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La empresa Alto Paraná indicó que la consultora “Transparencia Forestal”, los certificados internacionales obtenidos y las auditorías del Estado, garantizan el cumplimiento de los acuerdos laborales.
Fuente:Misiones On Line
MISIONES (20/3/2007).- En una informal rueda de prensa, directivos de la empresa Alto Paraná S.A. (Apsa), aseguraron que todas las contratistas que les prestan servicio están en regla con sus trabajadores y consideraron que la protesta impulsada por el sindicato de papeleros (Soep) y respaldada por una centena de los más de dos mil motosierristas que trabajan en forma indirecta para la compañía forestal, responde únicamente a intereses sindicales. El gerente de operaciones forestales de Apsa, Víctor Cubillo, explicó que para reforzar el trabajo de control que viene realizando la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia, y garantizar de ese modo el total cumplimiento de las mejoras laborales acordadas con los trabajadores, contrataron a la consultora “Transparencia Forestal” que se encarga de hacer un completo seguimiento, tanto de las condiciones de trabajo en el campo, como de las liquidaciones salariales de los obreros. En referencia a los recibos de sueldo exhibidos durante la protesta -algunos consignaban cobros de bolsillo apenas superiores a los 300 pesos, cuando el básico de los motosierristas es de 1.200- Cubillo indicó que no demuestran ningún incumplimiento, ya que incluyen descuentos por anticipos salariales otorgados el mes anterior, por inasistencias y por incumplimientos en los rendimientos mínimos de trabajo. El directivo consideró además que la actividad forestal fue la que registró las mayores mejorías en materia de condiciones laborales en los últimos años en la región, recordó que los motosierristas que trabajan en forma indirecta para Apsa, son los obreros forestales de campo que tienen el sueldo más alto de todo el país. Por su parte, Adrián Lerer, gerente de Asuntos Corporativos y Legales de Alto Paraná, indicó que se pagarán los sueldos de todos los empleados que no pudieron trabajar por causa del piquete que bloqueó el ingreso a la celulósica de Puerto Esperanza e impidió con acciones coercitivas la salida a campo de los obreros rurales forestales de la zona Norte por más de 10 días, aunque aclaró que resultaría improbable que la empresa pueda seguir pagando los sueldos ante un eventual nuevo bloqueo. subtitulo/Historia del piquete que mantuvo paralizado al Norte misionero/subtitulo El conflicto que a comienzos de este mes mantuvo paralizada la actividad económica del Norte de Misiones comenzó en los primeros días de agosto del año pasado, cuando un grupo de motosierristas que trabajaban para empresas contratistas que prestan servicios a la compañía Alto Paraná Sociedad Anónima (Apsa), salió a cortar la ruta 12 y el ingreso a la planta celulósica de Puerto Esperanza. Los obreros rurales reclamaban una serie de mejoras en sus condiciones de trabajo y su incorporación al gremio de papeleros de la zona (Soep). Argumentaban que el gremio al que estaban afiliados, a saber la Unión Argentina de Trabajadores Rurales (Uatre), nunca respaldó sus reclamos, mientras que el Soep se puso al frente de la protesta desde el primer día. Desde la Uatre, en tanto, denunciaron que detrás de la protesta había un intento del Soep de “robar” afiliados cuyo encuadre correspondería al gremio rural. Los reclamos por las mejoras laborales recibieron una rápida respuesta favorable por parte de las empresas contratistas y de la propia Apsa que se ofreció como garante del cumplimiento de todas las condiciones exigidas por los motosierristas referidas a las condiciones de trabajo. Entonces se firmó un acuerdo entre Uatre y la patronal mediante el cual los trabajadores forestales de campo que prestan servicio a Apsa, se garantizaron la mayor escala salarial del país para esa actividad. A pesar de la buena voluntad para resolver las cuestiones laborales, las protestas se extendieron durante casi un mes más por la imposibilidad legal de encuadrar a los trabajadores rurales en un gremio industrial como el Soep. Durante ese período se mantuvo el corte al ingreso de la celulósica de Apsa, lo que generó un millonario perjuicio a las Pymes que proveen de materia prima, insumos o servicios a la compañía forestal entre ellos se cuentan todas las empresas de transporte de cargas de Misiones. Por intervención del Ministerio de Trabajo de la Nación, se llegó a una tregua en los primeros días de septiembre del año pasado, cuando el organismo decretó una conciliación obligatoria en la que instó al Soep a solicitar el reencuadre de los motosierristas a través de la vía legal, en vez de hacerlo por medio de medidas de fuerza. El gremio papelero desoyó la recomendación de Trabajo y cinco meses después volvió a cortar el ingreso a la planta en reclamo del reencuadre sindical de los motosierristas, sin antes haber iniciado el trámite administrativo correspondiente a ese efecto. Esta nueva medida, que también provocó un serio impacto económico en la zona, fue considerada “de mala fe” por la Provincia que decretó su ilegalidad y se interrumpió gracias a una segunda intervención de Trabajo de la Nación que volvió a reclamar al Soep que canalice sus reclamos por vía legal. negrita/No corresponde el planteo del Soep/negrita El gerente de Asuntos Corporativos y Legales de Alto Paraná, Adrián Lerer, aclaró que la empresa nada tiene que ver con los intereses sindicales que ya le costaron dos bloqueos con serias consecuencias económicas y cargó duramente contra los dirigentes del Soep a quienes acusa de reclamar por vía de hecho algo que no se animan a pedir por canales legales “porque saben que no tienen razón”. Indicó además que iniciaron acciones legales contra los sindicalistas. El directivo indicó que la ley impide a los motosierristas encuadrarse en el gremio de los papeleros, porque la actividad que desarrollan estos trabajadores se regula por una legislación especial referida al trabajo Rural (Ley 22.248) y el único sindicato con atribuciones para representar a obreros incluidos en dicha ley, es la Uatre. En tanto que el Soep, solamente tiene potestad para afiliar a trabajadores industriales.
