Tras la cumbre realizada en Costa Rica, el 14 de septiembre, consensuaron 10 recomendaciones desde las juventudes latinoamericanas para los gobiernos nacionales en la región y 10 para los grandes emisores globales a presentarse en COP27 en Egipto.
ESTADOS UNIDOS, COSTA RICA Y ARGENTINA (Octubre 2022).- Durante el año atravesaron distintas etapas: de junio a agosto brindaron capacitaciones semanales; en septiembre se realizó el evento híbrido en Costa Rica; durante octubre llevarán adelante una campaña de incidencia para llegar finalmente a la COP 27 en noviembre.
Cartago, Costa Rica – 14 de septiembre de 2022
Somos la juventud despierta y alerta que se reconoce como parte de la Regeneración. No sólo salimos a las calles a marchar y visibilizar injusticias, sino que tomamos cartas en el asunto y lideramos iniciativas de impacto. Estamos dispuestos a encontrar una nueva forma de habitar el mundo que coloque a los derechos humanos como brújula de la evolución humana. Sabemos que es nuestro mandamiento regenerar el vínculo entre los seres humanos y con la naturaleza, la vida, el sustento y nuestra casa.
Asimismo, reconocemos que nuestro poder de acción se encuentra limitado y urge el compromiso de los gobiernos nacionales y los grandes emisores para que la humanidad se encuentre a la altura de las múltiples crisis que se manifiestan.
Esperamos que este documento que contiene las reflexiones, voces, contextos, protestas y propuestas de cientos de líderes activistas de la región tome el alcance y la fuerza para el que fue realizado.
RCOY Latinoamérica
La RCOY Latinoamérica o Conferencia Regional de las Juventudes (RCOY por sus siglas en inglés) Latinoamericanas surge como una instancia de participación e incidencia de las juventudes latinoamericanas, siendo un evento anual en forma previa a la Conferencia de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, y avalado oficialmente en su primera y segunda versión por el órgano de juventudes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (YOUNGO por sus siglas en inglés).
Este evento fue por primera vez realizado durante el año 2021, bajo la denominación RCOY LA-C, aunando a América Latina y el Caribe, en modalidad virtual, consensuando una Declaración Regional que fue avalada por más de 30.000 firmas y presentada en la COP26.
Para el año 2022, el evento fue reformulado por las particularidades territoriales y culturales, de forma de realizarse una RCOY para el Caribe y una RCOY para América Latina. Así, a partir de la COP26, comenzó a gestarse la RCOY Latinoamérica 2022.
En su versión 2022, la RCOY Latinoamérica construyó entre los meses de marzo y septiembre de 2022 una Red de Organizaciones, reflejada en un mapa de organizaciones con más de 200 organizaciones a nivel regional, que incluye más de 10.000 participantes, y un Mapa de Iniciativas Regionales, con más de 200 proyectos [incorporar números de impacto].
En paralelo a este proceso, se realizó un proceso de capacitaciones abiertas a jóvenes de toda la región en formato online y asambleas para la discusión del contenido del documento participativo “De la Protesta a la Propuesta”, con recomendaciones específicas de las juventudes latinoamericanas a los gobiernos nacionales y grandes emisores globales, con el objetivo de concretar las demandas levantadas en la Declaración Regional 2021.
Todo este camino desembocó en la gran Cumbre Regional de las Juventudes Latinoamericanas (en adelante, la “Cumbre”) realizada durante los días 12, 13 y 14 de septiembre, en las dependencias del Instituto Tecnológico de Costa Rica, en Cartago, Costa Rica, con la presencia in situ de más de 300 jóvenes y cientos de jóvenes en formato online.
Las conclusiones de estas asambleas se plasmaron en la herramienta virtual Padlet, la que permitió no solo elaborar las propuestas, sino permitió a los distintos participantes realizar
comentarios y mostrar su apoyo mediante “likes”.
A partir de los insumos en el Padlet, se identificaron los ejes transversales de las propuestas: i) perspectiva de género, ii) responsabilidades comunes, pero diferenciadas, iii) recuperación verde, iv) transición justa, las 10 temáticas de propuesta para los gobiernos nacionales:
1) participación pública,
2) transición energética,
3) ciudades y transporte,
4) pérdidas y daños,
5) alimentación y agricultura,
6)empoderamiento climático,
7) adaptación,
8) biodiversidad y naturaleza,
9) océanos y zonas costeras y
10) financiamiento e inversión.
