Por: Ing. Ftal. Jaime G. Ledesma (*)
MISIONES (22/7/2026).- «La pérdida de la concepción de la tierra como un don de Dios para el bienestar de todos está en la raíz de la concentración, apropiación indebida y depredación de los recursos naturales.»* (Para una mejor distribución de la tierra. El reto de la Reforma Agraria. Pontificio Consejo Justicia y Paz).
La cuestión de la tierra constituye uno de los principales desafíos estructurales de la Argentina y, en particular, de Misiones. El acceso, la distribución y la regularización de la tenencia no representan únicamente un problema jurídico o administrativo: son componentes esenciales de una política de desarrollo, de ordenamiento territorial y de soberanía.
La tierra no puede concebirse exclusivamente como un activo económico o financiero. Es un recurso natural estratégico, soporte de la producción, de la biodiversidad, de los recursos hídricos y de la identidad de las comunidades.
La forma en que una sociedad administra este recurso condiciona su desarrollo económico, su cohesión social y su capacidad para ejercer soberanía sobre su territorio.
El territorio como construcción social
El territorio no es solamente un espacio físico; es el ámbito donde se articulan las relaciones sociales, económicas, culturales, políticas e institucionales.
Su apropiación es simultáneamente material y simbólica. Cada comunidad construye sentidos de pertenencia a partir de su historia, su cultura y sus prácticas sociales. Por ello, un mismo espacio puede adquirir significados diferentes para los distintos grupos sociales o pueblos originarios que lo habitan.
Comprender esta dimensión resulta indispensable para diseñar políticas públicas capaces de armonizar producción, conservación ambiental, inclusión social y desarrollo.
La ecuación del desarrollo territorial
El desarrollo territorial sostenible depende de un conjunto de políticas que deben actuar de manera integrada.
La ecuación comprende: Acceso a la tierra + Distribución equitativa + Regularización dominial + Uso y conservación de los suelos.
A estas variables deben incorporarse otros instrumentos estratégicos: a) Planificación y ordenamiento territorial; b) Parámetros claros de tenencia; c) Uso del suelo según su aptitud; d) Mecanismos eficaces de control; e) Asistencia técnica y financiera; f) Infraestructura rural (vivienda, caminos, electrificación, conectividad, educación y salud); y g) Fortalecimiento de la competitividad de las economías regionales.
Ninguna de estas políticas, por sí sola, resulta suficiente. Su eficacia depende de una visión integral del territorio y de una adecuada articulación entre los distintos niveles del Estado.
Una decisión política antes que técnica
La discusión sobre la tierra es, fundamentalmente, una decisión política.
No se trata de oponerse a las inversiones ni al desarrollo económico. El desafío consiste en promover inversiones que generen producción, empleo y agregado de valor, preservando al mismo tiempo el control estratégico sobre los recursos naturales y evitando procesos de concentración que comprometan el interés público.
En un escenario internacional caracterizado por crecientes disputas geopolíticas en torno al agua, los alimentos, la energía y la biodiversidad, la tierra adquiere un valor estratégico cada vez mayor.
Por ello, el debate no debería limitarse al mercado inmobiliario rural, sino extenderse al modelo de desarrollo y al proyecto de país que aspiramos a construir.
El marco institucional
La Argentina cuenta con un sólido marco jurídico que orienta esta discusión.
La Ley General del Ambiente (Ley N.º 25.675) establece los presupuestos mínimos para garantizar un desarrollo ambientalmente sostenible, mientras que la Constitución de la Provincia de Misiones reconoce la función social de la propiedad, principio que comprende también una función ambiental.
En este contexto, la Ley N.º 26.737, «Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales», representó un importante avance institucional.
Fruto de un amplio consenso político y federal, la norma reconoce a la tierra como un recurso natural estratégico y establece límites a la extranjerización de las tierras rurales, procurando preservar la capacidad del Estado para planificar el territorio y proteger recursos esenciales para el desarrollo nacional.
Cualquier modificación de este régimen debería surgir de un debate igualmente amplio y responsable, considerando sus implicancias económicas, sociales, ambientales, territoriales y geopolíticas.
Misiones frente al desafío del siglo XXI
Para una provincia forestal y fronteriza como Misiones, la política de tierras constituye una herramienta estratégica para consolidar el desarrollo regional.
La tierra, los bosques y el agua forman parte de un mismo sistema territorial. Administrarlos con una visión de largo plazo significa proteger el capital natural sobre el cual descansan la producción, la calidad de vida y las oportunidades de las futuras generaciones.
En este sentido, el desarrollo territorial sostenible exige superar una mirada sectorial para construir una verdadera política de Estado basada en la planificación, el ordenamiento territorial, la seguridad jurídica y la conservación de los recursos naturales.
Como afirmaba Don Alberto Roth, pionero de la conservación de suelos en la Argentina y reconocido por Hugh Hammond Bennett (1881-1960) —universalmente considerado el padre de la conservación del suelo— como el mejor conservacionista de suelos al sur del Río Grande: «La pobreza de los suelos se transmite a los hombres que allí viven. La conservación de suelos es el mejor patriotismo. Porque un buen suelo es el capital del que vivimos, es la fuente de riquezas, siempre que no destruyamos esta fuente.»
Más de cuatro décadas después, esa reflexión conserva plena vigencia.
La tierra constituye uno de los principales activos estratégicos de la Nación. Su adecuada administración no solo determina las posibilidades de crecimiento económico, sino también la capacidad de preservar el patrimonio natural, fortalecer las economías regionales y ejercer plenamente la soberanía territorial.
La cuestión de la tierra no puede reducirse a un debate sobre la propiedad. Es, ante todo, una política de desarrollo, de ordenamiento territorial y de soberanía.
Ese es el desafío que enfrenta la dirigencia política: transformar la política de tierras en una verdadera política de Estado, con visión federal, perspectiva intergeneracional y compromiso con el desarrollo sostenible.
(*) Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Misiones (2019-2023); Representante Provincial Alterno ante el Consejo Nacional Interministerial de Tierras Rurales (2012-2015); Subsecretario de Tierras y Colonización (2005-2015). Mat. Prof. CoIForM N.º 082.
