ODS: La desigualdad, el común denominador que socava los derechos humanos en el continente americano

La responsable de la Oficina para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, informa de la situación en Chile, Ecuador, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Venezuela y Estados Unidos desde perspectivas específicas de cada país, aunque con énfasis en un elemento común: la desigualdad aguda. También advierte que la respuesta violenta de las fuerzas de seguridad socava la confianza en los sistemas políticos y económicos.

SUIZA ( Febrero 2020).- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirmó este jueves en Ginebra que las protestas que se registran en muchos países se alimentan de la desigualdad profunda que prevalece en las sociedades de hoy.

En dos comparecencias ante el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de las garantías fundamentales en el mundo, Michelle Bachelet destacó la inequidad como un elemento común que agudiza el descontento y conduce a crisis que socavan tanto esos derechos como la confianza de la gente en los sistemas económicos y políticos cuando las fuerzas de seguridad responden con violencia.

Para Bachelet esta aseveración es particularmente cierta en el continente americano, donde citó los casos de países en los que su Oficina no tiene mandato, pero cuya situación es preocupante.

 

Las políticas migratorias restrictivas estadounidenses son motivo de alarma en materia de derechos humanos.

Atropellos contra manifestantes en Chile y Ecuador

En esta categoría se encuentran Chile y Ecuador, dos naciones en las que hace falta “garantizar la rendición de cuentas por la violaciones de derechos humanos en el contexto de las manifestaciones”, subrayó, agregando que es urgente abordar el origen de esas protestas: las grandes desigualdades.

Recordó que su Oficina ha emitido para los Gobiernos y la sociedad civil de ambos países una serie de recomendaciones para que tomen un rumbo guiado por el respeto de los derechos humanos.

Persecución de ex funcionarios en Bolivia

En el caso de Bolivia, la funcionaria dijo haber enviado una misión para apoyar los esfuerzos de la ONU por superar la actual crisis política y social. “La crisis post electoral del año pasado causó al menos 35 muertos y 800 heridos, la mayoría de ellos durante los operativos policíacos y militares”, apuntó.

Asimismo, expresó preocupación por las decenas de ex funcionarios del Gobierno depuesto y de personas relacionadas con éste que ahora son perseguidas.

 

Ataques a activistas e indígenas en Brasil

Con respecto a Brasil, Bachelet se refirió a los ataques contra defensores de derechos humanos, que incluyen asesinatos selectivos de líderes indígenas, explicando que los crímenes ocurren en un entorno de retrocesos de políticas de protección del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas.

“Además hay una creciente toma de tierras de indígenas y afrodescendientes y se deslegitima el trabajo de la sociedad civil y los movimientos sociales”, recalcó.

Medio ambiente y migración en Estados Unidos

Al hablar de Estados Unidos, la Alta Comisionada citó la reversión de las normativas de protección ambiental, como las de ríos y humedales.

“Los contaminantes sin tratar ahora podrían verterse directamente en arroyos y ríos, poniendo en riesgo los ecosistemas, el agua potable y la salud de la población. Además, los estándares más bajos para las emisiones contaminantes de los vehículos y las menguantes regulaciones para las industrias del gas y el petróleo, podrían dañar los derechos humanos”, sostuvo Bachelet.

Por otra parte, las políticas migratorias restrictivas estadounidenses son motivo de alarma en materia de derechos humanos. “Reducir el número de personas que intentan entrar al país no debería implicar pasar por alto las protecciones de asilo y migración”, enfatizó Bachelet, y añadió que la situación de los niños migrantes detenidos es una causa especial de preocupación

Continúan las transgresiones en Nicaragua

n el discurso sobre los países con mandato de la Oficina de Derechos Humanos, Bachelet aseguró que desde su informe de septiembre pasado han continuado las violaciones de las garantías fundamentales en un marco político y social “extremadamente complejo”.

Pese a que el Gobierno ha mantenido entre sus prioridades el gasto social, la economía se contrajo casi un 6% y la inflación y el desempleo han aumentado, lo que provocó que para el fin de 2019 más de 98.000 nicaragüenses hubieran salido del país sin condiciones para un regreso seguro. Entre las personas que retornaron, muchas recibieron amenazas y acoso, además de que siete fueron detenidas arbitrariamente.

Bachelet detalló que su Oficina ha entrevistado a unas 400 personas que han sido víctimas o testigos de violaciones de las garantías básicas y reportó que las organizaciones que reclaman justicia, verdad y reparación siguen siendo objeto de amenazas e intimidaciones.

“El derecho a la protesta pacífica es sistemáticamente negado. Los masivos despliegues policiales desalientan a los nicaragüenses a manifestarse. Cuando se realizaron protestas, incluso durante celebraciones religiosas, la policía los dispersó abruptamente o elementos pro gubernamentales los atacaron violentamente”, abundó.

Reconoció, por otra parte, la excarcelación con medidas alternativas de 91 personas, pero aclaró que al 13 de febrero 61 nicaragüenses seguían presos por causas relacionadas con las protestas de 2018.

Bachelet instó a las autoridades a liberar a las personas detenidas arbitrariamente y a garantizar la integridad de los activistas de derechos humanos, así como a respetar el derecho a la libertad de opinión y expresión.

“Reitero mi llamado a reanudar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad nicaragüense, y a avanzar con las reformas electorales necesarias que garanticen que las próximas elecciones sean justas, creíbles y transparentes”, puntualizó.

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