El proyecto fija reglas para certificar y comercializar créditos de carbono; referentes del sector ven oportunidades para financiar mejoras productivas y sumar ingresos.
Fuente: con información de La Nación
BUENOS AIRES (31/10/2026).- El Senado de la Nación aprobó este jueves y giró a la Cámara de Diputados dos proyecto de ley que establecen un nuevo régimen de incentivo para inversiones relevantes (RIIR) y la creación del denominado régimen de mercado de carbono. Ambas iniciativas fueron aprobadas por abrumadora mayoría de 60 votos a favor y sólo dos en contra. En lo dos casos, los rechazos fueron de los provinciales de Santa Cruz, Natalia Gadano y José María Carambia.
El proyecto de un marco regulatorio integral para la titularidad, registro y comercialización de créditos de carbono generados en el territorio argentino se impulsa con la supuesta intención de promover la inversión en proyectos de reducción o remoción de gases de efecto invernadero.
La iniciativa define al crédito de carbono como un activo ambiental intangible y patrimonial con individualidad jurídica propia, independiente del inmueble o recurso natural subyacente, garantizando el respeto al dominio originario de las provincias sobre sus recursos naturales.
Crea, además, el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe) como una plataforma digital, pública y gratuita donde deberán inscribirse los proyectos de créditos de carbono. Este sistema funcionará bajo la Autoridad de Aplicación que designe el Poder Ejecutivo.
El asesor de energía y cambio climático del Círculo de Políticas Ambientales, Juan Carlos Villalonga, explicó de qué se trata el proyecto de ley que propone desarrollar el mercado de carbono en la Argentina que tuvo media sanción en la Cámara de Senadores en la sesión de este jueves.
Al respecto, Villalonga afirmó que se trata de “un ‘crédito de carbono’ es, en términos simples, un certificado que dice que en algún lugar del mundo se evitó emitir una tonelada de CO₂. Ese certificado se puede comprar y vender: una empresa o un país que contamina lo compra para ‘compensar’ sus propias emisiones”, y precisó que la ley es para que Argentina participe de ese mercado a nivel internacional, en el marco de lo que el Acuerdo de París llama «Artículo 6».
Sin embargo, advirtió en diálogo con El Parlamentario que hay un “problema de fondo” porque “para que un crédito de carbono sea real, tiene que poder probarse que la reducción de emisiones realmente ocurrió, que no hubiera ocurrido igual sin el proyecto, que el problema no se trasladó a otro lugar y que la mejora va a durar en el tiempo”, y precisó que “cumplir con esas cuatro condiciones simultáneamente es enormemente difícil — especialmente cuando los proyectos involucran bosques, suelos o selvas, que es exactamente lo que más se está proponiendo en Argentina”.
“Hay una fuerte presión de empresas, consultoras internacionales y sectores económicos locales para entrar en este mercado, atraídos por la posibilidad de monetizar los bosques y recursos naturales del país. El riesgo es que, si los controles fallan, lo que se vende es ‘humo’: certificados que no representan ninguna reducción real de emisiones, pero que permiten a quien los compra seguir contaminando como si hubiera ‘compensado’”, cuestionó.
Además, el especialista advirtió que “Argentina tiene un problema adicional que pocos mencionan”, ya que en el sistema anterior (el Protocolo de Kioto), los países en desarrollo no “tenían metas de reducción de emisiones propias.
Ahora sí las tienen”, lo cual significa que “si Argentina vende créditos de carbono al exterior, esas toneladas ‘ahorradas’ ya no pueden contarse como logro propio: el país las cede y tiene que registrarlas como emisiones adicionales en su inventario. Vender créditos, en este contexto, puede perjudicar el cumplimiento de los propios compromisos climáticos del país”, indicó Villalonga.
“La meta climática que el gobierno argentino presentó ante las Naciones Unidas (llamada NDC) tiene poca ambición, es decir se propone reducir menos de lo que podría”, señaló Villalonga y planteó: “Eso no es casualidad: una meta laxa genera ‘créditos sobrantes’ que se pueden vender. En otras palabras, algunos estarían inflando la meta para tener más para comercializar, no para reducir emisiones de verdad”.
La iniciativa, que ahora deberá tratar Diputados, despertó expectativas en el sector, aunque los especialistas advierten que su impacto dependerá de cómo se instrumente. Para el Gobierno, se puede generar un mercado de exportación de hasta 3900 millones de dólares.