Las 10 temáticas de propuesta para los grandes emisores:
1) carbono neutralidad,
2) financiamiento,
3) transparencia,
4) transferencia de tecnologías y conocimientos,
5) deuda ecológica y financiera,
6) impuestos verdes y mercados de carbonos,
7) transición económica,
8) articulación pública-privada, 9) concientización de partes interesadas y
10) empleos verdes, azules y emprendimientos.
Todas las propuestas vertidas en Padlet fueron luego discutidas en mesas de trabajo presenciales y virtuales durante el desarrollo de la Cumbre. Se elaboraron dos mesas de trabajo presenciales por temática de las propuestas a gobiernos nacionales y a grandes emisores, en donde se discutió sobre el contexto, la propuesta de acción por temática y el actor implementador. En cada mesa se seleccionó una persona participante con el rol de relatora, quien estuvo a cargo de la redacción y acuerdo de la propuesta de acción final. A la vez, se realizaron sesiones virtuales en inglés, español y portugues, en donde las personas participantes aportaron en las propuestas del Padlet. Finalmente, se consideraron los puntos de vista tanto virtuales como presenciales.
I. DE LA PROTESTA A LA PROPUESTA
1. 10 recomendaciones para los Gobiernos Nacionales
1.1. Participación Pública
Pese a que 13 países de Latinoamérica han ratificado el Acuerdo de Escazú y varios de ellos ya están en proceso de implementación, aún son 12 los que no lo hacen; en este sentido, se exige la ratificación e implementación del Acuerdo de Escazú en todos los países de Latinoamérica con el propósito de proteger y preservar ecosistemas y brindar seguridad, protección y acompañamiento a la ciudadanía y en especial a defensores ambientales consolidando una participación pública vinculante y una transparencia eficiente.
Asimismo, considerando tendencias compartidas en la región; los Estados, entidades públicas y privadas de carácter nacional e internacional y sociedad civil, se comprometan a trabajar de manera colaborativa la democracia ambiental con enfoque de género a través de capacitaciones, programas, proyectos, campañas y políticas públicas de socialización integral con propósito de desmitificar el Acuerdo de Escazú. Se debe contemplar a toda la ciudadanía, con énfasis en grupos vulnerabilizados como pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, personas en situación de pobreza, infancias y juventudes diversas. Los resultados deben estar respaldados en indicadores cualitativos y cuantitativos que, por ejemplo, reflejan la cantidad de personas alcanzadas, asesoradas en cada acción.
1.2. Transición energética
Atendido que el sector energético representa más de dos tercios de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero y Latinoamérica exhibe una alta dependencia de los combustibles fósiles, se vuelve imperativa una transición que busque la seguridad energética nacional sin dejar de lado los impactos ambientales y la asequibilidad de este servicio. Para lograrlo es necesaria una transición energética justa, urgente, inclusiva, ecológica, diversificada y 100% renovable al 2030, que al mismo tiempo priorice la eficiencia energética y las energías de bajo impacto ambiental.
Para esto, exigimos a los gobiernos nacionales puntualizar en las Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDCs) y los Planes de Transición Energética Nacionales objetivos realistas, medibles, alcanzables, específicos, monitoreables en el tiempo, participativos y basados en ciencia, considerando el corto y mediano plazo, y atendiendo a los recursos naturales locales disponibles y a el contexto socioeconómico inequitativo de Latinoamérica. Dichos objetivos deben propender al fortalecimiento de la regulación del sector energético para controlar el uso de combustibles fósiles favoreciendo la generación de energía renovable no convencional y la seguridad energética.
1.3. Ciudades y Transporte
A 2020, las zonas urbanas concentran el 70% de las emisiones de CO2eq globales (IPCC, 2022); al mismo tiempo, el desarrollo actual promueve el transporte vehicular emisor privado, la segregación socioespacial y deja de lado los problemas de zonas rurales y costeras. Todo esto incrementa la vulnerabilidad a impactos climáticos, por esto, como juventudes latinoamericanas solicitamos a los gobiernos nacionales que antes del 2030 el desarrollo urbano se oriente hacia:
● Ciudades verdes, resilientes, sostenibles e inclusivas (especialmente considerando a las
personas con discapacidad, con movilidad reducida, con perspectiva de género, las
infancias y los jóvenes)
● Movilidad baja en emisiones con justicia social y transición justa
● Planificación territorial con participación pública y enlace centro – periferia.
