#ÉticaPública: Desde Agricultura respaldan la transparencia y gestión lograda en la operatoria del sistema de promoción forestal argentino

Ante el tratamiento en algunos medios nacionales que cuestionaron presuntos conflictos de intereses del contador Nicolás Laharrague, ante su actual gestión pública al frente de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial de la Secretaria de Agroindustria de la Nación desde hace casi un año y medio, en el organismo respaldaron su desempeño. Informaron, con documentación jurídica, el cumplimiento ajustado a derecho del funcionario en la que no cabe “conflicto de interés alguno”  y garantizaron la transparencia en la operatoria del sistema de promoción forestal argentino.

Por Patricia Escobar 

@argentinaforest

 

BUENOS AIRES (8/5/2019).- Nicolás Laharrague es oriundo de Buenos Aires, miembro de una familia tradicional que reside en la provincia de Misiones, con más de 100 años de trayectoria en la actividad forestal, donde en la última década -y antes de conformar el equipo de Cambiemos en la cartera a cargo de Luis Miguel Etchevehere en enero de 2018- fue directivo de algunas de las empresas del grupo familiar, entre ellas, Puerto Laharrague SA, Moconá SA, Mirasol SA, y en la sociedad con la maderera Laharrague-Chodorgue SA, una de las empresas modelo de gestión por su desarrollo integral en la cadena de valor de la foresto-industria misionera.

En la actualidad, en sus funciones en la administración pública, a cargo de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto-industrial es motivo de controversias por los cuestionamientos que desde sectores de la prensa y políticos cada tanto reavivan. Las críticas no están dirigidas al sistema de gestión de la operatoria o por incumplimiento de sus deberes de funcionario en lo que respecta al sector forestal, sino que están direccionadas a su persona, ante su pasado de empresario vinculado a los negocios de la actividad y frente a “conflictos de intereses” y de “ética pública”.

El régimen de promoción forestal (Ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados) fue sancionado en 1999 y prorrogado en los años 2008 y 2018. Entre los beneficios que otorga a quienes se adhieren al régimen se encuentran la presentación de planes de superficie forestada para acceder al apoyo económico de Aportes no Reintegrables (ANR) a productores forestales de provincias de todo el país.

Este incentivo se otorga al sector forestal, entre otras cuestiones, debido a que es una actividad a muy largo plazo (16 a 18 años promedio para comercializar la madera). “Además y no menor, tiene por objetivo la obtención de un recurso estratégico (la madera) de una fuente natural y renovable, quitando presión al bosque nativo y contribuyendo a cumplir los compromisos globales de mitigación de los efectos extremos del Cambio Climático asumidos por la Argentina en el Acuerdo de París”, remarcaron desde el organismo.

Ante la circulación de que se habría beneficiado a una de las empresas de la familia del funcionario con el pago de este beneficio, en primer lugar explicaron desde el organismo nacional que el funcionario “no tiene en su competencia la responsabilidad de pagar u ordenar pagos que tengan que ver con la Ley de Promoción Forestal, sino en velar que el circuito administrativo funcione en forma eficiente. “El único funcionario que aprueba planes y otorga beneficios es el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca. La Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial solamente tramita los expedientes, a fin de verificar las aprobaciones provinciales y la existencia de las plantaciones”, precisaron desde el organismo.

La gestión administrativa de los planes

El régimen de promoción forestal creado por la Ley N° 25.080 establece requerimientos técnicos, y quienes ingresan al circuito administrativo y cumplen con todos los requisitos en dicha norma –que debe pasar por personal de diferentes áreas técnicas, ambientales y contables hasta ser aprobado- , acceden a los beneficios establecidos. En este sentido, el paso siguiente es aprobar el mencionado plan, competencia que debe ejecutar el Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, para otorgar los beneficios correspondientes.

“El pago de los beneficios se calcula en base a un valor estándar por hectárea por zona/provincia. Todos los planes de la empresa forestal Puerto Laharrague SA (Montecarlo, Misiones) que fueron aprobados, cumplen con todos los requisitos establecidos en la Ley N° 25.080, por lo que le correspondía la obtención de los beneficios”, sostienen desde Agricultura.

