Greenpeace pone condiciones al Plan Lula para reordenar la Amazonia

Medio ambiente

La organización pide una gestión legal y sostenible en las zonas explotadas y una red de áreas protegidas para detener la deforestación y la pérdida de biodiversidad

Fuente: Forestalia

ESPAÑA(23/8/2004).- Los medios de comunicación brasileños e internacionales han publicado recientemente que el gobierno brasileño pretende privatizar 50 millones de hectáreas en el Amazonas. Sin embargo, esta interpretación no refleja el propósito del proyecto gubernamental de concesiones de tierra para la gestión forestal, que actualmente está en discusión y será remitido en breve al Congreso. La intención del Gobierno, según las reuniones mantenidas con Greenpeace y otras ONGs, es recuperar el control de las inmensas áreas de tierras públicas de la Amazonia que no tienen ningún tipo de protección. Los mayores responsables de la destrucción de estos territorios son la industria maderera, la ganadería o la producción agraria de soja que están invadiendo estos bosques públicos. Greenpeace considera que el proyecto del Gobierno de Lula es un intento arriesgado de ordenar el acceso a los productos forestales y agrarios y establecer un control gubernamental en la región, hasta ahora prácticamente ausente. El proyecto tiene un gran potencial para poner freno a la continua destrucción que sufre la Amazonia, pero también tiene elevados riesgos si el Gobierno brasileño, como históricamente viene demostrando, no cumple con sus obligaciones. La organización considera que el proyecto debe garantizar que: 1. Antes de otorgar cualquier concesión se haga un proceso participativo de la región amazónica para zonificarla, de manera que se asegure que las comunidades locales e indígenas no se verán afectadas por la explotación industrial en el futuro. 2. Este proceso de zonificación debe asegurar la protección de las áreas ecológicamente relevantes, las cuales deben estar totalmente protegidas. 3. Las áreas destinadas a la explotación forestal sostenible deben ubicarse en las zonas de expansión agrícola y de explotación maderera destructiva. 4. Un porcentaje significativo de las zonas que se den en concesión debe mantenerse intacto para poder evaluar los impactos y la intensidad adecuada de la explotación. 5.- La envergadura del proyecto hace necesaria una dedicación y control adecuados de las autoridades ambientales (Ibama) y de la policía federal. Actualmente, estas instituciones no tienen suficiente personal, recursos financieros ni equipamiento para hacer frente a esta tarea, lo que refuerza la ausencia del control del Gobierno federal en la selva. Las explotación industrial ha destruido ya alrededor del 16% de la Amazonia brasileña (más de 600.000 hectáreas, la mayoría en los últimos 30 años). Proteger el Amazonas es urgente: esta emblemática selva acoge la mayor biodiversidad de la tierra, el 20% del agua dulce del planeta, tiene un papel fundamental en la regulación del clima, y es también el hogar del rico patrimonio cultural y espiritual de las poblaciones indígenas y de las comunidades que en él habitan. Unos 20 millones de personas viven en la Amazonia brasileña y necesitan trabajar, seguridad, bienestar y un medio ambiente sano. Un proyecto para el uso responsable de recursos naturales que va de la mano de la protección medioambiental, no es sólo necesario, es imprescindible. La silvicultura sostenible y certificada en áreas específicas puede tener un papel importante no solamente para la creación de puestos de trabajo, también puede contribuir a detener la tala ilegal y la deforestación. Es una simplificación utilizar el término “privatización” para describir el proyecto del Gobierno brasileño en la Amazonia. La Amazonia se está privatizando ilegalmente como parte del amplio proceso actual de globalización ocurrido en la economía brasileña. Las compañías madereras invaden tierras públicas y la madera se vende tanto en los mercados internos como en países europeos como España. Hay grandes compañías mineras que explotan los recursos para las exportaciones. Los ganaderos y los grandes productores de soja y de otros productos agrarios, como Cargill, Bunge, Maggi y ADM son responsables de la desaparición de la selva. Todo esto está ocurriendo en un contexto económico que globalmente necesita cada vez más materias primas más baratas. Desafortunadamente, las instituciones gubernamentales en la Amazonia son muy débiles o están totalmente ausente en áreas conflictivas. ”El Gobierno brasileño dice que el proyecto de concesiones pretende reorganizar el territorio y el acceso a los recursos forestales mediante un proceso que sea transparente y socialmente participativo”. En opinión de Paulo Adário, coordinador de la campaña de Greenpeace Amazonas, “si el Gobierno Brasileño garantiza que este proceso sea realmente participativo y socialmente justo, toma en consideración la importancia ambiental de la Amazonia, asigna los recursos suficientes para la conservación, la gestión responsable y la lucha contra la tala ilegal que rige en la actualidad, debida a las carencias del Gobierno, entonces el proyecto es bienvenido”.

Fuente: Forestalia

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