1.4. Pérdidas y daños
Los Andes, el noreste de Brasil y los países del norte de América Central se encuentran entre las regiones más sensibles a las migraciones y desplazamientos relacionados con el clima. Al mismo tiempo la frecuencia de eventos extremos y desastres potenciados por la crisis climática han aumentado sostenidamente. Sin embargo, y pese al relativo consenso regional sobre la necesidad de afrontar las pérdidas y daños, no existe una cuantificación ni cualificación de estos, siendo altamente sensible la falta de indicadores que permitan una movilización de fondos para que la reparación sea efectiva.
Debido a lo anterior, exigimos a los gobiernos nacionales, la apertura de un observatorio de pérdidas y daños, autónomo con relación estatal no restrictiva, multidisciplinario e inclusivo (con participaciones consultivas de actores clave, incluyendo a los pueblos indígenas, juventudes, infancias, la academia), con multienfoques (derechos humanos, comunidades, género, cultura, educación, salud, infraestructura, biodiversidad), que dé origen a medidas compensatorias de espectros económicos y no económicos; asociado además a una obligación de reporte de línea base e informe bianual.
1.5. Alimentación y agricultura
La Región latinoamericana es caracterizada por su alta diversidad de sistemas ecosistémicos, económicos y socioculturales. Dicha complejidad también involucra a los sistemas agrícolas donde el 80% de dicha producción es representado por agricultores familiares y/o pequeños productores (FAO, 2014), los cuales presentan una alta vulnerabilidad ante la crisis climática según el último informe de la IPCC 2022; por ende, le exigimos a los ministerios de agricultura,
instituciones de investigación, gobiernos locales y la población, que se realicen planes de acción
de soberanía alimentaria y producción agroecológica que garanticen enfoque de género, comercio justo, consumo local que satisfaga las necesidades nutricionales y enriquecimiento cultural, el acceso al financiamiento, articulación de coinnovación y acceso a la tierra; a partir
de proyectos a nivel comunitario que garanticen mecanismos de producción autónoma junto con la reducción del hambre, el fin de la pobreza y reducción total de la inseguridad alimentaria de una manera transversal y holística para el año 2030.
1.6. Empoderamiento climático
Históricamente grandes sectores han sido invisibilizados en las luchas realizadas por la conquista de derechos, aun así la historia nos demuestra que las juventudes han sido, la fuerza, masa y reserva moral de todas las revoluciones. Es en este sentido; las juventudes están siendo un actor fundamental dentro de la lucha contra la crisis climática y la participación de las mismas debe ser un pilar que nos ayude a construir soluciones que resuelvan el problema de manera estructural. Es urgente la construcción de espacios de participación y acción para el empoderamiento climático de las juventudes en espacios locales, nacionales e internacionales; con un enfoque socioemocional, socioambiental, interseccional, que nos permita reconectar con la Madre tierra y el cosmos, convivir en armonía entre todos los seres para vivir bien (suma qamaña,suma kawsay, buen vivir).
Es así que como juventudes latinoamericanas exigimos a los gobiernos nacionales: reconocer, valorizar y replicar espacios de conocimiento ancestral y territorial existentes en el Abya Yala para contar con un modelo educativo en todos sus niveles que esté basado en la participación y
respuesta de necesidades de todos los actores de la sociedad, motivando un pensamiento latinoamericano crítico en el marco de la interculturalidad, despatriarcalización y la decolonización.
1.7. Adaptación
El cambio climático y los fenómenos extremos asociados profundizan las crisis sociales, económicas y ambientales. Latinoamérica es una de las regiones con mayor necesidad documentada de reforzar los sistemas de alerta temprana de peligros múltiples, herramientas esenciales para una resiliencia eficaz al cambio climático en zonas de riesgo de fenómenos meteorológicos, hídricos y climáticos extremos. Asimismo, los planes de adaptación son indispensables para la seguridad y supervivencia de la región.
