Dada una considerable disminución en la calidad del agua, el gobierno de Luis Lacalle Poun instó a la población a comprar embotellado el líquido vital. Un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU marcó postura respecto a la crisis hídrica, advirtió que esa medida supone un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano y recuerda que este uso está por encima de cualquier interés empresarial., y el documento generó polémica.
Fuente: Nacionales Unidas
URUGUAY (15/7/2023).- El 60% de la población de Uruguay enfrenta un problema con el agua potable, cuya calidad ha disminuido llegando a niveles alarmantes de salinidad en su composición. Los niños y adolescentes, las mujeres embarazadas y las personas que padecen enfermedades crónicas, al igual que otros grupos vulnerables, son los más afectados.
Las autoridades sanitarias uruguayas han reconocido el riesgo y han pedido a la población que compre agua embotellada para beber.
En este contexto, un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos advirtió en un reciente comunicado que esa medida “crea un riesgo de privatización de facto del agua para el consumo humano, obligando a la población a comprar agua”, e instaron al gobierno a darle prioridad al uso del agua para consumo humano.
El gobierno ha recomendado reducir el consumo de agua en los hogares, pero no aplicó las mismas restricciones a los consumidores a gran escala, incluidas las industrias que utilizan agua para la producción.
Los relatores especiales recordaron que si bien los altos índices de sal se atribuyen al fallo de infraestructura hídrica agravada por periodos sin lluvias anormalmente largos, el problema subyacente es la sobreexplotación del agua, especialmente por parte de algunas industrias en el país.
Los relatores firmantes del comunicado son: Pedro Arrojo-Agudo, Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento; Damilola Olawuyi (Presidente), Robert McCorquodale (Vicepresidente), Fernanda Hopenhaym, Elżbieta Karska y Pichamon Yeophantong, Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
«Uruguay debe priorizar el consumo humano, tal como lo indican las normas internacionales de derechos humanos», recalcaron.
Asimismo, aludieron a las advertencias que han hecho a lo largo de los años de que la expansión de las concesiones a industrias intensivas en agua estaban contaminando ese líquido y causando su escasez en el país.
«El agua para el consumo humano representa apenas el 5% del suministro total de agua potable. Por lo tanto, no priorizar su uso es inaceptable», enfatizaron los expertos.
Subrayaron que el derecho humano al agua implica que ésta sea físicamente accesible, esté libre de contaminantes y sea gestionada de manera sostenible, respetando la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.
En este sentido, expresaron especial preocupación por la situación de las personas que no pueden permitirse comprar agua y aquellas con discapacidades o movilidad reducida que no pueden transportar agua.
Responsabilidad de las empresas
Para los especialistas en garantías fundamentales, las empresas, incluidas las empresas estatales, “tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos en todo momento”. Por su parte, los Estados “tienen la obligación de garantizar la protección de este derecho al asegurar el acceso universal a agua potable segura, incluso durante emergencias», agregaron.
Los relatores especiales señalaron que el gobierno uruguayo ha trabajado para reducir los impuestos al agua. Sin embargo, puntualizaron que lo más importante en este momento es garantizar que todas las personas puedan acceder al agua necesaria para la vida.
Los expertos han contactado al gobierno de Uruguay para plantearle estos problemas. Sin embargo, la respuesta pública del Estado uruguayo no se hizo esperar.
Respuesta del gobierno de Uruguay
«Ante inexactitudes del comunicado emitido por el Relator Especial de la ONU sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, el Gobierno de Uruguay reitera:
- Hasta la fecha los valores establecidos en la excepcionalidad no se consideran alarmantes ya que el incremento autorizado con el fin de asegurar el abastecimiento ha sido evaluado por las autoridades sanitarias y académicas; y se ha considerado que es posible que la gran mayoría de la población general, a excepción de algunos grupos especiales con mayor vulnerabilidad en el consumo excesivo de sal, pueden seguir consumiendo la misma.
2.Para respaldar a las personas en situación de vulnerabilidad, los beneficiarios del Ministerio de Desarrollo Social reciben el apoyo económico para la compra de 60 litros de agua por mes, equivalente a 1 de cada 3 habitantes de la zona afectada (2 litros de agua por día por persona).
La medida comprende a los siguientes grupos:
– Hogares de Montevideo y Canelones en situación de vulnerabilidad con menores que perciben Asignaciones Familiares – Plan de Equidad. En este caso, el beneficio aplica para todos los integrantes del núcleo.
– Beneficiarios de la Tarjeta Uruguay Social (TUS) de Montevideo y Canelones que no están comprendidos en las Asignaciones Familiares – Plan de Equidad.
– Personas mayores que residan en Montevideo y Canelones y reciben Asistencia a la Vejez (AV) o Pensión a la Vejez (que previamente recibían AV).
– Jubilados y pensionistas que perciben jubilaciones mínimas.
Considerando a las embarazadas y menores de 2 años ―que ya disponen del beneficio desde el 19 de mayo del corriente año―, el Gobierno estará cubriendo ante esta emergencia hídrica a más de 540.000 uruguayos con acceso a agua embotellada para asegurar las necesidades diarias.
