Chaco es la región con mayor deforestación del país. La Fundación Vida Silvestre Argentina, FARN y Aves Argentinas emitieron una alerta conjunta, señalando que la reforma legislativa no ataca los problemas estructurales de la política forestal chaqueña.
Fuente: Fundación Vida Silvestre Argentina
CHACO (4/9/2025).- – El reciente veto parcial del Poder Ejecutivo de Chaco a la Ley N° 4157-R ha sido calificado como un paso insuficiente por organizaciones ambientales. Si bien la supresión del artículo 45 bis impide la legalización de la madera proveniente de desmontes ilegales, las ONG advierten que la provincia aún mantiene un régimen que facilita la deforestación y el incumplimiento de la Ley Nacional de Bosques.
Las organizaciones Fundación Vida Silvestre Argentina, FARN y Aves Argentinas emitieron una alerta conjunta, señalando que la reforma legislativa no ataca los problemas estructurales de la política forestal chaqueña. El artículo vetado permitía a los infractores obtener descuentos en las multas y usar la madera incautada a cambio de un ambiguo «contrato de restauración del daño», lo que generaba un peligroso incentivo para seguir deforestando ilegalmente.
Un sistema que promueve la impunidad
A pesar del veto, las organizaciones denuncian que la provincia sigue facilitando la legalización de la madera ilegal. Según el comunicado, las autoridades otorgan «autorizaciones especiales» que en 2024 representaron más de la mitad de la madera que circuló legalmente en Chaco.
Este mecanismo se basa en una interpretación laxa del artículo 53° de la Ley 2079-R. Además, los infractores siguen beneficiándose de descuentos de hasta el 50% y planes de pago en 12 cuotas, un régimen sancionatorio que no es disuasivo.
El comunicado también subraya que la provincia continúa operando con un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que es «regresivo y acreditado solo parcialmente».
La Disposición 734/2025 de la autoridad nacional ha dejado importantes áreas sin una protección efectiva, creando vacíos legales y operativos. Si bien se observó el polígono de mayor superficie, se convalidó la regresión en cientos de miles de hectáreas en otras zonas, lo que sigue permitiendo el desmonte.
Ante este panorama, las organizaciones insisten en la urgencia de:
- Completar la zonificación del OTBN chaqueño con criterios participativos y en estricto cumplimiento de la Ley 26.331.
- Fortalecer el régimen sancionatorio para que sea verdaderamente disuasivo, transparente y eficaz.
- Tratar la deforestación ilegal como un delito penal, no solo como una infracción administrativa.
Las ONG firmantes concluyen que solo con un enfoque legal y de política pública robusto se podrá revertir la acelerada pérdida de bosques nativos que afecta al Chaco, la región con mayor deforestación del país.