Para la generación e implementación de dichos planes es medular el financiamiento para la investigación académica de los territorios y la implementación en sí misma. Debido a la situación socioeconómica de los países, este financiamiento es muy escaso.
Abya Yala es el nombre más antiguo hasta ahora conocido referido a un territorio americano.
Literalmente significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Las naciones latinoamericanas tenían una idea de tierra propia como no separable de lo humano. Una idea
denominada vitalista, opuesta a la europea basada en la división abstracta de la tierra como un
objeto para medir. De ahí que la idea occidental de continente abstracto y aritméticamente separado por líneas sería incomprensible para esas naciones pues lo que existiría según el criterio original es un territorio donde el hombre y sus creencias, ambos, son parte de la tierra física y se nutren de ella, tanto como una montaña o una cordillera.
Se exige a los gobiernos nacionales que para el término del año 2023 tengan el diseño de sus planes de adaptación nacionales, y locales. Los NAP (National Adaptation Plans) tienen que hacerse considerando las territoriales locales, la cultura material, el conocimiento ancestral y
las dinámicas sociales de cada comunidad. Para esto, serán fundamentales los procesos participativos que velen por la inclusión de las poblaciones más vulnerabilizadas (personas indígenas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas en situación de pobreza, mujeres, personas discapacitadas, diversidad sexual, entre otros).
1.8. Biodiversidad y naturaleza
Dada la actual y creciente degradación de los ecosistemas en la región, contrarrestar los efectos de las actividades que la provocan se hace urgente y necesario. Según información presentada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), las principales actividades productivas que poseen un impacto directo en la biodiversidad son la agroindustria tanto a mediana como gran escala, la deforestación desmedida de los ecosistemas, la producción energética basada en la explotación de combustibles fósiles y el tratamiento inadecuado de los desechos no comercializables. Los cambios en el uso del suelo, particularmente, la deforestación, se proyectan como una amenaza creciente sobre el Amazonas, con la consecuente degradación forestal y la pérdida forestal a largo plazo, afectando su condición de sumidero de carbono, liberando CO2 a la atmósfera y convirtiendo al Amazonas en un emisor de carbono durante la ùltima década (IPCC, 2022).
Por su parte, se proyecta un impacto negativo debido al cambio climático sobre el 85% de los sistemas naturales evaluados por su carácter de ecosistemas ricos en biodiversidad (IPCC, 2022).
A fin de limitar la degradación ambiental provocada por el cambio del uso de suelo, exigimos a
los gobiernos nacionales diseñar e implementar una regulación integral que contenga mecanismos de acción interinstitucionales directos con priorización de soluciones basadas en la naturaleza para proteger, gestionar en forma sostenible y restaurar los ecosistemas, con especial énfasis en políticas públicas sobre Flora, Fauna y Funga en los ejes de agroindustria regenerativa.
Demandamos que estas políticas sean consideradas como soluciones prioritarias y claves para direccionar la acción climática multinivel, empatizando con la necesidad de una sociedad justa y equitativa, especialmente reconociendo, representando, respetando y protegiendo los derechos de las comunidades indígenas y locales y basado en los conocimientos y saberes tradicionales y ancestrales, con adecuación cultural y territorial.
Estas políticas deben ir de la mano con el sector científico y académico, basadas en la disminución del uso excesivo de agroquímicos y plaguicidas, el impulso del tratamiento adecuado y asertivo de los residuos sólidos no comercializables u ordinarios, monitoreos obligatorios de la biodiversidad en las áreas naturales protegidas, y profundización de un cambio del uso de suelo dirigido hacia la regeneración natural por país hacia 2030 hacia 2030 con respecto a indicadores del año 2021.
