| Investigan en Misiones la deuda pública |
Se desprende de las primeras conclusiones de un minucioso análisis de documentación referida a la privatización de Papel Misionero, presentadas en la Comisión Investigadora de la Deuda Pública. Revelan que de los 46.560.000 dólares que se pagó por la privatización de Papel Misionero, no se tienen registros del paradero de algo más de 38 millones. La privatización establecía que 20.468.130 de dólares debía ser destinado a promoción y protección del sector forestal.
Fuente: Misiones On Line
MISIONES (3/8/2006).- La subcomisión conformada para la investigación de la venta de Papel Misionero, integrada por los diputados Edmundo Soria Vieta, Erico Álvarez y Antenor Boher expuso un resumen de los expedientes que contienen información al respecto, aportada por el bloque Radical que desde hace años se encuentra abocado a este tema. En el informe se especifica la distribución que debía seguir este fondo. Tal es así que estaba previsto que los 46.560.000 U$S sean repartidos mediante tres clases. La denominada “A” correspondía al Estado Provincial con 25 millones de dólares; la clase “B” al Estado Nacional con U$S 17.395.000 y la clase “C” perteneciente al sector privado con U$S 3.578.000. Pero cabe aclarar que el gobierno de ese entonces, presidido por Carlos Menem y su Ministro de Economía Domingo Cavallo, cedió a la provincia el monto correspondiente al Estado Nacional, con lo que los más de 17 millones de dólares también fueron depositados en la Provincia. Consecuentemente el destino de los fondos de la Ley 3387/96 Art 2, por la cual se efectivizó la privatización establecía que de la “clase A”, el 80% (U$S 20.468.130) debía ser destinado a promoción y protección del sector forestal y el 20% restante (U$S 5.117.032) a un programa denominado FIDA-BID, que era un convenio con Israel. Por otra parte la “clase B” debía tener como destino Rentas Generales, Bienestar Social, Salud Publica, Educación, Programas de Reconversión y Saneamiento de las Cooperativas e Industrias. En tanto que la “clase C” sería distribuido entre el sector privado. Según los datos aportados en la Comisión Investigadora de la Deuda Pública, de lo único que se tiene certeza es que el total del dinero de la venta fue depositado en la Provincia. De los fondos de la “clase A”, solo se supo que se utilizó 588.000 dólares para construir la pista de aterrizaje de la localidad de Apóstoles, para la que se creo un Programa de Lucha Contra el Fuego por decreto 884/99. No hubo un solo beneficiario del Plan y se destinaron U$S 2.188.330 al 20% FIDA-BID. Del resto no hay información. De los fondos acciones “clase B”, IFAI debió recibir 5 millones, pero no se sabe de los montos otorgados, y el MACRO 4 millones, de los que dio U$S 1.182.000 a 15 beneficiarios. De las acciones privadas, ni Papel Misionero (u$s 508.200), ni el Instituto de Previsión Social (u$s 1.269.196), ni el IPLYC (u$s 80.291), contestaron a cerca del destino del dinero. El único que lo hizo fue EMSA que cobró u$s 858.901 en bonos, cuando debía haberlo hecho en efectivo. Luego de la exposición de estos datos, en la comisión se acordó remitir notas a todos los organismos involucrados, solicitando documentación inherente a esta privatización, a los efectos de actualizar las mismas en la búsqueda de nuevas herramientas que puedan servir de aporte. En ese mismo sentido los legisladores solicitarán una audiencia con el Fiscal de Estado Fidel Duarte y el ministro de Hacienda Daniel Hassan, para personalmente explicarles la forma de trabajo que adoptarán y la importancia de las contribuciones que se pueden concretar desde esas áreas.
