Activistas de Greenpeace junto a integrantes de las comunidades mbya guaraníes Guazurarí (Puerto Libertad) y Puente Quemado II (Garuhapé) realizaron una simbólica protesta contra la empresa forestal multinacional. Si bien la compañía no tiene autorización para aumentar en extensión su patrimonio ni pueden desde hace casi 20 años realizar reconversión de uso de suelo, los activistas mantienen su lucha por “el avance que la empresa hace sobre territorios indígenas y selva paranaense en Misiones”. La acción busca dar visibilidad a la campaña de la ONG para lograr que el apeo ilegal sea un delito penal en la Argentina.
Por Patricia Escobar
@argentinaforest
MISIONES (19/9/2023).- La semana pasada, ArgentinaForestal.com publicó la política empresaria que lleva adelante Arauco Argentina SA con los avances del Programa Paisaje Productivo Protegido, en conjunto con la Fundación ProYungas que lidera el proceso con componentes socioambientales, de planificación territorial, comunicación y alianzas estratégicas para mejorar el diálogo con la comunidad donde está inserta.
En la oportunidad, directivos de la compañía informaron el patrimonio actual de tierras, explicaron que no se realiza operaciones forestales en áreas de Selva Misionera ya que la provincia tiene legislación vigente al respecto y también los estándares internacionales de servicios ecosistémicos y manejo forestal sustentable de FSC se los exige, entre otros aspectos socioambientales que están llevando adelante.
Arauco tiene en el país en total una superficie de 262.500 hectáreas, de las cuales 232.900 están en Misiones y 29.600 en el Delta del Paraná (Buenos Aires y Entre Ríos). De ellas, destina un 45% en forma voluntaria a la conservación de reservas naturales y áreas de bosques nativos, lo que representa 115.000 hectáreas, principalmente de Selva Misionera, un ambiente amenazado a nivel mundial.
La compañía no tiene planes de expandirse en Misiones tras la ultima aprobación de compra de los activos de la ex Pecom Forestal en 2004, desde entonces, su meta es lograr mayor eficiencia productiva en la misma superficie y avanzar para ello en la mejora continua de los aspectos socioambientales en el territorio.
Sin embargo, las preocupaciones siguen vigentes en el territorio. La Comunidad de Puente Quemado II viene escalando en denuncias desde el 2022, cuando un incendio afectó las plantaciones de la empresa y también llegó hasta la zona de viviendas de los indígenas. Desde entonces, la comunidad reclama que se reforeste el área con bosques nativos: “No queremos pinos”, dicen.
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Desde Greenpeace difundieron este martes un comunicado reflejando el reclamo que llevaron adelante en Misiones junto a dos comunidades Mbya en la zona norte y centro de la provincia. “Arauco es una corporación que opera en treinta países y en la provincia de Misiones tiene unas 230.000 hectáreas – NdR: un 45% en conservación voluntaria- , de las cuales cerca de 120.000 son plantaciones de especies exóticas donde antes había Selva Paranaense”.
En Misiones, según legislación vigente y datos oficiales del Ministerio del Agro y Producción hay 419 mil hectáreas forestadas de pino, eucalipto y araucarias , entre otras especies, en propiedades privadas con destino a uso de producción de madera renovable. Hoy, de la producción forestal se abastecen más de 600 industrias medianas, pequeñas y micro.
La provincia de Misiones es líder en el país en el desarrollo de la cadena de valor de la foresto-industria, y junto a la actividad del Turismo de naturaleza, se posiciona a nivel global por su desarrollo sostenible donde encontró un equilibrio entre la producción y el ambiente, con la aplicación de normativas y legislación vigente.
También tiene otras actividades productivas como té, yerba mate, tabaco, y otros cultivos agrícolas, donde antiguamente hubo selva.
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Conflicto por tierras entre Arauco y comunidades
“La empresa tiene varias denuncias de comunidades guaraníes por operar sobre sus territorios y vulnerar sus derechos. Es hora de terminar con su impunidad”, advirtió Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace.