1.9. Océanos y zonas costeras
El océano es el principal aliado para combatir el cambio climático por su alta producción de oxígeno, regulación de temperatura y absorción de 93% del calor y 30% de dióxido de carbono
en la atmósfera. Sin embargo, el océano es el sitio con menor financiamiento y menos considerando en la toma de decisiones. Por ello es imperativo que los gobiernos establezcan e
implementen un Plan Azul que incluya:
● Alcanzar para el 2030 la protección del 40-50% de la superficie marina y el 60% para el 2040. Esto a través de la creación y ampliación de áreas marinas protegidas que sean efectivas, inclusivas para comunidades locales y basadas en ciencia;
● Aumento de al menos 30% de la inversión actual de los fondos nacionales en iniciativas para la conservación marino-costera basadas en investigación científica, participación pública con énfasis en pescadores artesanales;
● Establecer a nivel nacional una moratoria para la minería de fondos marinos por al menos 10 años;
● Actualizar y ratificar en la CONVEMAR por todos los países latinoamericanos para dotarnos mundialmente de una metodología en la cual basar evaluaciones de impacto ambiental estandarizadas y transparentes en desafíos como la minería submarina y la pesca ilegal, no regulada y no reglamentada.
1.10. Financiamiento e inversión
De acuerdo al último reporte del IPCC, existen graves deficiencias en materia de financiamiento climático, que se reflejan en la desigualdad en el acceso y la incorrecta asignación del capital disponible. Así, las desigualdades en el acceso al financiamiento climático como sus términos y condiciones resultan en una mayor exposición a daños de los países en desarrollo ya de por sí vulnerables al cambio climático por sus características físicas; asimismo, el aumento de los costos de mitigación y adaptación están empeorando el endeudamiento e indicadores crediticios de los países en desarrollo cuyas finanzas públicas ya estaban bajo un estrés significativo (IPCC, 2022).
Proponemos transformar el sistema financiero garantizando:
● Transparencia en los procesos y acceso a la información por parte de la ciudadanía
● Descarbonización de los portafolios de inversión
● Priorizar la resiliencia de las comunidades en lugar de la rentabilidad de las inversiones
locales.
● Comprender la retroalimentación negativa que se da entre la falta de financiamiento, la
capacidad de las comunidades de hacerle frente a los impactos de la crisis climática y, a su vez, el aumento en el riesgo de inversión en esas comunidades.
● Desarrollo de mecanismos de control en los sistemas de préstamos públicos que permitan la comprensión por parte de la ciudadanía de los derechos y obligaciones que se contraen.
2. 10 recomendaciones para los Grandes Emisores
2.1. Carbono neutralidad
Entendiendo que Latinoamérica es una de las regiones más vulnerables al cambio climático, los grandes emisores deben comprender que la carbono neutralidad es un asunto vital para la supervivencia del planeta, para lo cual exigimos una responsabilidad real y efectiva respecto de
las emisiones garantizando que las estrategias consideren:
● Incentivar la ID+I para productos, servicios y tecnologías bajas en carbono;
● Acoger instrumentos normativos vinculantes para el reporte, monitoreo, verificación y
divulgación de la información;
● Evitar el greenwashing comprendiendo que una estrategia de carbono neutralidad no puede estar basada en la compensación, sino en la verdadera reducción de emisiones;
● Acelerar la implementación de la circularidad desde el diseño y la gestión adecuada de los recursos;
● Diseñar y ejecutar planes estratégicos regionales y locales hacia la Carbono Neutralidad al 2050.
2.2. Financiamiento
A la luz del artículo 9 del Acuerdo de París, que consagra el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas (ONU, 2015), surge el Fondo Verde por el Clima, cuya meta de transferencia de fondos desde los países desarrollados de 100.000 millones de dólares al 2020 (UNEP, 2021), a la fecha solo ha llegado a 83.300 millones de dólares, los que consideran préstamos, subvenciones, acciones, entre otros (OCDE, 2022).
Este déficit y su composición evidencian graves deficiencias del financiamiento climático, como desigualdad en el acceso e incorrecta asignación del capital disponible. Así, las desigualdades en el acceso al financiamiento climático, sus términos y condiciones generan una mayor exposición de los países en desarrollo ya de por sí vulnerables al cambio climático por sus características físicas; asimismo, el aumento de los costos de mitigación y adaptación están empeorando el endeudamiento e indicadores crediticios de los países en desarrollo cuyas finanzas públicas ya estaban bajo un estrés significativo (IPCC, 2022).
Por otra parte, existe una brecha en el financiamiento climático que refleja la persistente mala asignación del capital global, con altos niveles de financiamiento público y privado a combustibles fósiles; mientras que más del 90% de los recursos se destinan a mitigación del cambio climático, pese a los significativos efectos en la estabilidad financiera derivada de los impactos físicos esperados del cambio climático (IPCC, 2022). En este sentido, urge cerrar la brecha de financiamiento derivada del incumplimiento de las promesas de los países desarrollados, sin considerar aquellos aportes realizados en calidad de préstamos.
