| Informe. Situación del proceso de ordenamiento territorial en Misiones |
La superficie involucra al proceso de expropiación del Plan Arraigo y Colonización y otras tierras privadas en los municipios de San Pedro, El Soberbio, San Vicente, Oberá, 25 de Mayo, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Puerto Iguazú , Wanda y Posadas. Se estima están involucradas más de 4.000 familias rurales. En 2006 la Subsecretaría de Tierras y Colonización entregó 200 títulos de propiedad, 217 contratos de adjudicación y casi 800 permisos de ocupación y prórrogas. “A la fecha se concluyeron planos de mensuras por 9.220 hectáreas, trámite que permitirá avanzar en la adjudicación de tierras en el mediano plazo”, explicó el responsable del área, Jaime Ledesma.
Por Patricia Escobar
MISIONES (19/2/2007).- Hay un total de 80 mil hectáreas de tierras ocupadas en la provincia que están en proceso de regularización en la Subsecretaría de Tierras y Colonización del Ministerio del Agro y la Producción. Estos núcleos están localizados en los municipios de Oberá, El Soberbio, 25 de Mayo, San Vicente, San Pedro, Bernardo de Irigoyen, San Antonio, Wanda, Iguazú y Posadas. Se trata de un problema complejo e histórico en Misiones, que afecta el aspecto social, económico y ambiental de la provincia y marca la necesidad de avanzar en un plan estratégico global para su ordenamiento territorial. Se estima que en el proceso que lleva adelante el organismo habría más de 4.000 familias afectadas y esto involucra, en el menor de los cálculos, a más de 20 mil personas que en la actualidad están fuera del sistema, dado que al no obtener el derecho a la tierra tampoco tienen oportunidades de desarrollo económico. Pero aún no se cuenta en la provincia con un censo o inventario actualizado sobre la situación de ocupación de tierras, lo que indica que el número que este número se elevaría. De todas maneras, desde el organismo provincial afirmaron que “se está avanzado, con los tiempos jurídicos y de negociación que marcan este tipo de proceso, pero estamos encaminados”, dijo el subsecretario de Tierras y Colonización, Jaime Ledesma.”El Estado ocupa un rol de facilitador en estos casos, es decir, estamos trabajando en abrir distintas mesas de diálogo entre las partes involucradas (Estado, propietarios y ocupantes) para encontrar una solución de fondo y así cerrar distintos acuerdos territoriales”, explicó. La Subsecretaría lleva adelante la ejecución de la expropiación de tierras que establece la Ley Prov. Nº 3141 del Plan de Arraigo y Colonización, que involucra una superficie de 40.868 hectáreas en propiedades de Puente Alto SA (Bernardo de Irigoyen); Distribuidora Eldorado y Colonizadora Misionera (San Pedro); Ferbuel y Cato SA (San Vicente). Además, el organismo provincial interviene en otras 40 mil hectáreas en conflicto en tierras fiscales (Ley Prov. Nº 480) y propiedades privadas (Ley Prov. Nº 3141 de regularización de ocupación de tierras). “En primera instancia, se otorga a la persona un permiso de ocupación, previa adjudicación de la tierra. Este “permiso” es el documento del Estado que habilita al ocupante su permanencia en el lugar donde solicita el lote para desarrollar determinada actividad”. Ledesma informó además que en 2006 se entregaron 200 títulos de propiedad en los distintos departamentos de la provincia, principalmente Andresito, seguidos por San Vicente, Oberá y Leandro N. Alem. Además se otorgaron 217 contratos de adjudicación y casi 800 permisos de Ocupación o Prórrogas. Por otra parte, agregó que “en la actualidad contamos con los planos de mensuras de 9.220 hectáreas, para lo cual el Estado invirtió más de 300 mil pesos. Este trámite nos permitirá avanzar en el proceso de regularización de tierra en 2007”. Asimismo, detalló que desde el área tienen proyectado avanzar este año en mensuras por otras 5.500 hectáreas más: 3 mil hectáreas en Colonia Aurora, 2 mil hectáreas en EL Soberbio, y 500 hectáreas en San Antonio. “Estamos solucionando casos de familias que hace más de 20 años está reclamando por obtener su tierra y hoy, por primera vez, cuentan con su título o un permiso de ocupación”, remarcó. negrita/El valor de la tierra/negrita “Cuando el gobierno provincial negocia por la compra de una propiedad y después la transfiere a los ocupantes, y cada cual pagará por la tierra el valor de mercado que pagó la Provincia, según la negociación. Este valor que logra el Estado se establece por medio del Tribunal de Tasación”, explicó