Desde la Agrupación Forestal Peronista «Lucas Tortorelli» exponen su visión de la normativa y plantean la necesidad de lograr una participación ampliada del sector público, académico y privado en el espacio institucional en que se «debiera» debatir en el corto plazo la instrumentación de la ley de promoción forestal argentina, post pandemia por coronavirus. «Quizás el primer trabajo debiera ser la elaboración del Plan Forestal Argentino hoy inexistente», señalan en su artículo de opinión.
ARGENTINA (Mayo 2020).- La ley 25.080 de Inversiones para Bosques Cultivados, sabiamente contempló la formación de una comisión asesora ad honorem (artículo 22º) e instruyó a la autoridad de aplicación a invitar «a representantes de entidades públicas, nacionales y provinciales, así como también del sector privado.» (textual).
En el Decreto reglamentario No 133/99 se fijas sus atribuciones que son:
a) Asesorar a todas las áreas vinculadas al sector forestal y forestoindustrial.
b) Coordinar acciones de todos los organismos oficiales vinculados al tema.
c) Difundir el Plan Forestal Argentino y promover las inversiones tanto en el país como en el exterior.
d) Verificar el cumplimiento objetivos en los plazos previstos
e) Informar trimestralmente a la autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Ministerio de Economía, Obras y Servicios Públicos sobre la marcha del Plan, sus dificultades y las propuestas de mejora.
f) Aportar información sobre los costos promedios de forestación para cada región.
g) Proponer las adecuaciones necesarias tendientes a optimizar el uso de los recursos disponibles.
Esta comisión tuvo 21 reuniones desde 7 de marzo de 2003 hasta el 21 de mayo de 2009, retomando su trabajo durante la anterior gestión.
Durante su existencia, su funcionamiento nunca se ajustó estrictamente a lo establecido reglamentariamente ni logró la aprobación de su reglamento de funcionamiento.
Aun así este espacio significó para la autoridad de aplicación tener la mano en el pulso del tiempo. Constituyó, asimismo, un ámbito de diálogo y consenso como lo demostró en el proceso de discusión de las propuestas de modificación de esta ley para la primera y segunda prórroga de beneficios por 10 años adicionales.
Pensamos en AFOPE que un régimen de promoción debe contemplar su plena federalización. Sin bien la ley 25.080 no tiene este espíritu, de alguna manera, la Comisión Asesora permite mitigar esta carencia.
No dudamos que la actual gestión regularizará su funcionamiento una vez finalizada la cuarentena poniendo en marcha nuevamente esta valiosa herramienta.
Quizás el primer trabajo debiera ser la elaboración del Plan Forestal Argentino hoy inexistente. Resulta indispensable discutir sectorialmente los objetivos, metas, directrices, y visión estratégica de este plan que orienta la promoción de inversiones en el sector forestal.
Esto marcará la dirección a seguir y dimensionar los recursos necesarios para lograr lo que fue siempre el relato de las promociones forestales: generación de más y mejor empleo, mejora de la balanza comercial entre otros.
