Activistas de Greenpeace desplegaron un cartel gigante en una finca de casi 12.000 hectáreas, el tamaño de media ciudad de Buenos Aires, que fue ilegalmente deforestada. La denuncia lleva 10 años y la organización ecologista afirma que «su dueño aún no restauró el bosque y sigue con producción agropecuaria». Desde la organización iniciaron una campaña convocando a la ciudadanía a votar una Consulta Popular sobre si hay que penalizar desmontes ilegales e incendios rurales.
Fuente: Greenpeace
SALTA (17/7/2023).- “Se trata del desmonte ilegal más grande del país de las últimas décadas», aseguran desde Greenpeace, organización que denunció «un ecocidio que realizaron durante varios meses con 18 topadoras y la AFIP los denunció por trabajo esclavo. Les aplicaron una multa por el desmonte, pero terminaron acordando un plan de remediación del bosque que nunca se concretó, y siguen con su negocio agropecuario como si nada», explicaron.
En ese contexto, consideran «un claro ejemplo de la impunidad con la que se viola la Ley de Bosques. El desmonte ilegal debe ser un delito penal”. Así lo afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de Bosques de Greenpeace
“Es evidente que las multas por apeo ilegal no son suficientes para desalentar la deforestación ilegal, y los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción. La gente votará si considera que se debe penalizar su destrucción», sostuvo la ambientalista respecto a la consulta popular que lanzó la organización.
De la protesta participaron treinta y tres activistas de varias provincias, quienes desplegaron dentro de la finca un cartel con un signo de pregunta gigante y la frase “¿Y el bosque?” y otros dos carteles en forma de cinta métrica para delimitar la superficie de una hectárea (100 metros x 100 metros), como una pequeña muestra de las 11.875 que allí se deforestaron ilegalmente.
La organización ecologista denuncia que su dueño lleva, impunemente, 10 años sin restaurar el bosque y con producción agropecuaria. Invitan a la ciudadanía a votar una Consulta Popular sobre si hay que penalizar desmontes ilegales e incendios forestales.
La estancia está ubicada a unos 20 kilómetros de la localidad de Dragones, en el norte de Salta, y es propiedad del empresario agropecuario Juan José Karlen y Daniel Darío Karlen , según la denuncia del caso impulsada por Greenpeace en 2013 y 2016.
“Los bosques son fundamentales para la regulación climática e hídrica, y contienen la mayor cantidad de especies del planeta. Nos brindan recursos claves como alimentos, medicinas y maderas, y son el sustento y territorio de comunidades indígenas y campesinas. Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar la deforestación ilegal y los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción”, señaló Cruz.
En www.votaporlosbosques.org se puede participar de la Consulta Popular que lanzó Greenpeace. Los resultados serán entregados al Congreso de la Nación
Las principales causas son el avance de la frontera agropecuaria (ganadería y soja que en gran medida se exportan a Asia y Europa) y los incendios forestales (el 95% son por acciones humanas).
A pesar de que en Argentina existe una muy buena Ley de Bosques, la mayoría de los desmontes son ilegales. Es evidente que las multas no son suficientes para desalentar que arrasen con los bosques, y los empresarios suelen incluirlas como un costo más de producción. Además, los responsables casi nunca son obligados a restaurarlos y en muchos casos es clara la complicidad de funcionarios al autorizar desmontes donde no está permitido.
«Ante esta situación, consultamos a la sociedad si considera que los desmontes ilegales e incendios forestales deben ser un delito penal», señalaron desde Greenpeace.
