| Se pagaron $80 millones y están pendientes otros $65 millones |
Son a cambio de extender el área cultivada. Pero Estado y privados no cumplieron.Entre los pagos que efectuó y los que deberá pagar, el Estado ya comprometió unos 145 millones de pesos en subsidiar a los productores forestales, según lo dispuesto por la ley de promoción de los bosques cultivados.
Fuente: Diario Clarin
BUENOS AIRES (9/6/2007).- Entre los pagos que efectuó y los que deberá pagar, el Estado ya comprometió unos 145 millones de pesos en subsidiar a los productores forestales, según lo dispuesto por la ley de promoción de los bosques cultivados. Sin embargo, lejos se quedó del objetivo original de esa norma, que era triplicar la superficie forestada; sólo creció 30%. Por eso, el Gobierno y el sector privado ya negocian cómo extender los beneficios de la ley, que vence a fines de 2008, al menos durante una década más. La Ley 25.080, sancionada a fines de 1998, se puso como objetivo llevar la superficie implantada con distintos tipos de árboles (en especial pino y eucaliptus) de las 750.000 hectáreas que existían en aquella época a por lo menos 2 millones de hectáreas. Pero actualmente —según admiten tanto funcionarios como empresarios—, los bosques «cultivados» no ocupan más de 1,1 millones de hectáreas. Hubo proyectos que, tras ser lanzados, quedaron en la nada, como el de la chilena Bosques del Plata en Corrientes, que proyectaba invertir US$ 1.000 millones para levantar una planta de celulosa. Suena molesto, pero la radicación de la finesa Botnia en Uruguay tiene mucho que ver con esta controvertida situación. Como sucede en otros países, la ley de promoción forestal estableció por un lado que el Estado subsidiaría hasta el 80% de los costos de plantación de quienes forestaran hasta 300 hectáreas, y 20% en caso de proyectos de hasta 500 hectáreas. Además de estos aportes, se prometía estabilidad fiscal por 30 años para los proyectos foresto-industriales, además de otros beneficios como la amortización acelerada del IVA. En la minería, que cuenta con estímulos semejantes, todo funcionó correctamente. No fue así en la forestación. Según datos de la Secretaría de Agricultura, desde 2000 se concretó el pago de subsidios de unos 85 millones de pesos a los productores de madera. Pero el organismo todavía le quedan por pagar planes forestales por unos 60 millones. Sin embargo, el ritmo de incorporación de bosques cultivados no fue el esperado. Se pretendían implantar unas 200.000 hectáreas anuales, para llegar a 2 millones de hectáreas en diez años. Pero en promedio no se sembraron más de 60.000 cada año. Hoy —de acuerdo a cifras oficiales—, la masa de bosques no supera 1,1 millones de hectáreas. Hubo, según fuentes de la Asociación Forestal Argentina (AFOA), dos grandes traumas. Primero la crisis económica de 2001, que paralizó por completo la ayuda oficial (en 2002, en rigor, el Estado no desembolsó ni un solo peso en subsidios). Luego, a mediados de 2003, el ex ministro Roberto Lavagna decidió intervenir el área por sospechas de corrupción nunca confirmadas, y que muchos atribuyen a diferentes criterios de interpretación que dejaba abiertos la ley. Lo cierto es que ninguno de los beneficios pudo aplicarse a tiempo y en forma. Un ejemplo concreto es que una sola de las empresas exportadoras del sector, La Palmira, goza actualmente de la estabilidad fiscal prometida, que la exime, por caso, del pago de retenciones. La Secretaría de Agricultura, según las fuentes privadas, ahora estaría haciendo esfuerzos por normalizar la situación. El titular de Agricultura, Javier De Urquiza, ya les dio el guiño, y en estos momentos hay una comisión de trabajo que estudia cada uno de los puntos controvertidos.
