La orden de desalojo dictada el 16 de julio por el juez de Instrucción de Jardín América, Roberto Senna, fue ejecutada y el inmueble quedó nuevamente en manos de su propietario. Sin embargo, pocos días después integrantes de la comunidad Puente Quemado II volvieron a ingresar al predio, esta vez en mayor número y con presencia de menores. La Justicia debe resolver ahora un recurso presentado por la defensa de la comunidad y un nuevo pedido de desocupación formulado por la querella.
Fuente: Misiones Online
MISIONES (11/08/2026).- El conflicto por tierras en Garuhapé sumó un nuevo capítulo hace algunos días, luego de que integrantes de la comunidad Puente Quemado II volvieran a ingresar a un predio cuya restitución había sido ordenada judicialmente a favor de Alfredo Roberto Ruff.
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por Ruff por una presunta usurpación de los lotes 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 y 78 de la fracción Cañafístola, sección Quinta de Garuhapé, en el departamento Libertador General San Martín. La documentación incorporada al expediente determinó que esos inmuebles figuran inscriptos en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre del denunciante.
El 16 de julio, el juez Roberto Senna, titular del Juzgado de Instrucción de Jardín América, hizo lugar al pedido de restitución presentado por la querella y ordenó reintegrar los inmuebles a Ruff. La resolución dispuso además que las personas que ocuparan los lotes, debían desalojarlos inmediatamente desde su notificación, bajo apercibimiento del uso de la fuerza pública.
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Fuentes vinculadas al expediente precisaron a Misiones Online que la medida fue efectivamente ejecutada. Las personas que permanecían en el lugar se retiraron y posteriormente la propiedad fue entregada nuevamente a Ruff.
Sin embargo, pocos días después se produjo un nuevo ingreso al inmueble. Según las mismas fuentes, esta vez habría participado un grupo más numeroso de integrantes de la comunidad Puente Quemado II, entre ellos personas adultas y menores de edad.
De acuerdo con la información recabada, quienes volvieron a ingresar al predio habrían sostenido que la resolución que ordenaba el desalojo había quedado anulada. Fuentes judiciales señalaron que esa interpretación no se corresponde con la situación procesal actual.
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La defensa de la comunidad presentó un recurso de reposición
Los abogados que representan a integrantes de la comunidad, presentaron un recurso de reposición contra la resolución judicial. Se trata de una herramienta procesal mediante la cual se solicita al mismo juez que dictó una decisión que la revise, modifique o deje sin efecto.
El planteo ya fue puesto en conocimiento de las demás partes del expediente y ahora deberá ser resuelto por el magistrado.
La presentación del recurso, indicaron fuentes del caso, no implica por sí sola que la resolución del 16 de julio haya quedado anulada. Mientras se sustancia ese planteo, la querella que representa a Ruff volvió a insistir ante la Justicia para que se proceda a una nueva desocupación del inmueble.
La resolución original había considerado que existían elementos suficientes, en esta etapa del proceso, para sostener que Ruff ejercía legítimamente derechos sobre los lotes y que ese estado posesorio había sido alterado. El juzgado aclaró además que la restitución tenía carácter cautelar y provisorio y que no implicaba una decisión definitiva sobre eventuales controversias territoriales o patrimoniales que pudieran discutirse en otra instancia.
La defensa había acompañado al expediente documentación vinculada a la Ley 26.160 con una carpeta técnica del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y la Resolución 514/2015. Sin embargo, el juzgado consideró que esos elementos no resultaban suficientes, en esa instancia, para neutralizar la documentación registral presentada por Ruff.
La presencia de menores deberá ser contemplada
Otro elemento que adquirió relevancia tras la nueva ocupación es la presencia de niños dentro del predio. Fuentes del caso señalaron que esta circunstancia no impide jurídicamente que el juez adopte una decisión respecto de la ocupación del inmueble. Sin embargo, remarcaron que cualquier medida deberá contemplar especialmente la situación de los menores para evitar vulneraciones de sus derechos durante un eventual procedimiento.
La resolución original ya había requerido a la Municipalidad de Garuhapé, a través de su Secretaría de Acción Social, que brindara acompañamiento para la relocalización y reubicación de las personas que ocupaban el predio.
En paralelo, Ruff mantiene la explotación productiva de las tierras y, a través de sus representantes legales, reclama que se restablezca nuevamente la situación que quedó establecida tras el primer desalojo.
Ahora el juez deberá resolver dos cuestiones centrales: el recurso de reposición presentado por la defensa de la comunidad y el nuevo pedido de la querella para que se ordene otra vez la desocupación del predio.
Según fuentes vinculadas a la causa, el plazo para definir estos planteos sería de aproximadamente cinco días, por lo que se espera una nueva resolución judicial en el corto plazo.
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