La Ley de Tierras Rurales 26.737 establece un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel departamental (cap. 8). Según adelantaron medios nacionales, el Gobierno Nacional habría incluido en el megadecreto de “Necesidad y Urgencia” que firmó el presidente Javier Milei, la derogación de la ley que hasta ahora es uno de los principales reclamos del sector foresto-industrial al Estado, ya que frena potenciales proyectos de grandes inversiones extranjeras.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
Fuente: Con información de La Nación y TN Todo Noticias
BUENOS AIRES (20/12/2023).- El limite de posesión de tierras a 1000 hectáreas frena proyectos de inversión de gran escala en la industria de base forestal, ya que son proyectos de capital intensivo que requieren de asegurar su abastecimiento propio por lo menos en un 60%.
Este miércoles, según trascendió, el presidente Javier Milei presentará los trazos generales de la iniciativa que tendrá desregulaciones económicas, achicamiento de gastos del Estado, cambios en la legislación laboral, por ejemplo.
Según pudo saber el diario La Nación, el decreto de necesidad y urgencia avanzará, en el caso del agro, sobre leyes que afectan cuestiones vinculadas con la vitivinicultura, el algodón, una reforma del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y la polémica ley de tierras.
Respecto de este último aspecto, en 2011, con el kirchnerismo en el poder se sancionó la ley 26.737 denominada de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras. Limitó en 1000 hectáreas en la zona núcleo la cantidad de tierras que podía adquirir un extranjero y luego las distintas provincias trazaron sus propias equivalencias en superficie.
En ese momento, la excusa para sacar la ley era que en el país había un importante territorio en manos extranjeras. Se puso que no podían tener más del 15% de las tierras rurales del país. Sin embargo, luego los datos terminaron reflejando otra cosa: que la superficie “extranjerizada” era, con 16.253.279 de hectáreas, el 6,09%. Es decir, sobre un área rural total de 266.707.361 de hectáreas. Para 2020 el nivel de extranjerización había caído al 5%.
Por esta ley, un mercado inmobiliario rural que estaba activo fue perdiendo brillo y los valores de los campos en las mejores zonas agrícolas de la Argentina, como en el norte bonaerense, se fueron despegando de los precios de Estados Unidos. En medio de esa ley más el cepo cambiario, mientras en el país los precios se estancaron en EE.UU., siguieron al alza y hasta subieron más del doble.
Vale recordar que en 2016 el gobierno de Mauricio Macri flexibilizó con un decreto reglamentario la ley de tierras, aunque manteniendo la exigencia del límite de 1000 hectáreas para un extranjero que quería comprar en el país. Sí se reconocieron derechos adquiridos para que un extranjero que ya tenía campos pudiera vender y recomprar sin los límites de las 1000 hectáreas.
Qué cambios haría Javier Milei con su DNU
- El punto que se busca cambiar en la Ley de Tierras es el siguiente: “Regular, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción”.
Este cambio implica la eliminación de las restricciones establecidas por la ley de 2011 en cuanto a la cantidad de hectáreas que un extranjero puede adquirir en zonas rurales. Actualmente, la ley limita a 1000 hectáreas la cantidad de tierras que un extranjero puede poseer en la zona núcleo.
AFOA, FAIMA, ASORA, AFCP y SRA pidieron la excepción de la Ley Tierras para grandes proyectos
Los miembros del Consejo Foresto-industrial Argentino (CONFIAR) , conformado por la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP); Asociación Forestal Argentina (AFoA); Asociación de Fabricantes y Representantes de Máquinas, Equipos y Herramientas para la Industria Maderera (ASORA), la Federación Argentina de la Industria Maderera y Afines (FAIMA) y la Sociedad Rural Argentina (SRA); en su encuentro anual de cierre de año realizado el 12 de diciembre, pidieron entre las nuevas medidas necesarias para desarrollar este sector, la modificación o creación de marcos normativos en:
La aplicación correcta y con financiamiento adecuado de la Ley 25080 – De Promoción a la Inversión en Bosques Cultivados – vigente hasta 2029.
La aplicación correcta y con financiamiento adecuado de la Ley 26331 – De Presupuestos Mínimos de protección ambiental de bosque cultivados.
La derogación de la Ley 27604 (2020) modificatoria de la Ley 26815 de Presupuestos Mínimos de Manejo de Fuego Rural.
Y tres nuevas leyes:
- Proyecto de promoción de grandes inversiones foresto-industriales. Que permita impulsar un esquema normativo que incentive y de previsibilidad a inversiones foresto industriales intensivas en capital que incluya la excepción en la aplicación de la Ley 26737 de Tierras Rurales.
- Ley de promoción de los mercados de carbono.
- Ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial de tierras rurales.
Como bloque industrial, el consejo representa a un sector que involucra a 1,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales; incluye a 13.000 productores forestales y más de 6.000 empresas. Emplea en forma directa y formalmente a más de 100.000 personas y exporta alrededor de 700 millones de dólares anuales y que fácilmente podría aumentar a más de 2,6 mil millones.
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