“Tranquilamente, la ganadería, la agricultura y la forestación van a poder aumentar la eficiencia productiva, bajar los costos y, tal vez, intentar recibir un adicional de ingresos a través de créditos de carbono”, señaló Andrés Costamagna, director del área de Sustentabilidad de la Sociedad Rural Argentina (SRA).
El proyecto define cada crédito como un instrumento certificado que acredita una tonelada de dióxido de carbono equivalente evitada, reducida o removida respecto de un escenario de referencia. Para el agro, la oportunidad que describen los consultados comprende proyectos vinculados con los suelos, las pasturas, los bosques y el tratamiento de efluentes, siempre que sus resultados puedan medirse y verificarse.
“La Argentina tiene una gran oportunidad porque tiene recursos naturales suficientes, porque puede ofrecer servicios basados en la naturaleza, porque puede ayudar a proteger y a conservar si aparece financiamiento”, sostuvo Costamagna al diario La Nación. A su entender, también puede aumentar la producción agropecuaria con prácticas sostenibles, pero necesita “incentivos claros”.
Uno de los puntos sensibles para los productores es quién tiene derecho a los créditos y a los ingresos que generen. El texto los considera bienes inmateriales de carácter patrimonial, con individualidad jurídica y económica propia, diferenciados del inmueble, el recurso natural y la actividad de los que derivan. Además, aclara que la titularidad en el registro de una certificadora no implica por sí sola la propiedad económica: esta dependerá de los acuerdos y contratos con los titulares de derechos reales sobre los bienes afectados al proyecto.
“Esto tiene que ver con respetar la propiedad privada, con que el dueño de la tierra sea el principal beneficiario de los proyectos de carbono y con generar un marco de tranquilidad y de transparencia para que las inversiones lleguen”, afirmó Costamagna.
La propuesta también contempla programas impulsados por la Nación, las provincias o los municipios, que podrán abarcar agricultura y uso de la tierra, entre otras actividades. Para esos esquemas establece la adhesión voluntaria y el derecho de los propietarios a excluirse mediante un mecanismo “directo, simple y gratuito”, sin autorización previa del Estado.
Para el especialista, después del avance legislativo habrá que resolver cómo se adaptan los programas a cada región. El acceso a este mercado exigirá acreditar resultados. El proyecto requiere reducciones o remociones reales, medibles y verificables, permanencia y adicionalidad: es decir, que el beneficio climático sea superior al que habría ocurrido sin el proyecto. También prevé monitoreo, reporte y verificación, con auditoría independiente, e impide utilizar una misma reducción más de una vez para alcanzar metas climáticas.
El proyecto fija “en cero los derechos de exportación para las transferencias internacionales de créditos y prevé diez años de estabilidad fiscal nacional para los proyectos registrados”. Además, permite utilizar los créditos como respaldo, fuente de repago o garantía de instrumentos financieros. “En el sector que administra estos ecosistemas terrestres, las plantas hacen fotosíntesis. Y cuando la planta hace fotosíntesis, absorbe una cantidad enorme de CO₂ de la atmósfera”, dijo.
Fraguío ubicó esta discusión en el marco del Acuerdo de París de 2015, y de las herramientas de financiamiento para proyectos de mitigación. Para el especialista, el desafío argentino es aprovechar ese interés para atraer inversiones que también alcancen al campo. “Entre todas esas inversiones está el productor agropecuario, para que mejore sus suelos, mejore sus ecosistemas”, señaló.
Para dar trazabilidad, crea el Registro Nacional de Reducción de Emisiones (ReNaRe), digital, público y gratuito. La inscripción tendrá carácter declarativo y no constituirá una autorización previa de comercialización. El permiso estatal y el ajuste correspondiente se exigirán en operaciones que impliquen, por ejemplo, que otro país utilice esos resultados para cumplir sus compromisos climáticos, o en mecanismos internacionales que requieran ese procedimiento.
Costamagna también vinculó las perspectivas del agro con la demanda del sector energético. “Creemos que tenemos una oportunidad importante con las empresas de energía, porque somos complementarios, no somos adversarios”, dijo. Su expectativa es que los proyectos agropecuarios puedan aportar créditos para compensar emisiones de otras actividades.
Por ahora, esa posibilidad depende del recorrido legislativo y de su implementación. “Todavía falta que los diputados de la Nación estén de acuerdo y apoyen esta iniciativa”, señaló el representante de la Rural. Para los productores, la discusión posterior será cómo convertir las mejoras ambientales verificadas en proyectos viables y en ingresos concretos.
