| La semana que viene expondrán intendentes de la Zona Norte en la comisión legislativa |
Directivos de la compañía expusieron en la Cámara de Diputados con fuertes críticas al proyecto del diputado Ricardo Maciel que propone recuperar tierras de la empresa para destinar a la explotación de terceros en producción de alimentos. Sostienen que viola principios constitucionales y genera inseguridad jurídica, frenando inversiones futuras propias y de nuevos capitales.
Por Patricia Escobar
MISIONES (11/8/2010).- La Comisión de Desarrollo Forestal, Agropecuario y Cooperativas de la Cámara de Representantes de Misiones recibió el martes a directivos de la empresa Alto Paraná SA y de la Asociación Forestal Argentina Regional NEA, quienes -con fundamentos jurídicos, técnicos y económicos- plantearon que es “inconstitucional” e “inviable” el proyecto de ley del diputado renovador Ricardo Maciel que propone “declárase de interés público provincial el uso agropecuario de las parcelas agrícolas propiedad de Alto Paraná SA (Grupo Arauco)”. Desde la compañía forestal remarcaron que la iniciativa genera inseguridad jurídica y frena futuras inversiones propias y de otros sectores. El planteo fue acompañado por los representantes de Afoa NEA, que entregaron un documento en el cual rechazan en forma unánime el proyecto por considerar que genera un precedente negativo y solicitaron la búsqueda de alternativas menos conflictivas. (Ver noticia relacionada) En el proyecto se pretende obligar a la empresa Alto Paraná a poner a disposición de terceros la explotación de parte de sus tierras para destinarlas a la producción de alimentos. Aunque el diputado Maciel, en reiteradas ocasiones, manifestó que “el objetivo es encontrar una herramienta que permita solucionar el conflicto social que se vive en los municipios del Norte de la provincia con la participación de la empresa, ya que el problema no es de tierras dónde vivir sino donde trabajar, por ello es que se necesita un acuerdo de uso de la tierra para que la gente tenga de qué vivir”. En ese contexto, el legislador aclaró al concluir la exposición de los empresarios que “ante el planteo realizado, tanto del Foro Forestal como de Alto Paraná, que era lo esperable, la modificación de la redacción del proyecto será contemplada una vez que avancemos en el proceso de debate con las demás organizaciones e intendentes, en definitiva la demanda de estos actores fue lo que generó la iniciativa que hoy estamos discutiendo. Pero no se pretende avasallar ningún derecho, sin embargo, habrá que trabajar con la empresa en el objetivo de solucionar la problemática social, y en todo caso analizar otras alternativas de contención a los municipios”, reiteró. De esta manera, la reunión en la Cámara de Representantes de Misiones –que comenzó a las 18 y se extendió hasta las 20- se llevó a cabo con la presencia de los legisladores integrantes de la mencionada comisión, el presidente de la Afoa NEA, Rodolfo Goth y el gerente José Saiz. Por parte de la empresa forestal asistió el gerente Forestal, Ricardo Austin, y el gerente de Asuntos Corporativos y Legales, Adrián Lerer. El representante legal de la firma Alto Paraná consideró que el proyecto “no resiste el más mínimo análisis constitucional” y agregó que es una señal negativa para cualquier inversor que quiera establecerse en Misiones. negrita/Inconstitucional/negrita De esta manera, Lerer señaló en los integrantes de la Comisión que se trata de un proyecto sin precedentes jurídicos: “es inconstitucional, es cuestionable en todos los puntos”, aseveró. “Podría ganar muchos juicios litigando contra esta ley”, dijo y aclaró que “tiene toda la intención de ser constructivo, no quiero ofender a nadie, pero es inviable este proyecto y estamos dispuestos a colaborar en la generación de normas que sean aplicables y que no se sancione una ley más, como tantas que fueron sancionadas, pero que nunca se aplicaron”. De esta manera, el abogado reforzó su postura desde el punto de vista jurídico y detalló la fuerte debilidad que en ese sentido tiene la redacción de esta iniciativa, “pudiendo ser fácilmente rebatible ante la Corte Suprema de Justicia. Si llega a prosperar como Ley, nos vamos a ver obligados a impugnarlo, y no es nuestro negocio litigar contra el Estado Misionero, no estamos para eso, sino para buscar una ley aplicable, y este no es el caso”. Entre los principales problemas, consideró al proyecto como un avasallamiento al derecho a la propiedad, una confiscación. “Es una clara restricción al dominio, sin ninguna compensación, lo que es inviable en el Derecho Argentino”, señaló. Por otra parte, refutó los fundamentos redactados para dar origen al proyecto, considerando como una “visión simplificada y acusadora” de querer relacionar como un efecto de causalidad de la actividad de la empresa con la pobreza de un municipio o su “no” desarrollo. “Y al fundamentar un proyecto de ley con aseveraciones falsas, las consecuencias también son falsas. No se puede atribuir a la empresa Alto Paraná SA la pobreza que existe en los 25 municipios donde opera, como si fuera que de los 75 municipios que tiene la provincia, Misiones fuera pujante donde no esta la empresa, porque la realidad muestra que esto no es así”, analizó. “Decir esto, además de ser falso, es un insulto a la compañía”, subrayó. El directivo aclaró que la decisión de la compañía no es polemizar, pero sí aclarar que hay derechos y normas que los asisten y que serán planteados ante los organismos competentes. Por otra parte, se refirió a las repercusiones negativas que genera esta iniciativa ante inversores internacionales. En este sentido, describió la situación que enfrentan nte sus accionistas, que operan en bonos norteamericanos y que