3. Para prevenir el fallo de la infraestructura hídrica y preservar la Salud Pública, OSE y el Gobierno erigieron una estrategia sobre los siguientes pilares:
a. Mantener la continuidad del abastecimiento público sin la realización de cortes de suministro, evitando la contaminación biológica (microbiológica, bacteriológica, virológica, parasitaria, etcétera) de las redes de distribución, conexiones y reservas, protegiendo a la población contra los riesgos biológicos (bacteriológicos, virológicos, hidrobiológicos y parasitarios), que de acuerdo a lo recomendado por la propia Organización Mundial de la Salud, deben ser de control prioritario frente a otro tipos de riesgos como los riesgos químicos, que por lo general son crónicos, y no agudos y generalizados como los riesgos biológicos.
La continuidad del servicio de las redes de distribución y la presión interna es lo que garantiza la protección contra los riesgos biológicos.
b. Mantener el servicio de saneamiento para que las más de 550.000 viviendas de la Región Metropolitana puedan evacuar las aguas residuales domésticas, lo que evita el surgimiento de un escenario de enorme peligro sanitario y la propagación de enfermedades, y principalmente protegiendo la Salud de la población y la Sanidad Pública en general.
Asimismo, mantener la dignidad de las personas en la vida cotidiana. Sin continuidad del servicio de agua no habrá posibilidad de evacuar las aguas residuales de los baños de las 550.000 viviendas.
c. Mantener las redes de distribución operativas en forma continua para el combate y la protección contra incendios y siniestros urbanos. Protegiendo así la vida de las personas en primer lugar, y la propiedad pública y privada.
4. El Gobierno nunca recomendó reducir el consumo humano de agua, sino su disminución en actividades no esenciales con el propósito de asegurar una mejor calidad de agua por un tiempo más prolongado.
En definitiva:
- El Gobierno actuó en forma preventiva, el agua sigue siendo bebible, y garantizó a los sectores más vulnerables la compra del doble del promedio diario que se consume de agua por persona en nuestro país.
- Todas las decisiones sobre la calidad del agua librada al servicio público se han tomado con la previa y preceptiva aprobación del Ministerio de Salud Pública, que ha consultado a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, a la Academia de Medicina, a las Facultades de Medicina y Química de la UdelaR y a especialistas.
- Se han fortalecido las acciones de vigilancia para monitorizar posibles impactos en la salud y a la fecha no se han detectado ni reportado eventos de salud directamente relacionados al cambio en la salinidad del agua.
ONU: “Es importante seguir priorizando los derechos de las poblaciones más vulnerables, con el fin de no dejar a nadie atrás”
Tras la polémica que se generó entre la Organización de Naciones Unidas (ONU) y el gobierno uruguayo por un informe de la entidad internacional sobre la crisis del agua en Uruguay, el coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay, Pablo Ruiz Hiebra, emitió este domingo un comunicado en el que se refiere al episodio.
En el primer punto de ese comunicado, Ruiz hace una puntualización sobre el informe en el que expertos de la ONU calificaron como “alarmante” la crisis del agua en Uruguay, e instaron al gobierno a priorizar el uso para consumo humano, además de advertir sobre el riesgo de una “privatización de facto” del agua.
El comunicado de prensa ‘Expertos de la ONU instan a Uruguay a priorizar el uso del agua para el consumo humano’ refleja la posición del Relator Especial sobre el derecho humano al agua potable y el saneamiento y el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
Los Relatores Especiales se enmarcan en lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos”, señala el comunicado, y agrega: “Los Procedimientos Especiales es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y monitoreo del Consejo que abordan situaciones específicas de países o temas en todo el mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de manera voluntaria, no son personal de la ONU y prestan un servicio no remunerado. Son independientes de cualquier gobierno u organización. A nivel global, existen 45 mandatos temáticos y 14 mandatos de país”.
Más allá de ese aspecto, el comunicado de este domingo remarca que “desde el inicio de la emergencia hídrica, el equipo de Naciones Unidas en Uruguay ha venido monitoreando la situación y acompañando el trabajo de respuesta del gobierno de Uruguay, en múltiples áreas como la salud de la población o los impactos potenciales en la infancia”. “Asimismo, desde la declaración oficial de la emergencia hídrica en la zona metropolitana del país el 19 de junio, he solicitado apoyo técnico del nivel regional de la organización, pues la sequía es un fenómeno que trasciende ampliamente las fronteras del país. Este tipo de fenómenos climáticos extremos se ven agravados por el cambio climático global. El sistema Naciones Unidas en Uruguay ha desplegado sus mecanismos de preparación y respuesta a crisis, en estrecha coordinación con el gobierno uruguayo”, agrega.
En ese sentido, Ruiz indica que “la organización reconoce los diversos esfuerzos nacionales de respuesta a la emergencia en varios ámbitos, con un énfasis en la asistencia a las personas más vulnerables”. “Es importante seguir priorizando los derechos de las poblaciones más vulnerables, con el fin de no dejar a nadie atrás”, apunta.
Con todo, el coordinador residente de ONU en el país concluye el comunicado resaltando que la organización seguirá adelante con su apoyo a Uruguay. “El sistema de Naciones Unidas en Uruguay está firmemente comprometido con la ejecución de su Marco de Cooperación 2021-2025 para el Desarrollo Sostenible en Uruguay. El sistema de Naciones Unidas reitera su determinación de continuar apoyando las autoridades uruguayas tanto en la emergencia como en la búsqueda de soluciones de desarrollo sostenible, en sus pilares ambiental, económico y social, con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el 2030”, agrega.
Esto se da horas después de la reacción del gobierno uruguayo, que el jueves le respondió a la Organización de las Naciones Unidas: a través de un comunicado, la Cancillería aseguró que el documento elaborado por expertos de la ONU contiene «inexactitudes».
