| Medio ambiente |
La ONG ecologista brasileña Red de Alerta contra el Deserto Verde publicó una «carta abierta» de denuncia y rechazo a la certificación forestal concedida por el programa gubernamental CERFLOR a la compañía Aracruz Celulose, una de las principales empresas de plantación y producción de pulpa de eucalipto blanqueada de Brasil.
Fuente: Econoticias
MARZO 2005(EuropaPress).- La ONG ecologista brasileña Red de Alerta contra el Deserto Verde ha publicado una ‘carta abierta’ de denuncia y rechazo a la certificación forestal concedida por el programa gubernamental CERFLOR a la compañía Aracruz Celulose, una de las principales empresas de plantación y producción de pulpa de eucalipto blanqueada de Brasil, concretamente en el estado de Espírito Santo, según recoge el Boletín del World Rainforest Movement (Movimiento Mundial por los Bosques). Así, la ONG afirma estar «indignada» con el proceso de certificación de CERFLOR para la explotación de bosques conseguido por Aracruz Celulose, que posee 146.000 hectáreas de tierras en Espírito Santo, de las cuales 93.000 están ocupadas por monocultivos de eucaliptos. «Una vez más declaramos que un monocultivo industrial, a gran escala, no puede ser certificado puesto que es insostenible», recalca la carta, apuntando que Aracruz aumenta su productividad «a expensas del alto consumo y contaminación de los recursos hídricos, la muerte de peces y animales y muchos otros impactos socioambientales que involucran a comunidades indígenas y pequeños agricultores que viven en la región que ahora se conoce como Desierto Verde». Según aseguran, la forma de vida de estas comunidades «ha cambiado a peor a cambio del exclusivo beneficio de Aracruz, que ha arruinado la Selva Atlántica, destruyendo así la fuente de verdadera sostenibilidad de estas comunidades». La Red de Alerta Verde considera que la certificación CERFLOR «no merece la confianza de los movimientos, organizaciones, comunidades y ciudadanos de la sociedad civil», que han sido expresamente excluídos de la discusión sobre los objetivos, principios y criterios de este sistema de certificación». Actualmente, dicen, «ni siquiera sabemos cuáles son los principios y criterios que la empresa certificadora, BVQI (Bureau Veritas), utiliza en este proceso de certificación», lo que lo convierte en un proceso «no transparente». Además, creen que «no hay exigencias mínimas sociales o ambientales en relación con el certificado de CERFLOR», que básicamente hace referencia a leyes brasileñas. En el caso de Aracruz Celulose, el intento de certificar sus plantaciones en el Estado de Espírito Santo parece, según la ONG, «una provocación para todos aquellos que conocen de cerca la conducta y la posición de los ejecutivos de la empresa hacia las comunidades locales y su Medio Ambiente a lo largo de los últimos 35 años». La ONG ennumera en su ‘carta abierta’ algunos ejemplos de la conducta empresarial de Aracruz, como el hecho de que ocupe cerca de 10.500 hectáreas de tierras que, como Tupinikim y Guaraní, han sido reconocidas como indígenas por el Gobierno federal, cometiendose «un acto ilegal». La ONG se pregunta «cómo puede ser certificada una empresa que ocupa y explota tierras indígenas». Asimismo, los hornos de los habitantes de Vila do Riacho, que fabrican carbón con los restos de los eucaliptos de Aracruz Celulose, fueron destruidos «en una acción articulada entre el Gobierno municipal y la empresa», pese a que los restos de sus ramas y leños son la única fuente de ingresos para estas comunidades. En octubre de 2004, Aracruz destruyó cuatro casas de habitantes dela zona de Barra do Riacho, cerca de su complejo industrial. «Este acto inhumano y criminal tuvo lugar de acuerdo con una sentencia preliminar emitida por una jueza de la municipalidad de Aracruz –insisten las ONG–. Los abogados de la empresa alegaron que las familias eran intrusas en tierras de Aracruz». «Estos son apenas algunos ejemplos de la violencia aplicada por Aracruz, con el apoyo de los gobiernos, contra derechos fundamentales de las comunidades locales, derechos garantizados a dichas comunidades por la Constitución brasileña y por acuerdos internacionales». «Si CERFLOR se toma en serio por lo menos la ley brasileña, Aracruz nunca debería recibir este sello», apunta.
