| El gobierno aprobó acciones de cooperación interinstitucional para controlar y frenar la intrusión |
Propietarios reclaman seguridad jurídica, el Estado Provincial ejecuta acciones interinstitucionales para frenar el avance de intrusos, pero desde la visión de los municipios, la problemática encierra un «conflicto social grave» y piden apoyo para avanzar en acuerdos
Por Patricia Escobar
MISIONES (17/5/2010).- La problemática social, económica, ambiental y política que implica la ocupación ilegal de tierras en Misiones está en la agenda del gobierno provincial, que avanza en acciones de cooperación interinstitucionales para articular estrategias y ejecutar tareas de control y prevención de futuras intrusiones o asentamientos irregulares en tierras privadas y fiscales, tanto urbanas como rurales. En esa línea, se aprobó en principio un convenio entre el Ministerio de Gobierno y Ecología, según el Decreto Provincial N°384 «para promover acciones que permitan hacer frente a la problemática, que genera en varios municipios situaciones de conflictividad social, acelera la degradación de los recursos naturales, y muy particularmente, de los bosques nativos, siendo obligación del Estado el prevenir o hacer cesar los efectos de los delitos ambientales». En ese marco, se buscará una mayor participación de diversas instituciones, como el Poder Judicial y los municipios, para atender en forma conjunta las situaciones que se presentan y dar respuestas, según adelantó el subsecretario de Tierras y Colonización del Ministerio de Ecología, Jaime Ledesma. Para conocer la situación actual de esta problemática en los municipios de la zona Norte, ArgentinaForestal.com dialogó con los intendentes, que enfrentan sobre el mismo tema realidades muy diferentes, ya que en Iguazú, Wanda o Puerto Libertad aseguran que «no hay más tierra para ocupar» y los principales focos de conflicto por ocupación ilegal se presentan sobre propiedades privadas. Un tema que no es nuevo, pero sin embargo las acciones de gobierno sí, y fueron destacadas por los jefes comunales. “La iniciativa de la Provincia de «involucrarse» con una mayor intervención y avanzar en soluciones con acciones interinstitucionales es de un gran apoyo para los municipios», coincidieron los intendentes, dado que aseguran que «no solo se debe frenar el avance de nuevas intrusiones, es importante resolver el atraso en el trámite de los permisos de ocupación y/o tenencia de la tierra para evitar que los conflictos sociales en los municipios se agraven aún más con el tiempo”. negrita/Zona Norte/negrita Los intendentes de Puerto Iguazú, Wanda y Puerto Libertad plantearon su preocupación por el escenario complejo que se presenta al momento de resolver un conflicto por intrusión. Claudio Filippa, intendente de Iguazú, sostuvo que «la mejor manera de abordar este problema será por medio de las acciones interinstitucionales. En Iguazú fuimos pioneros en esto, desde 2005 estamos trabajando con la Provincia», dijo. «Si ahora hay un mayor compromiso de expandir esta forma de trabajar y encaran el tema a nivel interinstitucional, será muy bueno para todos los municipios de la provincia», dijo. En Iguazú se registran dos fuertes casos de intrusión, el de “las 2.000 hectáreas» y «600 hectáreas», donde ya se otorgaron algunos permisos de ocupación y otros están en proceso la regularización para la tenencia de la tierra. Filippa expresó que «Puerto Iguazú es un claro ejemplo de lo que no se debe hacer, ya que históricamente tuvo un desarrollo en base al desorden y la ocupación ilegal, y esto fue lo que permitió que ningún plan estratégico urbanístico funcione. Pero en mi gestión fuimos pioneros en abordar esta problemática en forma interinstitucional con el apoyo del gobierno, y en la actualidad estamos trabajando en conjunto en el Ordenamiento Territorial del municipio», explicó. “Por lo tanto, existe en Iguazú una participación activa de la Provincia para resolver los casos de ocupación que se presentan sobre los espacios verdes, la plaza pública o en algunas propiedades del municipio. Si bien se trabaja despacio, lo importante es que se logra resolver problemas sociales de fondo», afirmó. «En la actualidad, en primer lugar, hay una decisión de parte del gobernador de no permitir más el traslado en forma masiva a Iguazú, ya que una vez que la gente se instala, es difícil lograr que vuelva atrás. Para frenar esto, interviene Policía y Ministerio de Gobierno», agregó. Pero opinó que, «para frenar la intrusión es necesaria, y fundamental, una mayor intervención del Poder Judicial en esta problemática. Nosotros hemos realizado todas las denuncias que corresponden en muchos casos, pero lamentablemente todo el proceso judicial es muy lento. Y las familias que