Las protestas por la falta de agua se han extendido por todo el país entre mayo y junio, ya que la crisis hídrica amenaza con extenderse a todo el territorio, luego de una sequía de ribetes históricos. La crítica situación que afronta el país oriental ante la contaminación de sus cuencas y una crisis de agua potable que enfrenta la ciudad capital de Montevideo, ha empujado el análisis de sus diversas causas como también impactos, y la declaración de la emergencia hídrica.
Fuente: EFE, El Observador, DW, Resumen.cl y Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales – OLCA
URUGUAY (20/06/2023) .- El presidente Luis Lacalle Pou anunció la medida de declaración de emergencia hídrica ante la prolongada sequía que afecta al país. El Gobierno de Uruguay decretó este lunes (19.06.2023) la emergencia hídrica para la zona de Montevideo y sus alrededores, cuyo suministro de agua corriente permanece afectado desde mayo por una prolongada sequía.
Así lo informó durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, quien anunció que esta decisión se tomó para «tener procesos jurídicos más rápidos y más sencillos» respecto a una obra que habilitará otra fuente de agua potable.
El Gobierno de Uruguay decretó la emergencia hídrica para la zona de Montevideo y sus alrededores, cuyo suministro de agua corriente permanece afectado desde mayo por una prolongada sequía.
Así lo informó durante una conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva el presidente de Uruguay, Lacalle Pou anunció que esta decisión se tomó para «tener procesos jurídicos más rápidos y más sencillos» respecto a una obra que habilitará otra fuente de agua potable.
Según el mandatario, en el río San José se va a construir tanto un embalse como «una obra de infraestructura con cañería». «La obra del embalse se empieza mañana. Ya la (Administracion Nacional de las Obras Sanitarias del Estado) OSE ha encargado la cañería en este caso al Brasil y un plastiducto a la Argentina y vamos a tener llegadas semanales de determinado metraje del mismo», detalló.
De acuerdo con Lacalle Pou, el plazo máximo previsto para culminar esta obra es de 30 días y luego se anunciará si, a raíz de incorporar esta fuente, la calidad del agua suministrada «se deteriora o hay algún cambio».
La ciudad de Montevideo, en Uruguay, se convirtió en la primera capital sudamericana en sufrir una grave crisis de agua potable. Desde hace meses se mantienen altísimos los niveles de salinidad, que duplican con holgura el estándar de la Organización Mundial de la Salud.
Agua embotellada desgravada
Por otro lado, el presidente aseguró que se exonerará de impuestos al agua embotellada, lo que implica algunas resoluciones vía decreto y otras por la vía legislativa, mediante un proyecto que el Ejecutivo enviará este martes al Legislativo.
Esta medida se sumará a la de garantizar un suministro especial -sin el nivel aumentado de sodio y cloro presente en el actual que brinda OSE en Montevideo y alrededores- para los hospitales y otros centros de cuidado de adultos mayores, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
El Ministerio de Salud Pública, en conjunto con cátedras médicas, pidió en mayo a la población de Montevideo «evitar el agregado de sal en los alimentos» por el aumento del nivel de sodio en el agua corriente.
Días después, la venta de agua embotellada se triplicó de la mano de la proyección de un inminente agotamiento de las reservas por la sequía, que generó alarma en la población y motivó la organización de diversas movilizaciones y protestas en la capital.
Forestales en la mira de los ambientalistas
Un informe publicado en el portal chileno El Resumen, indican que estudios estiman que el agua del Río de La Plata contiene entre 450 y 700 mg/litro de sodio y cloruro respectivamente, cantidades que doblan las recomendadas. Sin embargo, las autoridades del Gobierno defienden que esta es «apta para el consumo humano».
Diversas organizaciones ambientalistas denuncian que el problema no es sólo la sequía, sino también el presunto saqueo, responsabilizando a las empresas forestales como UPM y Montes del Plata de haber disminuido a la mitad la capacidad de las cuencas acuíferas.
UPM es una empresa de origen finlandés que se dedica a la fabricación de celulosa, está instalada en el país desde la década del noventa, con aprobación del gobierno del Frente Amplio, y ya tiene 250 mil hectáreas de cultivo de eucaliptos.
En Uruguay opera bajo en nombre de Forestal Oriental S. A. La primera planta de celulosa data del año 2007 en Fray Ventos, en la frontera con Argentina, lo que motivó disputas internacionales, que terminó con un juicio en la Corte Internacional de la Haya.