Por otra parte, indicaron que desde que asumió en la Dirección, Laharrague tomó como prioridad en su gestión sistematizar y transparentar la comunicación con los actores y la comunidad, en todo lo referente al régimen, ya que se trata de administrar fondos. Producto de ello, desde fines de 2018 la página de internet dispone del servicio online con el “Buscador de Resoluciones” del régimen, que es abierto a toda persona y contiene toda la información precisa sobre todos los pagos efectuados en este periodo de gestión y con anterioridad a Laharrague.

El link donde se pueden visualizar las resoluciones de pago originales en archivos de pdf y acceder a la herramienta es el siguiente: Agroindustria /DesarrolloForestoIndustria/Visualizador/Buscador

 

Sin conflictos de intereses

Las resoluciones de pagos efectuadas en 2018, cuestionadas por los medios de prensa nacionales por el beneficio que recibió la empresa Puerto Laharrague SA por la suma superior a 4 millones de pesos,  corresponderían al pliego de planes presentados en los años 2010, 2011, 2012 y 2014, período en el que el director actual Laharrague no era funcionario de esa cartera.

Asimismo, desde el organismo indicaron en lo que respecta al funcionamiento del régimen, que las resoluciones se pagan por orden de presentación. Es decir, que a medida que hay presupuesto, se van otorgando los AENR a los planes más antiguos. Las Resoluciones firmadas en el año 2018 beneficiaron en total a 755 productores de todo el país.

En ese contexto, aseveraron que “la empresa Puerto Laharrague SA no gozó de ningún beneficio extra ni percibió los beneficios con anterioridad al momento debido, que le corresponde por derecho propio. Asimismo, el director Laharrague no tuvo participación alguna en la tramitación de dichos expedientes, atento a que se excusó formalmente y, tal como indica la Ley de Ética Pública N° 25.188”.

Para quienes entienden de la actividad forestal, un productor o cualquier Pyme, sin el subsidio el negocio forestal sería a perdida en muchos casos. La ley de promoción ha permitido que se lograran en los últimos años sostener la reforestación para garantizar el abastecimiento de base forestal que en la actualidad permite el desarrollo de la foresto-industria y, además, considerar su potencial estratégico para el país.

De empresario a funcionario

Con anterioridad a ser designado en el cargo en Agricultura, Nicolás Laharrague hizo pública también su renuncia al cargo que ejercía en la empresa Puerto Laharrague SA.

Y luego de haber recibido una denuncia anónima e investigado el caso, la Oficina Anticorrupción –a cargo de Laura Alonso-  emitió la Resolución 34/2018 del 10 de diciembre de 2018 mediante la cual establecía que “no se ha comprobado que Nicolás Laharrague haya incumplido las disposiciones sobre conflictos de intereses (Ley N° 25.188), y tampoco se ha acreditado que –en el ejercicio de su gestión- haya intervenido en cuestiones particularmente relacionadas con Puerto Laharrague SA”.

Frente a la difusión de la publicación que intenta poner en la agenda pública la disputa por “un cargo” y su posible cuestionamiento de incompatibilidad frente a la gestión pública en el área forestal de Agricultura, en el organismo salieron a respaldar jurídicamente el desempeño al frente de la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial de Nicolás Laharrague “ya que siempre ha obrado de manera ética y transparente, trabajando arduamente para mejorar las condiciones referidas al sector foresto industrial de todo el territorio”, remarcaron desde el organismo que conduce Luis Miguel Etchevehere.

En tanto, ante la consulta de ArgentinaForestal.com a referentes del ámbito privado, consideraron como un “tratamiento mal intencionado y sin fundamentos serios la publicación de la noticia”.

En general, las opiniones coincidieron en que “se trata de un funcionario que entiende de la actividad por haber tenido experiencia en la industria forestal, tenerlo hoy del lado del mostrador de la función pública para resolver los problemas del sector y planificar su desarrollo futuro es de un gran valor no solo para los que integramos la cadena de valor de la foresto-industria, sino también para el país, ya que el régimen es una oportunidad de desarrollo forestal sostenible”, señalaron para cerrar con la polémica.

 

 

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