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Matte, Angelini y Claro: el silencioso desembarco de las empresas forestales chiles en Uruguay

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Atraídos por una ley de fomento forestal similar a la que hubo en Chile hasta los 90 y una regulación estable, al país del mate y Mario Benedetti llegó un cúmulo de empresarios cuyas inversiones ya suman más de US$ 200 millones. Hoy están atentos a la disputa que, por el negocio forestal, enfrenta a Uruguay y Argentina.

Fuente: NEA Rural

CHILE (4/2/2006).- Atraídos por una ley de fomento forestal similar a la que hubo en Chile hasta los 90 y una regulación estable, al país del mate y Mario Benedetti llegó un cúmulo de empresarios cuyas inversiones ya suman más de US$ 200 millones. Hoy están atentos a la disputa que, por el negocio forestal, enfrenta a Uruguay y Argentina. Valeria Ibarra Mientras los gobiernos de Argentina y Uruguay quieren llevar al Vaticano y al tribunal internacional de La Haya su disputa por la localización de dos plantas de celulosa en el río Uruguay, las empresas forestales chilenas siguen allí silenciosamente plantando… y prosperando. Desde hace más de una década los grupos Matte, Angelini y Claro desembarcaron en la nación del mate y las camperas de cuero. Lo hicieron amparados por una legislación de fomento forestal similar a la que hubo en Chile entre 1974 y 1992. A los grandes conglomerados se sumaron la familia Sáenz, de Concepción, dueños de Madesal; el empresario de origen holandés André van Bavel, radicado en Curicó, y el Grupo Forestal, ligado al ingeniero Alberto Rodríguez. Y es una inversión relevante, que en el gobierno de Tabaré Vázquez cifran en US$ 200 millones. Si bien los chilenos no son los capitales que más pesan en el mapa silvícola uruguayo -ganan las escandinavas como Botnia y Stora Enso y la española Ence-, son muy valorados. «Quizás en tamaño no son las más grandes, pero tienen un desarrollo industrial interesante que permite la socialización de la riqueza generada por el sector», comenta el director general forestal de Uruguay, Andrés Berterreche. Las chilenas procesan la madera en papel (Itusa, de los Matte); paneles contrachapados (Urupanel, de los Sáenz) u operan en logística y transporte de productos forestales (Gertil, de Ricardo Claro). El grupo Angelini maneja Forestal Cono Sur, firma que Arauco tiene desde 2000 como resultado de la compra de Forestal Cholguán. Tienen 28 mil hectáreas de pino plantadas e invierten US$ 5 millones al año en bosques, dice el gerente de asuntos corporativos de Arauco, Charles Kimber. «En siete años más tomaremos la decisión de industrializar estos bosques», dice. Las opciones son «tener una fábrica de paneles, un aserradero, una planta de celulosa o las tres combinadas». Hay también chilenos en Uruguay que tienen un manejo más primario de los bosques, como el Grupo Forestal, del empresario chileno-uruguayo Alberto Rodríguez, que opera Chipper S.A. y las forestales Maderas del Uruguay y Llano Verde. En 1987 el gobierno uruguayo implementó una ley de fomento forestal que subsidiaba la plantación de bosques y exoneraba a los inversionistas del pago de ciertos impuestos. Gracias a esta norma, que se desmanteló parcialmente el 2005, Berterreche dice que el ritmo de plantación pasó de 2.500 hectáreas anuales a 50 mil y hoy hay 750 mil hectáreas de bosques plantados. Uruguay tiene otras ventajas. Una es el clima. «Hay buenas condiciones de crecimiento para especies forestales como el pino», explica Kimber. Otra es la estabilidad. «Aquí respetan las reglas y hay garantías a la inversión extranjera», cuenta Rodrigo Correa, gerente general de Urupanel, en Tacuarembó. Charles Kimber añade que como hay otros proyectos industriales en el sector, esto viabiliza el rubro como un todo y facilita la producción. 1Pero Uruguay no es el paraíso. Los chilenos se quejan de la burocracia, la mano de obra en el campo es menos calificada -«cuesta encontrar un trabajador con enseñanza secundaria completa»- y todo es más lento. «Si rápido en Chile es ‘en 10 minutos’, acá es «un mes y medio», dice Correa desde Tacuarembó. Fuente: Diario La Tercera (Santiago de Chile)

Fuente: NEA Rural

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