Por lo anterior, demandamos a los países desarrollados y especialmente a los grandes emisores
globales, la reformulación del financiamiento climático mediante tres fondos con distintos mecanismos de transparencia e instrumentos financieros, destinados en forma diferenciada a Mitigación, Adaptación y Daños y Pérdidas, según el siguiente detalle:
1. Fondo para Mitigación, bajo la figura original de USD 100.000 millones, aumentando dicho monto, y con ejecución plena a partir de 2022;
2. Fondo para Adaptación, cuyos instrumentos se basen en grants y transferencias de conocimientos, información y tecnologías, y creación de capacidades para la adaptación;
3. Fondo para Daños y Pérdidas, permitiendo aliviar en lo inmediato los impactos del cambio climático más agudos y severos en situaciones de emergencia y, al mismo tiempo, colabore en la articulación de políticas para hacerle frente a los daños permanentes. A la vez, que permita reducir la desigualdad social.
2.3. Transparencia
La transparencia en los compromisos, el financiamiento y la comunicación climática es vital
para limitar el aumento de la temperatura a los 1.5oC, además permite evaluar el progreso y
fomentar la confianza. Latinoamérica precisa de apoyo financiero y capacitación técnico-profesional para implementar sistemas efectivos de MRV (medición, reporte y verificación), que además involucren al sector privado en procesos de rendición de cuentas ambiental.
Por esto, como juventudes latinoamericanas, demandamos a los grandes emisores el desarrollo e implementación de metas intermedias al 2030, 2040 y 2050 que permitan:
● Plantear estrategias y plataformas de comunicación accesibles y de fácil comprensión,
que tomen en cuenta el contexto e idiomas locales.
● Garantizar la autonomía y reforzar las capacidades técnicas y financieras de las instituciones encargadas del MRV (Monitoreo, reporte y verificación).
● Aumentar la rendición de cuentas y constancia del financiamiento en temas climáticos,
que rectifique el sistema de deudas y préstamos, para permitir una correcta implementación y continuidad de medidas.
2.4. Tecnologías y conocimientos
En muchos países, especialmente en aquellos con capacidad institucional limitada, se han
observado diferentes efectos colaterales negativos como resultado de la transferencia de
tecnologías bajas en emisiones, incluyendo baja tasa de empleo local, dependencia del conocimiento externo y proveedores extranjeros.
Se solicita a los grandes emisores y grandes empresas que contribuyan al fortalecimiento de las
capacidades locales con una perspectiva de reciprocidad y diálogo de saberes, identificando prioridades de investigación y desarrollo tecnológico que verdaderamente contribuyan a atender las necesidades regionales y nacionales para hacer frente a la crisis climática. Los grandes emisores que han logrado su desarrollo a costa de un consumo intensivo de recursos y con un alto impacto ambiental negativo deben reconocer la responsabilidad histórica y transferir con humildad conocimientos y tecnologías comprendiendo la situación contextual particular y las necesidades reales de las comunidades latinoamericanas.
2.5. Deuda ecológica y financiera
Los daños y perjuicios ocasionados en el ambiente por el uso de indiscriminado de recursos
naturales, extractivismo, ocupación de territorios y comercio injusto por parte del Norte
Global es real y deber ser saldada, por lo que se demanda a que los grandes emisores, asuman
su responsabilidad por la contribución histórica acumulada a la deuda ecológica y se ejecute
una agenda articulada por el Sur global, donde se ejecute el pago directamente a las
comunidades afectadas, con liquidaciones no solamente en efectivo sino en proyectos de
asistencia social, apoyo a la resiliencia y compensación de daños, esto implementado con
consulta pública participativa de acuerdo a necesidades y contextos de las mismas regiones
que igualen la deuda en gestión, haciendo hincapié a que la compensación por medio de
mercados de carbono no contribuye al reintegro.