La propia empresa reconoce que, cuando se llamaba Alto Paraná SA, entre 1994 y 2003 realizó el desmonte de “20.811 hectáreas que estaban cubiertas con vegetación nativa, para el establecimiento de nuevas plantaciones. Además, cuentan con otras 100.000 hectáreas de plantaciones compradas a otros propietarios luego de desmontar la selva. Así, la superficie total de plantaciones que posee Arauco en Misiones es similar a la de 6 ciudades de Buenos Aires”, graficaron en el reporte de la ONG.
En este contexto, y a modo de protesta, integrantes de las comunidades guaraníes acompañados por activistas de Greenpeace realizaron una reforestación con plantines de especies nativas y desplegaron carteles con la leyenda: “Ka’aguy Ñanemba’e – La selva es nuestra“.
La comunidad Guazurarí está ubicada cerca de Puerto Libertad, en el norte de la provincia. Mientras que la comunidad Puente Quemado II se encuentra cerca de Garuhapé, en el centro oeste de Misiones.
Sus territorios fueron relevados y reconocidos por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia Indígena. Sin embargo, la empresa mantiene sus plantaciones dentro de los mismos y pretende seguir con sus siembras y cosechas, lo que impide la regeneración de la selva.
“Las selvas y bosques son fundamentales para la regulación climática e hídrica, y contienen la mayor cantidad de especies del planeta. Nos brindan recursos claves como alimentos, medicinas y maderas, y son el sustento y territorio de comunidades indígenas y campesinas. Invitamos a la gente a votar si considera que se debe penalizar su destrucción”, señaló Cruz.
Finalmente, invitan a sumarse a la campaña para que se sancione leyes contra la destrucción de los bosques: www.votaporlosbosques.org se puede participar de la Consulta Popular que lanzó Greenpeace.
Comunidad Takuapi Mirĩ denunció penalmente a una reconocida empresa de venta de combustible por apeo ilegal y daño ambiental en más de 100 hectáreas de su territorio
Tras la denuncia realizada, el ministerio de Ecología suspendió los permisos de uso de suelo otorgados a la empresa por 90 hectáreas y la comunidad Mbya Guarani formalizó ante la Justicia una denuncia penal por el apeo ilegal y daño ambiental ejercido sobre sus derechos.
“Francisco Silva y Dalmacio Ramos, mburuvicha de las Comunidades Takuapi Mirĩ y Ychyry, denunciaron penalmente a la empresa transportista y venta de combustible en Aristóbulo del Valle, por el daño causado a más de 100 hectáreas que corresponden a territorio guaraní según demarcación efectuada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas”, comunicaron desde el Equipo Misionero Pastoral Aborigen.
Por esta razón, no deberá hacerse ninguna actividad que afecte a la Comunidad sin realizar la consulta previa, libre e informada en el territorio.
“Teniendo en cuenta que en términos jurídicos estamos frente un territorio indígena que ha sido violentado por particulares, se hace indispensable su protección por parte del Estado”, afirmaron en la denuncia las autoridades indígenas, solicitando la intervención de la justicia penal correspondiente de acuerdo a la naturaleza de los hechos.
Seguidamente, explicaron que según las reglamentaciones del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el territorio es no solo sustento de vida sino identidad cultural para los Pueblos Indígenas.
“La pérdida de tierras ancestrales amenaza la sobrevivencia misma como Comunidades y Pueblos distintos. Por ello cuando se habla de territorio debe entenderse la totalidad del territorio que emplean, lo que incluye los bosques, ríos, montañas y mares costeros, y tanto la superficie como el subsuelo”, argumentaron.
El hecho representa violación a leyes ambientales y reglamentaciones sobre derechos indígenas como el Convenio 169 de la OIT, la Ley 26160 de Emergencia Territorial, y la Ley 26.331 de Bosques Nativos, entre otras.
Las Comunidades están constituidas por alrededor de 100 familias compuestas en su mayoría por mujeres y niños.
“Nuestro sustento principal deriva de los recursos que obtenemos tanto del monte como del arroyo, que además es la única fuente de agua que disponemos”, indicaron.
Cabe recordar que días atrás el Ministerio de Ecología suspendió el Plan de Uso de Suelo que le había otorgado a la empresa en una superficie de 90 hectáreas, pero el daño es irreversible y hoy corresponde al Poder Judicial garantizar la protección efectiva del derecho y posesión violentada.