el funcionario. “La tierra tiene un valor, y el ocupante tendrá que pagar por ella”, aclaró. “Las tierras fiscales, en algunos casos el Estado la subsidia, por el rol social, comunitario o productivo que pueda tener; pero el Estado no regala tierras. Las tierras se pagan en función del valor que el Estado adquirió las propiedades, esto dice la ley”, remarcó el subsecretario. Sin embargo, las condiciones de pobreza extrema de miles de colonos los imposibilitan de enfrenar la compra de una propiedad. Al respecto, Jaime Ledesma explicó que “se estudiarán los casos en particular donde aquellos productores minifundistas de extrema pobreza no puedan hacer frente a la compra de su propiedad, pero en primera instancia se otorgará el permiso de ocupación y se esperará a que se cumplan todas las instancias para que llegue en condiciones a acceder a una adjudicación. Lo que debe quedar claro es que el Estado no pretende convertirse en un gran negocio inmobiliario, solo participamos como negociadores para facilitar un acuerdo y encontrar una solución”, recalcó. subtitulo/Propiedades en proceso/subtitulo Entre las zonas que el gobierno provincial registra para regularizar; el número de hectáreas afectadas; y el total de familias involucradas, se encuentran los siguientes municipios: OBERA: -En Panambí: una propiedad privada de una superficie de 5.000 hectáreas que está ocupada por un número importante de familias, pero no hay datos oficiales a la fecha. “Están avanzados los trámites para iniciar la mensura y tasar la propiedad. Esperamos poder terminar este año la mensura”, dijo el funcionario. -Juritch: una propiedad privada de 600 hectáreas ocupada por unas 30 familias. Se avanzó en la tasación y se espera iniciar el trámite de regularización dominial por Ley 3.141. “Ahora queda avanzar en la compra de la propiedad, negociación que esperamos cerrar este año”, explicó Ledesma EL SOBERBIO: -Premidia: se trata de una ex reserva privada con una superficie de 12 mil hectáreas -que limitan con la Reserva de Biosfera Yabotí- y están ocupadas por 800 familias. “Están avanzadas las conversaciones con los ocupantes y propietarios para llegar a una solución. El Estado avanzó en una propuesta de compra de la propiedad y esperamos llegar a un acuerdo en el corto plazo. Son trámites lentos, en esto no hay plazos, pero lo bueno es que estamos bien encaminados”, aseguró el subsecretario. -Guarambocá: en la zona de influencia del parque provincial hay 2.000 hectáreas de tierras fiscales en avanzado proceso de mensura y otras 4.120 pendientes. “Hay un plano terminado del Lote 19 por 900 hectáreas; después está el Lote 18 y fracciones por otras 100 hectáreas más paracompletar las mil. Por otra parte, en esta zona hay otras 1.000 hectáreas en proceso de registro; y quedan pendientes para este año mensurar otras 4.120 hectáreas. El compromiso de la provincia es relocalizar a 26 familias que están ubicadas dentro de los límites del parque”, detalló el subsecretario. -Ongay: es una propiedad privada de 1.080 hectáreas con aproximadamente 80 familias afectadas. “El Estado está negociando la compra de la propiedad. El propietario tiene gran interés en resolver el tema y esto facilita el proceso, dado que sobre estas familias ya pesa una sentencia de desalojo. -La Iguana: una propiedad privada con 3.000 hectáreas ocupadas. “El proceso se inicio en 2004 y terminó en 2006 con un acuerdo entre ocupantes, propietarios y el Estado como facilitador. Ya se entregaron cuatro títulos de propiedad y hay otras 15 familias avanzadas en obtenerlo”, afirmó el funcionario. SAN VICENTE: -Maderil: propiedad de la Municipalidad de San Vicente. Tiene una superficie de 3.000 hectáreas que fueron mensuradas por el Estado, proceso que finalizó en 2006. “Ahora estamos próximos a regularizar la situación dominial de los productores”, aseguró Ledesma. No detalló el número de familias afectadas. 