Desde el INTA advierten que el Gobierno nacional prepara un decreto para avanzar con un fuerte ajuste sobre el organismo, que incluiría la venta de tierras distribuidas en todo el país y el cierre de agencias de extensión rural. Entre ellos, 2000 hectáras del Campo Anexo San Antonio, de ensayos de mejoramiento genético de Araucarias y Pinos en Misiones.
BUENOS AIRES (1/6/2025).- El Gobierno nacional podría avanzar con un plan de ajuste sobre el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) que incluiría la venta de 100.000 hectáreas y la reducción de 1.500 puestos de trabajo, según denunciaron trabajadores y científicos del organismo.
El posible desguace estaría impulsado por un decreto que se encuentra en preparación bajo el ala del asesor presidencial Federico Sturzenegger.
Desde distintos sectores vinculados al INTA advierten que el proyecto también contempla la centralización de la conducción del instituto, alterando su actual esquema de gobernanza compartido entre el sector público y privado, y abriendo paso a una eventual liquidación de tierras estratégicas en distintas provincias.
“El INTA cuenta con un modelo autónomo de gestión que le ha permitido preservar sus recursos hasta ahora. Si la venta de tierras aún no prosperó, es gracias a esa estructura descentralizada”, alertaron trabajadores en un informe difundido por El Destape.
El presidente del INTA, Ariel Pereda, denunció públicamente la iniciativa durante una entrevista radial, y criticó las declaraciones de Sturzenegger en el reciente 42° Congreso del IAEF, donde el asesor presidencial cuestionó el funcionamiento del organismo: “¿Sabían que el INTA gasta 400 mil millones de pesos, tiene 6.000 empleados, 3.000 vehículos y no se sabe muy bien qué hacen?”, planteó.
Pereda respondió: “Desde diciembre de 2023 los presupuestos se vienen prorrogando. Con la inflación actual, ya perdimos un 25% de nuestros recursos. Ahora se busca modificar el esquema de gobernanza para avanzar con una venta masiva de tierras. Ya se vendió un edificio en Palermo y 40 hectáreas en Salta”.
Desmantelamiento territorial
El INTA cuenta con 258 agencias de extensión distribuidas en todo el país. Según denuncias gremiales, el Gobierno proyecta cerrar cada una de estas oficinas y transferir su responsabilidad a provincias y municipios, desarticulando décadas de trabajo de asistencia técnica a productores, en especial a los de la agricultura familiar.
Guillermo Gabriel Cordes, delegado gremial en INTA Manfredi (Córdoba), señaló: “El cierre de las agencias y la reducción de 1.500 trabajadores implican tirar a la basura décadas de investigación aplicada y presencia territorial”.
La preocupación también fue expresada por el ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, quien remarcó que el INTA cumple un rol clave como puente entre el sistema científico y la producción: “La política de desfinanciamiento arrancó con la llegada de Milei. Hoy el ataque apunta a liquidar tierras y desmantelar proyectos que representan más de una década de trabajo en investigación”.
Héctor Ferrario, trabajador del área de articulación institucional de la Dirección Nacional Asistente de Extensión Rural y Transferencia Tecnológica, publicó una carta abierta firmada junto a más de 270 empleados. Allí defendió la trayectoria y la relevancia de los 6.300 trabajadores del instituto, destacando su rol en la innovación tecnológica, la extensión rural y el desarrollo de pequeños y medianos productores.
Campos en venta
Entre los casos que generaron mayor rechazo se encuentran la Estación Experimental Agropecuaria Marcos Juárez (Córdoba), donde se evalúa vender 895 de sus 1.028 hectáreas, y la Estación Forestal Manuel Belgrano (Misiones), donde podrían subastarse 2.000 de las 2.239 hectáreas totales.
Estos ejemplos forman parte de un listado de 100 predios que estarían incluidos en el plan oficial de venta. De concretarse, el INTA perdería alrededor del 80% de su superficie territorial, afectando seriamente su capacidad operativa e investigativa.