su imagen se ve afectada con la baja del valor de la compañía en forma diaria. “Es decir que ya nos está generando un daño y tenemos que ver de que forma frenamos todo esto”, advirtió. Sin embargo, Lerer no dudó en rescatar que detrás de la iniciativa de Maciel hay un interés genuino por solucionar problemas de tenencia de tierras y de expansión de algunos municipios que son reales. Por ello indicó que Alto Paraná está comprometida a colaborar en la generación de proyectos de alto contenido social. Detalló que uno de las acciones en ese sentido podría ser la creación de un Consejo de Desarrollo Social o Agencia de Desarrollo, con la participación de todos los actores sociales, cuyo objetivo sea apuntalar a microemprendimientos en las zonas involucradas. «Espero se entienda y se considere esta propuesta, ya que de lo contrario, sería una pésima señal no sólo para Alto Paraná sino para cualquier otro inversor, ya que este proyecto no soluciona el problema de la pobreza. La empresa esta dispuesta al diálogo, nosotros en forma permanente trabajamos en relación a las comunidades, no hay forma de trabajar de otra manera, a los golpes, pero la empresa aprendió que este es el camino para desarrollar un proyecto de largo plazo como es la actividad forestal”, manifestó Lerer. Resaltó además que la firma se encuentra llevando adelante acciones en ese sentido, una de ellas es un proyecto turístico en Puerto Libertad, en predios de alto valor ambiental y paisajístico en los que Alto Paraná dedica a la conservación del bosque nativo. De esta manera, convocó a los integrantes de la Comisión a visitar las operaciones forestales que realizan y sus industrias, “sin dudas una autocrítica que nos hacemos es nuestro bajo perfil, no comunicamos todo lo que hacemos, pero hacemos mucho, nuestra filosofía es hacer bien nuestro trabajo todos los días, cumplimos con la leyes vigentes, pagamos a nuestra gente en blanco, cumplimos con los sueldos, ejercemos un fuerte control sobre nuestras contratistas, aportamos al fisco con los impuestos por la actividad que desempeñamos, contamos con una actividad productiva con 120 mil hectáreas de bosques cultivados y otras 120 mil hectáreas en bosques nativos, manteniendo en conservación un área estratégica del principal reducto de la Mata Atlántica o Selva Paranaense, que tiene un valor ambiental no solo para la compañía, sino para la provincia y el Planeta”, expuso. Por lo tanto, agregó que “rescato lo constructivo de generar el debate, pero para trabajar en la solución de fondo y en forma responsable, sin generar falsas expectativas, ya que nosotros no solo vemos la realidad social sino que la vivimos todos los días, y estamos dispuestos a conversar de planes concretos y sustentables para generar trabajo en la zona, pero este proyecto de ley no es la vía ni la herramienta que solucionaría lo que aquí se plantea como objetivo; tampoco pasa por la participación de una sola empresa”, concluyó en su exposición el representante legal de la compañía. negrita/Un proyecto “inviable”/negrita Por su parte, el gerente de Operaciones Forestales, Ricardo Austin, expuso su opinión técnica sobre el proyecto y explicó las barreras que existen y que hacen inviable la posibilidad de pensar en realizar prácticas mixtas en tierras de Alto Paraná. “La empresa tiene en Misiones unas 233.700 hectáreas de tierras, pero solo 120 mil son destinadas a plantaciones forestales –un 4% de la superficie total de la provincia-, obteniendo los más altos estándares de productividad que existen en el mundo ante la genética que se ha desarrollado el sector en la región, y también Alto Paraná que tiene varios años invirtiendo en investigaciones. No tenemos tierras improductivas y tampoco consumimos para nuestras operaciones industriales materia prima de bosques nativos, pero mantenemos en reserva natural unas 120 mil hectáreas. Por lo tanto, mantenemos un equilibrio de uno a uno entre tierras productivas y en conservación que nos demanda un gran esfuerzo para la protección de este patrimonio”, manifestó. Por ello, expuso que en primer lugar no es viable la cesión de tierras para la explotación de terceros, por el proceso voluntario de la firma para obtener las certificaciones internacionales de las plantaciones, que exige la legalidad de la tenencia de la tierra. En segundo lugar, mencionó la posibilidad de Riesgos de Accidentes Laborales y de daños ambientales que puedan ocasionar o sufrir terceros (los que explotarían estos cultivos de alimentos), pudiendo la empresa no sólo afrontar una gran cantidad de juicios, sino que también se expondría a perder sus certificados (ISO 14.001 y OHSAS 18.001), así como hacer caer el proceso de certificación FSC, con los consecuentes perjuicios. “Cuando uno piensa en una actividad donde involucre personas ajenas a la vinculación con la empresa, es complicado por los compromisos internacionales y la legislación vigente”, dijo Austin. Asimismo, se refirió a lo complejo de sostener cultivos intercalares o consociados dentro de una plantación forestal “porque están acotadas en el tiempo, en primer lugar, ya que al año el pino o eucalipto ya cierra el dosel”. “Existen algunas experiencias, pero no hay información cierta de cómo podría afectar esta experiencia en el desarrollo de las plantaciones”. Sin embargo, adelantó que la empresa está abordando un ensayo de cultivo de mandioca entre cultivos forestales, para analizar los resultados como así también el efecto sobre las plantaciones de pinos. Finalmente, el directivo sostuvo que “es necesario entender que se deberá capacitar a la potenciales beneficiarios para el trabajo y no sólo pensar en paliativos de corto plazo, sino en alternativas de desarrollo de largo plazo”, recomendó Austin.