25 DE MAYO: -Colonia Aurora: el Obispado cedió 3.000 hectáreas para 250 familias aproximadamente. “De no mediar inconvenientes, en mayo o junio estarán aprobados los planos de mensura y se agilizará la regularización de la situación de estos productores”. SAN ANTONIO: -Tierras fiscales: se trata de una superficie de 500 hectáreas en zona rural, donde se inició el proceso de mensura. Aún no hay un relevamiento del número de familias afectadas. PUERTO ESPERANZA -Amex: una propiedad privada con 1.000 hectáreas, que involucra a 160 familias. El gobierno está en proceso de negociación con los dueños de la tierra. IGUAZU: -Brº Las Orquídeas: Hay 390 lotes para determinar las dimensiones. “Por el momento se ha mensurado más de la mitad. Se firmó un convenio con la municipalidad para definir las dimensiones de los lotes y se esta trabajando. En 2006 se hicieron tres jornadas de campo y retomaremos la actividad en marzo, con los agrimensores de Tierras”. -Las 2000 hectáreas y 600 hectáreas: ya se otorgaron permiso de ocupación y el proceso de regularización está avanzado. POSADAS -Brº 6 de septiembre: por ley el Estado transfirió la tierras a sus ocupantes, cerca de 115 familias. «Se está realizando el relevamiento y en marzo habrá un acercamiento con la municipalidad para realizar acciones para la aprobación de mensura que oportunamente se hicieron en la zona para regularizar la situación dominial de esos terrenos. PLAN ARRAIGO Y COLONIZACION En el marco de la Ley Prov. 4093/04 de Plan de Arraigo y Colonización se determinó en principio la expropiación de siete propiedades privadas, 14 lotes catastrales y abarcaba tres municipios (San Pedro, San Vicente, Bernardo de Irigoyen), pero finalmente quedaron cinco propiedades en el proceso de expropiación parcial, con un total global de 40.868 hectáreas. Se estima más de 1.030 familias, y más de cinco mil personas involucradas. Las propiedades son Cato SRL, Ferbuel, Colonizadora Misionera y Puente Alto (Intercontinental Compañía Maderera), mientras que las tierras de Bernardo Hinc y Compañía Eldorado de Bosques quedaron fuera del proceso. “En toda esta zona hay más de mil familias involucradas y más de cinco mil personas afectadas, es una de las de mayor complejidad. Toda esta gente hoy esta fuera del sistema y, al regularizar su situación de propietario, podrán acceder a proyectos de desarrollos productivos, programas de diversificación agraria, campañas forestales, apícolas, etcétera”, recalcó el subsecretario. -San Vicente: Ferbuel, una propiedad privada que tiene una superficie de 600 hectáreas, con 50 familias afectadas. Cato SRL, otra propiedad que tiene para expropiar 3.900 hectáreas y cuenta con 130 familias. “Se van a expropiar la totalidad de la superficie y el proceso esta en instancia de advenimiento en fiscalía, que esperamos avanzar este año”. -San Pedro: En Colonizadora Misionera SA hay una superficie de 18.500 hectáreas que fueron deteminadas como expropiables. Hay 550 familias involucradas. “El Estado invertirá 600 mil pesos en mensura del terreno y deberá definir las áreas. Estamos trabajando en ello”, dijo Ledesma. -Bernardo de Irigoyen: la Intercontinental o Puente Alto SA tiene otras 18 mil hectáreas a expropiar y está ocupada por unas 300 familias. subtitulo/Hacia el ordenamiento territorial/subtitulo En la actual gestión de gobierno se invirtieron más de dos millones de pesos en el proceso de regularización de tierras, sin contar costos operativos y demás. La política de Tierra del gobierno está basada en que “un modelo territorial es la expresión visible del estado de desarrollo de una sociedad y su evolución es el reflejo de los cambios de valores de la misma. Establecer el acceso justo y equitativo de la tierra, los recursos naturales, la capacitación, el conocimiento, el crédito, para que toda persona pueda obtener un medio de vida seguro y sostenible. Esta es una definición que hace la Carta de la Tierra en el punto 10 para erradicar la pobreza, y que nosotros como gobierno la estamos adoptado”, dijo Jaime Ledesma. Ante esta visión, consultamos al funcionario como desde el gobierno pensaban encarar esta problemática, teniendo en cuenta que encierra la cuestión social por la pobreza extrema de los productores, frenar el avance sobre los recursos naturales y la sobreexplotación de los bosques y también el derecho a la defensa de la propiedad privada. “Entendemos que el acceso a la tenencia regular y segura de la tierra constituye un instrumento estratégico para la planificación, el ordenamiento territorial, y la gestión sostenible del territorio”, respondió el funcionario. “Con esto logramos la consolidación en el equilibrio de la calidad de vida, la integración de los distintos ámbitos territoriales y la organización coherente en las distintas actividades económicas en el territorio. Los conflictos nosotros lo abordamos desde una visión integradora, buscamos una mesa de diálogo para lograr un acuerdo entre las partes involucradas con la participación de todos en las soluciones posibles que se puedan dar”, concluyó.