Hace poco instalaron la segunda planta de celulosa en el pueblo de Centenario, en el centro geográfico del Uruguay, que opera con agua del Río Negro. Ambientalistas denuncian que las plantaciones de eucaliptos parten por agotar los nutrientes del suelo, al agua subterránea y las industrias de celulosa, directamente afectan los ríos o cursos de agua.
En concreto, la planta de celulosa de capitales finlandeses en Fray Ventos llega a utilizar un millón de metros cúbicos de agua por día, por los que no paga un solo peso, lo que supone una huella hídrica mayor que la de toda la población del Uruguay.
En estos momentos, la población con problemas de salud renal o cardiaca, algunos tan comunes como la hipertensión arterial, no puede consumir agua, debiendo recurrir a la embotellada, empobreciendo a estas familias y alimentando el negocio de las embotelladoras.
Según las últimas estimaciones de las propias autoridades de Gobierno, en Montevideo y áreas circundantes tienen agua para sólo tres semanas. Es más, se ha establecido una fecha el 23 de junio como el día en que se agotaría el recurso.
Las protestas se suceden en las calles, diversas organizaciones sindicales y estudiantiles se han sumado a los ambientalistas en el reclamo, el agua embotellada incluso a comenzado a escasear.
Eduardo Gudynas : «Estamos ante una corresponsabilidad de sucesivas administraciones de gobierno»
A inicios de junio registros de diversas protestas en Montevideo fueron parte de la cobertura de algunos medios que abordaron la crítica situación que vive Uruguay respecto a sus reservas de agua potable, fenómeno que se da en el marco de una crisis que vive el país producto de la crisis climática y las erróneas decisiones políticas del gobierno.
Para profundizar sobre esta situación conversamos con Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES) e investigador asociado del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), quien abordó no solo las causas e impactos de esta crisis que vive Uruguay, sino también cuál ha sido el rol de las administraciones del Estado durante los últimos años y las múltiples dimensiones del fenómeno.
En este sentido, para el investigador uruguayo el país enfrenta una «crisis del agua potable dentro de una crisis del manejo de recursos hídricos», refiriéndose a una crisis crónica respecto a la gestión de recursos, mientras que paralelamente vive un evento agudo «producto de la exacerbación de un déficit hídrico a sequía».
A esto, se suma el hecho de que «todas las grandes cuencas del país, todas ellas, sin excepción, están contaminadas especialmente por derivados de agrotóxicos relacionados con el uso incentivo de tipo, especialmente, agrícola, por ejemplo los monocultivos de soja para la exportación».
Respecto a la situación que se mantiene patente en el país, explica que la empresa estatal que brinda el agua potable se enfrenta a un déficit del reservorio de agua en la cuenca que abastece el área metropolitana de Montevideo.
Concretamente, Gudynas es categórico al señalar que «ya no hay agua dulce para todos«, por lo que se ha debido instaurar un sistema de bombeo para complementar reservas con aguas más abajo. Ante esto, «esa agua es cada vez más salobre».
Sobre el manejo de este escenario, el investigador señala que «esta crisis se podría haber previsto y manejado de otra manera, ya han habido múltiples alarmas desde hace mucho tiempo», estableciendo que «la crisis de agua potable era evidente en octubre del año pasado» ante lo cual la administración del actual gobierno priorizó una estabilización para el sector agropecuario pero sin considerar las afectaciones que afrontaría la población.
En la línea de análisis de la crisis, Gudynas indica que «lo que ha fallado son los diferentes organismos del Estado y los controles del propio Estado en brindar agua potable, y esto es resultado de una crisis, un estado de anomia en que está sumergido el presente gobierno de Lacalle Pou y su coalición de gobierno, donde han sido totalmente inefectivo en el área ambiental»
Así, explica que «estamos en una corresponsabilidad de sucesivas administraciones», donde «se llega a esta situación por la incapacidad e ineficiencia de los gobiernos anteriores», sumado a la propia gestión del régimen actual en correlación a los «inadecuados e ineficientes tratamientos de afluentes urbanos o industriales, la incapacidad, o las ineficiencias o limitaciones del monitoreo de los controles estatales, y en paralelo esto de la pésima gestión ambiental de este gobierno».