ocupan en forma ilegal las tierras privadas, una vez que se instalan, se consolidan». Por su parte, el intendente de Wanda, Jorge Frowein, también destacó la iniciativa de trabajar en una cooperación interinstitucional para hacer frente a esta problemática. «Estoy totalmente de acuerdo con la decisión del Gobierno de impulsar acciones conjuntas para frenar la intrusión, ya que desde ningún punto de vista se puede avasallar la propiedad privada», expresó. Si bien aseveró que desde su gestión en Wanda no incrementó el avance de intrusos sobre propiedades privadas, el jefe comunal admitió que «sí registramos situaciones de conflictos que fueron heredadas y a las que tenemos que buscar una solución. En mi opinión, el mal menor en un consenso entre las partes para una salida social al tema», dijo. «Tenemos casos de ocupación de 20 a 30 años atrás, asentamientos de familias que hoy quieren su permiso de ocupación o título de propiedad, pero están en tierras privadas. En esos casos, la situación de intrusión es diferente y hay que buscar una salida con el proceso de regularización, la tasación del lote, negociar con los propietarios, pero sobre todo, educando a la gente que la tierra es un bien preciado, que deben cuidarla y conservarla, no permitir nuevas intrusiones, y con este mensaje abordamos la problemática del tema», manifestó Frowein. De esta manera, el jefe comunal expuso su visión sobre la problemática y cómo es encarada desde su gestión. «A nadie le gustaría que le quiten su propiedad, entre todos tenemos que frenar el avance sobre la de otros», agregó. En la actualidad, en Wanda la situación más candente se da en un asentamiento en la colonia Paraje Nueva Argentina, son casi 150 familias instaladas en cerca de 1.000 hectáreas en tierras privadas que fueron usurpadas hace 10 años atrás. «Hoy esta zona es una colonia consolidada, hay escuela, centro de salud, casas construidas, etcétera. Por lo tanto, nos encuentra esta situación en la búsqueda de soluciones, y hay que tratar de avanzar en un proceso de regularización, que es el mal menor, hay que tasar la tierra y acordar con los propietarios», indicó. Pero la posición de Frowein es radical cuando se trata de una intrusión reciente. «Estas situaciones demandan una intervención inmediata, hay que realizar controles que permitan frenar nuevas intrusiones, y en esto, los dirigentes políticos tienen que hacer un “mea culpa” y reflexionar, ya que durante mucho tiempo usaron a la gente permitiendo su avance en tierras privadas, le dieron asentamientos como una forma de darle una «respuesta», pero esto en el tiempo se vuelve en contra para la mismas familias y el municipio, son prácticas que no deben continuar», recalcó. Finalmente, el intendente de Puerto Libertad, Alfredo Rodríguez, consideró que la iniciativa del Gobierno Provincial de conformar esta comisión interinstitucional para el control y freno de intrusiones, «es necesaria», pero se diferenció de la visión del resto de los jefes comunales al momento de enfrentar la problemática en su municipio, ya que aseveró que el foco de conflicto se da en propiedades privadas de grandes empresas. «Estoy en contacto permanente con el gobernador de Misiones, Maurice Closs, y conozco su pensamiento sobre este tema, ya que nos trasmitió en persona que está en contra de la intrusión y que trabajará para frenar su avance; pero hay que tener en cuenta que en el caso de Puerto Libertad, es necesario encontrar una solución social, hay que definir qué hacer ante un escenario distinto a otros municipios”, dijo. “En Libertad el 80% de la superficie del municipio” es propiedad de una gran empresa forestal. “Y si desalojan a las 50 familias que ocupan alguna de sus cuatro propiedades afectadas por este tema, realmente no hay dónde relocalizarlas, no queda un metro de tierra en el municipio. Y no podemos expulsar a la gente de Libertad, realmente la situación es crítica», expresó Rodríguez. «Con esto que digo, no es estar en contra de la empresa forestal, hay muchas responsabilidades en el sistema vigente que permitieron llegar a la situación actual con el tema de la ocupación de tierra. No hubo ordenación, límites», admitió. En este contexto, opinó que «hoy sólo con un acuerdo social con la empresa forestal, y apelando a la intervención del Estado, por medio de la Subsecretaría de Tierras y Colonización, estamos buscando una salida a los problemas que tenemos, en esto estamos trabajando»; dijo. Rodríguez agregó que “en la actualidad hay tres asentamientos en propiedades de la empresa forestal: 120 familias afectadas en San Isidro, otras 50 en San Cayetano y 50 más en Nueva Libertad. También cerca de la zona denominada “Tirica”, habría unas 100 familias que esperan una respuesta del municipio”.
