatación” mediante escribano público para dejar constancia del estado de ocupación de sus propiedades. Tengan en cuenta que es “Vox Populi” que las organizaciones que se dedican a manejar a las comunidades Mbyá reciben información desde organismos provinciales sobre las tierras que no tienen título.
AF: ¿Qué ayuda ha recibido del Estado de Misiones en este proceso para resolver el conflicto (Asuntos Guaraníes, Ecología, Municipalidad)? ¿Asesoramiento, mesas de diálogo, etc.?
RB: Hasta el momento, ninguna. Las antiguas autoridades de Asuntos Guaraníes parecían estar más preocupadas por temas electorales que por las problemáticas propias de sus cargos. Otros funcionarios se limitaron a decir que los Mbyás “no entienden de propiedad privada” y alguno incluso sugirió que los sacara a los tiros.
Debo destacar que, tras conversar con el nuevo director del organismo, Francisco Rodríguez, se renovaron mis esperanzas de que el estado provincial intervenga y ayude a restablecer la paz en Teyú Cuaré, ya que el funcionario expresó su predisposición para avanzar en la resolución de los conflictos.
AF: ¿Hay otros vecinos en San Ignacio con conflictos con las comunidades indígenas que hayan incrementado su preocupación?
RB: Tengo conocimiento de que en un loteo cercano al barrio La Cueva del Teyú, varios vecinos han sufrido la ocupación de sus terrenos por una comunidad Mbyá autodenominada Mbokajatí, aun cuando los lotes estaban cercados y contaban con instalaciones como pileta y quincho. Al parecer, algunas organizaciones del gobierno provincial habrían construido viviendas prefabricadas para esta comunidad en esos terrenos privados. Entiendo que esto está judicializado.
Además, hemos sufrido numerosos incendios forestales intencionales en algunas chacras y zonas de alto valor ambiental, casi siempre en áreas vecinas a comunidades indígenas.
AF: ¿Por qué decidió finalmente solicitar la intervención del Ministerio de Justicia de la Nación y cuál es el estado actual del tema en el territorio?
RB: En primer lugar, porque el problema tiene su origen en una ley nacional y en un organismo nacional. He solicitado al Ministerio de Justicia de la Nación la nulidad del relevamiento técnico territorial que realizó el INAI en el departamento San Ignacio, ya que hay pruebas suficientes de que se llevó a cabo con negligencia, si no es que fue deliberadamente un fraude, al relevar propiedades privadas como territorio ancestral sin el conocimiento de los propietarios legales y legítimos de las tierras. Esto constituye una violación manifiesta del derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Nacional. También he solicitado una auditoría de todas las actuaciones del INAI en el marco de la ley 26.160 y, por último, he pedido que las fuerzas federales intervengan en todos los hechos de inseguridad relacionados con esta ley y su fraudulento relevamiento.
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