2.6. Impuestos verdes y mercados de carbono
Es necesario reconocer que los países del sur global no contribuyeron significativamente a la
crisis climática e injustamente son los más vulnerables a sus consecuencias siendo los que más
captan emisiones y mantienen la vida. El Norte Global, a través del saqueo, colonización y opresión de nuestros territorios y pueblos, escogieron un patrón de industrialización que hoy
desemboca en la crisis climática.
Reconocemos que los bonos de carbono son un instrumento por el cual instituciones y gobiernos gestionan sus emisiones. Consideramos que esta herramienta no compensa de manera equitativa, ya que los precios no son comparables con los daños causados. El mercado de carbono llega a ser una excusa para que los grandes emisores no asuman responsabilidades y sigan emitiendo y explotando a la naturaleza de manera irracional, haciendo que el Sur Global capte la mayoría de emisiones a coste de su desarrollo y bienestar, cayendo en una colonización del carbono. Sin embargo; entendemos que por ahora es una herramienta en uso y que se continuará utilizando, y es por eso que exigimos que los mercados de carbono y los impuestos verdes reflejen todas las externalidades negativas y sean coherentes con los daños y las pérdidas que se producen.
Entendemos que no es una solución definitiva, sino que es parte de un proceso de transición hacia una solución decolonial que no responsabilice a quienes más sufren las consecuencias de la crisis climática. Exigimos que mediante la reparación, estos cumplan los compromisos ya asumidos para que el sur global pueda afrontar las consecuencias de la crisis climática con mayor resiliencia. Esta transición debe ser interseccional, contar con la participación en todos los espacios multinivel de las juventudes, y de poblaciones vulneradas, de forma tal que permitan llegar a una solución de alternativas de no mercado para alcanzar la justicia climática.
2.7. Transición económica
La economía mundial predominante basada en combustibles fósiles representa obvios cuestionamientos a la posibilidad de la descarbonización, siendo sus efectos en la ambición climática evidentes al limitar el avance de las negociaciones (IPCC, 2022). Por su parte, las emisiones asociadas con el comercio internacional alcanzan entre el 20% al 33% de las emisiones globales (IPCC, 2022) muestran la prevalencia de patrones de consumo incompatibles con una descarbonización acelerada como la que exige la crisis climática actual. En tal sentido, limitar el aumento de temperatura global a 1.5oC sobre los niveles pre-industriales requiere cambios sistémicos transformativos, integrados con el desarrollo sostenible, escalando y acelerando la implementación de mitigación climática de largo alcance, multinivel y transectorial junto con la eliminación de barreras para la adaptación (IPCC, 2015).
Tal y como deja en evidencia la ciencia, los actuales compromisos nacionales en adaptación y mitigación son insuficientes para dar cumplimiento a los límites de temperatura del Acuerdo de
París, siendo necesarias transiciones en eficiencia energética, fuentes intensivas en uso de carbono, electrificación y cambio del uso del suelo (IPCC, 2015), todo lo cual implica una transición económica profunda en los patrones de consumo y modelo de desarrollo.
Por lo anterior, demandamos a los grandes emisores globales la acelerada y rápida transición económica desde un modelo lineal a una economía circular a través de la creación de Planes de
Transición Económica a más tardar al 2030, con una gobernanza con taxonomías de implementación obligatoria que incluya la participación vinculante de todos los grupos de interés y vulnerabilizados. Estos Planes de Transición Económica deben dirigirse hacia una economía circular, socioecológica y que apueste al bien común para que se considere la sostenibilidad y la resiliencia de los territorios, junto con la aplicación de mecanismos como leyes de revalorización de residuos y responsabilidad extendida del productor, donde la gestión de residuos se abarque a nivel local y no a través de la importación a países de bajos ingresos, y la generación de reportes de impactos socioambientales.
2.8. Articulación pública-privada
El sector privado debe desempeñar un papel clave en la implementación de acciones climáticas en conjunto con gobiernos, academia y sociedad, a través de financiamiento, investigación, innovación y desarrollo (I+D+i), entre otros. Destaca la necesidad de la aceleración de la descarbonización global mediante el establecimiento de objetivos basados en la ciencia para
reducir las emisiones dentro de sus operaciones y cadenas de valor, integrando la lógica de la cuna a la tumba (South Pole, 2022). Además, se destaca que en la actualidad, se carece de la información sobre la huella de carbono e hídrica de los productos.
