La abogada Roxana Rivas, miembro de ENDEPA y apoderada de la comunidad Mbya Guaranpi Puente Quemado II, sostuvo que el operativo policial de desalojo se realizó con la resolución apelada y fuera de plazo, aseverando que no estaba vigente para su ejecución. Argumenta preexistencia étnica y relevamiento del INAI en el marco de la Resolución para exigir la posesión del territorio y sostiene que el conflicto no se tramite por la vía penal, sino en el fuero civil, en directa contradicción con la querella del empresario Alfredo Ruff.