| Douglas Tompkins interesado en desprenderse de Empresas Verdes Argentinas |
El empresario habría intentado cerrar un negocio clave con inversores extranjeros en la venta de un establecimiento forestal emplazado en los Esteros del Iberá. Pero el negocio no se pudo concretar luego de tropezar con la restricción constitucional, Artículo 61 de la Constitución, de pasar tierras de la provincia a inversores foráneos. Se trata de un extenso inmueble en Concepción, valuado en 5,7 millones de pesos.
Fuente: Corrientes Noticias
CORRIENTES (21/1/2008).- A través de una versión extraoficial trascendida, se conoció un negocio frustrado del magnate norteamericano Douglas Tompkins, quien habría intentado seducir a inversores extranjeros en la venta de un establecimiento forestal en los Esteros del Iberá. Sin bien finalmente se efectuó la operación, el negocio corrió un cierto riesgo de tropezar con la restricción constitucional, reglamentada en el artículo 61 de nuestra Constitución, de pasar tierras de la provincia a inversores foráneos. Esta cláusula que actualmente impide el traspaso a manos extranjeras de un extenso inmueble en Concepción, valuado en 5,7 millones de pesos. Luego de que un juez nacional, con la Constitución de la Provincia en la mano haya cerrado las puertas de una venta inmobiliaria en Concepción a potenciales interesados extranjeros, se reflotó el debate por el alcance del Artículo 61 de la Carta Magna, reformada el año pasado. Y nuevamente el nombre del magnate Douglas Tompkins apareció en escena, quien, según se corrió la voz, debió postergar negocios claves en inmobiliarias con inversionistas foráneos por tierras del Iberá. Algunas fuentes de la zona aledañas al Iberá aseguraron que ya se evidencia la venta de Empresas Verdes Argentinas, que incluso los carteles de la firma fueron levantados del establecimiento. El norteamericano, que en el paquete inmobiliario adquirido en 1998 a Gregorio Pérez Companc se hizo de un establecimiento forestal ubicado en la localidad de San Miguel, en diciembre habría cedido los derechos de ese sector del Iberá en una operación inmobiliaria. La explicación está en que ese emprendimiento, denominado Empresas Verdes Argentinas, fue “reciclado” por Tompkins en su aspecto productivo, pero no era de su interés continuar con las plantaciones. No se conocen los términos del acuerdo comercial al que llegó el magnate, ni trascendieron los nombres de los nuevos propietarios. Sin embargo se tomó conocimiento los campos, implantados con pinos y eucaliptos, se encuentran en el corazón del sistema de lagunas y oportunamente fueron escenario del escándalo desatado a raíz de la demolición de una escuela en la que prestaba funciones el maestro Atilio Zaracho. Lo concreto del caso es que fuentes cercanas a Conservation Land Trust, la fundación ecologista de Douglas Tompkins, deslizaron la posibilidad de que la intención primordial haya sido vender Empresas Verdes Argentinas a inversores internacionales, a fin de que potenciales trabas en la operación sirvan de gatillo para apuntar en la Justicia contra el Artículo 61 de la Constitución. En Mercedes incluso, fuentes del agro afirman que Tompkins ya en julio del año pasado intentó desprenderse de dos campos dedicados a la actividad ganadera (“Tranqueritas” y “Celina”), que tenían como compradores “casi seguros” a italianos de una reconocida corporación de ingeniería y construcción. Pero la venta naufragó, sumida en los párrafos de la por entonces flamante Carta Magna. Muy cerca del conservacionista afirman que su opinión sobre la restricción es la peor, pero que así y todo, se niega a ser quien encabece las acciones judiciales para tachar de inconstitucional la prohibición consagrada por los convencionales constituyentes. El Gobierno coincide tácitamente con el norteamericano, pero hasta el momento no dio indicios (públicos) de buscar un modo de modificar ese artículo del plexo normativo, reformado entre los meses de febrero y junio de 2007. Lo cierto del caso es que el campo que administraba la forestal “Pino Camby SA” en Concepción y que tiene un cartel de venta por 5.751.000 pesos, quedó en medio de los cepos que le impuso al mercado internacional la Convención Constituyente. Así lo dispuso el juez que lleva la quiebra de la firma, otrora dedicada a la extracción y exportación de resina y que en esta parte del país implantó pinos en campos de Concepción y Virasoro. Se trata, en rigor, del primer fusible que hizo saltar la nueva Constitución y que por el momento no derivó en una presentación judicial