Entendiendo el rol clave que juegan las empresas, al punto que varias de ellas por sí mismas si fuesen países caerían en la categoría de grandes emisores globales, se les hace un llamado fuerte a avanzar en la implementación de acciones climáticas con mecanismos de transparencia, asegurando el acceso a la información. En este sentido, solicitamos a las empresas el avance en metodologías y certificaciones que permitan garantizar la suficiente transparencia de sus avances, con guías, certificaciones y principios internacionalmente reconocidos como Empresa B, ISO26000, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, GRI, IIRC, SA8000, Lucie Label, UN Global Compact, entre otros. A la vez, exigimos una responsabilidad empresarial real y efectiva en informar los indicadores de sus productos a los consumidores, integrando etiquetas (nivel de impacto ambiental de huella de carbono, hídrica y su reciprocidad en el ciclo productivo como residuo valorizable en la cadena de valor) y certificaciones (porcentaje de consumo de productos con baja huella de carbono).
2.9. Trabajadores y Consumidores
Como juventudes latinoamericanas estamos comprometidos con ser consumidores responsables. Esto no es posible si las grandes empresas no cumplen el derecho de acceso a información en asuntos ambientales, por lo cual exigimos:
● Implementar indicadores de huella de carbono, huella hídrica y huella ecológica en el etiquetado visible, resaltando la inclusividad de las personas neuro diversas, además de la estandarización a nivel regional.
● Exigimos que las empresas publiquen la información relativa al reporte de sostenibilidad ambiental, incluyendo sus proyecciones de mejora de sostenibilidad.
Tanto el reporte dirigido a accionistas como al público en general deberá encontrarse en un lenguaje comprensible, en un formato que permita su consulta autónoma.
● Asuman el compromiso para el 2030 de implementar materiales sostenibles o efectivamente reciclables, para disminuir el consumo de plástico de un solo uso. Que sea aplicado a todos para que exista una competitividad y entre a jugar la oferta y demanda, de manera tal que se priorice el bienestar del consumidor económicamente.
● Conducir procesos de capacitación sobre cambio climático realizados por consultores independientes con reconocida experiencia en educación ambiental en los territorios donde se preste el servicio, en forma periódica y transversal a todos sus trabajadores, sean estos de dependencia directa, subcontratados, o adscritos a otro régimen de relación laboral
Asimismo, y dado su carácter de grandes emisores globales, exigimos que se extienda la educación ambiental a los consumidores finales, a fin de concientizar los impactos derivados de su consumo. En este caso, la educación ambiental deberá extenderse a los mecanismos de revalorización, reciclaje y manejo del producto una vez cumplida su vida útil; concientización sobre obsolescencia programada; e información sobre alternativas de reparación del producto.
2.10. Empleos verdes, azules y emprendimientos de triple impacto
Nuestra propuesta como jóvenes de latinoamérica es solicitar mayor acceso a las oportunidades económicas de inserción laboral y desarrollo de habilidades con un acompañamiento de los entes cooperantes financieros, en torno a los emprendimientos sostenibles logrando un impacto a largo plazo beneficiando a las poblaciones más vulnerables y comunidades marginadas a nivel global.
Al mismo tiempo buscamos incorporar políticas públicas que integren el compromiso de parte de los gobiernos y empresas multinacionales para el desarrollo económico sostenible y la transición sea justa y equitativa.
Conclusión
Somos la juventud despierta y alerta que se reconoce como parte de la #Regeneración. No sólo salimos a las calles a marchar y visibilizar injusticias, sino que tomamos cartas en el asunto y lideramos iniciativas de impacto. Estamos dispuestos a encontrar una nueva forma de habitar el mundo que coloque a los derechos humanos como brújula de la evolución humana. Sabemos que es nuestro mandamiento regenerar el vínculo entre los seres humanos y con la naturaleza, la vida, el sustento y nuestra casa.
Asimismo, reconocemos que nuestro poder de acción se encuentra limitado y urge el compromiso de los gobiernos nacionales y los grandes emisores para que la humanidad se encuentre a la altura de las múltiples crisis que se manifiestan.
Esperamos que este documento que contiene las reflexiones, voces, contextos, protestas y propuestas de cientos de líderes activistas de la región tome el alcance y la fuerza para el que fue realizado.
